Entrevista a Arturo González de Aragón Ortiz. Ex titular de la Auditoría Superior de la Federación.
México es un gran país, un país enormemente rico que ha sido empobrecido por unos pocos, pero que no se lo han podido acabar ni los conquistadores ni los partidos y los políticos que tanto hemos sufrido todos los mexicanos. Somos muchos más los mexicanos honestos que los corruptos. Juzguemos y metamos a la cárcel a todos los corruptos. México lo necesita. México lo demanda. México se lo merece.
Corrupción, transparencia e impunidad son tres términos muy asociados a su labor como auditor superior de la Federación, que usted fue durante ocho años –aún hoy sigue ocupado en estos temas–. ¿Qué importancia le da a cada uno de estos aspectos de una misma cuestión?
El nivel de corrupción es muy grave. De 2002 a 2009, cuando estuve al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hicimos evidente mucha de la corrupción en el servicio público con casos emblemáticos como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un enorme fraude contra la nación cuyo costo alcanzó un billón trescientos mil millones de pesos. En la revisión del año 2002 observamos irregularidades por 110 mil millones de pesos, de los cuales recuperamos 10,857 millones que redujeron el costo del rescate bancario. El segundo caso muy importante fue el que se conoció como Pemexgate y se debió a los malos manejos entre funcionarios de Pemex y dirigentes del sindicato de la paraestatal, por unos 1,500 millones de pesos que acabaron en el PRI para la campaña presidencial, los cuales también fueron recuperados por la ASF.
Estos casos fueron la razón por la cual tuvimos en contra a los principales responsables del gobierno federal, encabezados por el presidente de la República y el secretario de Hacienda; se presentaron ante mí emisarios para solicitarme que retirara mis acusaciones: de ese tamaño fue la intervención del gobierno federal. Ante mi negativa, me dirigieron tres auditorías fiscales desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: contra mi persona, contra el que era mi despacho y contra una empresa de la que yo había dejado de ser socio un año antes de ser electo auditor superior de la Federación.
Ocho años después, ¿hay más corrupción?, ¿sólo se conoce más sobre ella…?
Se sabe más. Antes se intuía, pero no se conocía, no se denunciaba. Durante mi gestión en la ASF se recuperaron cerca de 40 mil millones de pesos, que fueron entregados a la Tesorería de la Federación. De 2002 a la fecha la ASF ha recuperado un poco más de 100 mil millones de pesos.
Hoy están en primera plana casos de corrupción que involucran a gobernadores de diversos partidos políticos; lo cierto es que hay mucha difusión pero también mucha más impunidad.
Después de los casos emblemáticos que mencionó, se comenzó a plantear la necesidad de procedimientos más transparentes en busca de evitar la corrupción. ¿Se han dado pasos concretos en ese sentido?
Sí. Ahora hay sistemas de prevención, un Sistema Nacional de Transparencia que permite a la sociedad solicitar información y obliga a los entes públicos a darla, aunque también los corruptos buscan mecanismos con los cuales mañosamente pretenden ocultar la información que están obligados a dar; es una lucha entre los ciudadanos de buena intención y el grupo de corruptos enquistados en los aparatos públicos.
¿En qué no se ha avanzado?
En que no se castiga a nadie, en que predomina la impunidad. Un ejemplo: cuando salí de la ASF, dejé presentadas 40 denuncias penales, una de ellas contra Provida por un desvío de recursos de unos 33 millones de pesos; finalmente se castigó al director de Provida por 3 millones y fue absuelto por un tribunal. Aquí está el problema: se vende la justicia al mejor postor en todos los niveles, y hay excepciones que confirman la regla. La ASF ha informado la presentación de 700 denuncias penales a la fecha. ¿Sabe usted cuántas se han resuelto?: ninguna.
Ante semejante panorama, ¿qué se debe hacer?
Castigar a los culpables; deben cumplir en la cárcel su sentencia. ¿Cómo podemos aceptar, por ejemplo, que al ex gobernador de Coahuila, quien asumió el cargo con una deuda pública de 200 millones de pesos y terminó su mandato cinco años después con una deuda pública de más de 35 mil millones de pesos, se le acuse de fraude, se le exonere sin más trámite y luego se presente como candidato a legislador?
¿Cómo es posible que en casos como el de Veracruz nadie tome nota hasta años después de que suceden los hechos? ¿Dónde están los sistemas de control, los sistemas preventivos?, ¿por qué no funcionan? ¿Dónde están los despachos de contadores públicos cómplices? ¿Qué sucede con las revisiones de las cuentas públicas, que son dictaminadas de manera favorable y las mandan a los congresos para ser aprobadas?
De su respuesta resulta que lo que hay que hacer para combatir la corrupción y la impunidad está a cargo de organismos y personas que forman parte del problema.
Así es, lamentablemente. Es un sistema de complicidades, ese es el enorme problema. Soy contador público certificado y me pregunto: ¿cómo es posible que en casos como el de Veracruz nadie tome nota hasta años después de que suceden los hechos? ¿Dónde están los sistemas de control, los sistemas preventivos?, ¿por qué no funcionan? ¿Dónde están los despachos de contadores públicos cómplices? ¿Qué sucede con las revisiones de las cuentas públicas, que son dictaminadas de manera favorable y las mandan a los congresos para ser aprobadas?
Obviamente, hay un sistema de complicidades. Deben conocerse con nombre y apellido los responsables, deben ser denunciados y exhibidos no sólo mediática sino penalmente; si no, nunca se acabará este entramado perverso.
Lo que se debe hacer resulta claro. El punto es cómo hacerlo en las actuales circunstancias, cómo romper un círculo vicioso.
Se están creando los sistemas nacionales Anticorrupción, de Transparencia y de Fiscalización… es un nuevo esfuerzo, un esfuerzo interinstitucional. El presidente de la República debe ser el más comprometido.
Usted ha criticado el procedimiento y lo han criticado a usted por ello, aduciendo que lo hace por no haber sido seleccionado en el Comité de Participación Ciudadana.
Yo me inscribí para ser parte del comité de selección de sus integrantes, que normalmente es a título honorífico, porque quería ser observador del sistema, y cuando intervine ante el Senado expresé lo que acabo de decirle: es el colmo que no seamos capaces de castigar, de sancionar a nadie, y que estemos eligiendo nuevamente para nuevos cargos a todos los que observamos que fueron corruptos. Obviamente, no les gustó a los senadores. Jamás me voy a callar. Voy a decir lo que pienso porque creo que este país tiene que cambiar, y estoy convencido de que hay muchos más mexicanos honestos que mexicanos corruptos.
La corrupción implica al que ofrece y al que recibe; la complicidad resulta obvia. ¿Cómo combatirla?
Se compran voluntades, se vende la dignidad. Debemos denunciar con pruebas, con evidencias, es el único camino.
En el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, existe la opción de que ciudadanos de un país recurran a instancias internacionales cuando no encuentran eco en las instituciones nacionales; en el caso de la corrupción y la impunidad, ¿existe esta posibilidad?
Estamos muy mal calificados como país en materia de combate a la corrupción por organismos internacionales. Denunciar en el extranjero no creo que sea la opción. Tenemos tantas organizaciones de la sociedad civil ocupándose del tema que deberíamos fortalecerlas y trabajar desde dentro del país, desde la sociedad civil.
¿Conoce casos en el extranjero que sirvan de modelo para poder lograr combatir efectivamente la corrupción y la impunidad?
Hay muchos. El éxito de esta tarea depende en gran medida de la sociedad civil, junto con las instituciones de control como la ASF. Le doy ejemplo de un caso concreto. Durante mi gestión al frente de la ASF logramos un cambio significativo: hasta ese momento (¡increíblemente!), el gobierno mexicano llevaba su contabilidad con base en flujo de efectivo, ingreso-gasto; no existía la contabilidad patrimonial, y ello permitía un saqueo impune del patrimonio público.
¿Cómo se modificó esta situación?
Con base en la Constitución de 1824, la Secretaría de Hacienda tenía la facultad de normar la contabilidad gubernamental, pero no había normado la contabilidad patrimonial, así que todo recurso público en estados, municipios y federación se registraba como ingreso-gasto; eso significaba que si se compraba un bien mueble o inmueble sólo era un gasto, y no iba al patrimonio. Entonces usted podía disponer del bien y ocultarlo.
¿Eso se cambió?
Sí, cuando logramos quitarle la facultad a Hacienda modificando el artículo 73 de la Constitución y dándole la facultad a la Cámara de Diputados. Logramos entonces que se aprobara la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y creamos la contabilidad patrimonial.
¿Cuándo sucedió eso?
En 2008. Es uno de los grandes logros en materia de políticas públicas. Adicionalmente, y atendiendo al principio de que “cualquier peso público federal es fiscalizable, incluyendo a particulares”, incorporamos la fiscalización a los fideicomisos públicos, a las universidades públicas y a los sindicatos.
El caso último del estado de Veracruz parece poner en tela de juicio el valor del cambio en materia de registro contable incorporando el patrimonial. ¿Por qué esto no ayudó a evitar el fraude? ¿Y puede ayudar a corregirlo?
En Veracruz hubo una confabulación sofisticada para delinquir. Se crearon empresas fantasma para desviar los recursos. Sin embargo, los recursos públicos para estados y municipios a través de fondos federales para salud, educación, infraestructura, tienen reglas de operación; nosotros insistimos desde la ASF en que esas reglas necesitaban ser revisadas y mejoradas porque tenían muchas lagunas. En los estados, despachos de contadores públicos delincuentes (como también hay ingenieros, abogados, médicos, etc.) asesoran a funcionarios para que desvíen recursos, aprovechando las lagunas en la reglamentación. Debemos cerrar los espacios para evitar que desvíen recursos. Es una lucha constante con la SHCP, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que se utilicen debidamente los recursos, que no se desvíen para fines electorales o delincuenciales y que los no ejercidos se devuelvan a la Tesorería de la Federación.
Efectivamente, son las personas quienes terminan definiendo las acciones; a fin de cuentas es una cuestión de voluntad política, sí, la política es la esencia de la cual se alimenta el alma, decía Aristóteles y estoy convencido de ello. Necesitamos políticos que crean en la política como instrumento al servicio de la sociedad, del interés común, de las mayorías; debemos trabajar para hacer de la honestidad un factor común, no una excepción.
Luego de escuchar sus planteamientos, la pregunta que surge es: ¿en qué medida la solución pasa por reglamentaciones, controles, leyes, etc., y en qué medida por la generación de conciencia, de cultura, de política en los individuos que deben aplicar los procedimientos?
Efectivamente, son las personas quienes terminan definiendo las acciones; a fin de cuentas es una cuestión de voluntad política, sí, la política es la esencia de la cual se alimenta el alma, decía Aristóteles y estoy convencido de ello. Necesitamos políticos que crean en la política como instrumento al servicio de la sociedad, del interés común, de las mayorías; debemos trabajar para hacer de la honestidad un factor común, no una excepción.
En mis conferencias ante políticos y funcionarios públicos he dicho: “Hemos transformado al país en un verdadero estercolero, y es responsabilidad de ustedes, que son los que desvían los recursos; para poder mejorar, primero deben asumir que ustedes son los principales responsables, haciéndose cargo de que la administración de la cosa pública es un compromiso para con la sociedad; la cosa pública no es un botín, no es patrimonio particular de ustedes, el país es de todos los mexicanos.” También depende de nosotros, los ciudadanos, estar alertas, exigir el cumplimiento de la ley.
México es un gran país, un país enormemente rico que ha sido empobrecido por unos pocos, pero que no se lo han podido acabar ni los conquistadores ni los partidos y los políticos corruptos que tanto hemos sufrido todos los mexicanos; ya basta de tantas corruptelas que hemos vivido y soportado. Somos muchos más los mexicanos honestos que los corruptos. Juzguemos y metamos a la cárcel a todos los corruptos. México lo necesita. México lo demanda. México se lo merece.
Entrevista de Daniel N. Moser
