Reyes Juárez del Ángel Vicepresidente de Planeación y Prospectiva del CICM.
Al desarrollar infraestructura, los proyectos se han vuelto cada vez más complejos, con más actores participantes insertos en un nuevo ecosistema donde participan financistas, ambientalistas y la propia sociedad organizada a la que debe consultarse. Nos dimos cuenta de que la mayoría de estos proyectos rebasaban el ámbito de la ingeniería civil: estábamos ante la presencia de proyectos multidisciplinarios.
Ingeniería Civil (IC): ¿Cómo surgió la idea de crear el Consejo de Políticas de Infraestructura?
Reyes Juárez del Ángel (RJA): La idea nace de la gran preocupación que tenemos en el CICM por la muy baja velocidad y pobre desempeño en el desarrollo de infraestructuras en nuestro país. Nos dimos a la tarea de explorar qué experiencias tienen otros países del mundo para poder expresar una vía de opinión que nos permita incidir en más y mejor infraestructura para México.
IC: ¿Cómo se integró?
RJA: Un tema destacado que observamos cuando estudiamos la problemática general de los proyectos de infraestructura en México y en otras partes de América Latina está relacionado con la institucionalidad, particularmente con tres grandes componentes. El primero es la necesidad de que la figura de la planeación esté presente en el gobierno con una visión de largo plazo. El segundo es que normalmente los gremios de profesionales vinculados a la infraestructura se agrupan para tratar de articular opiniones del sector privado. Encontramos que bajo la denominación del Consejo de Políticas de Infraestructura existen experiencias interesantes en Chile, en Argentina, en Paraguay.
El tercer componente es la presencia de una agencia nacional de infraestructura, como la que tienen, por ejemplo, Perú y Colombia. En México hay una ausencia preocupante, porque las dependencias gubernamentales en general habían venido perdiendo capacidad institucional para preparar, estructurar, licitar y adjudicar buenos proyectos de infraestructura, particularmente de la mano de inversión público-privada.
Estuvimos explorando jurídicamente la manera de articular la participación de otras organizaciones de la ingeniería. Lo primero que vimos es que, al desarrollar infraestructura, los proyectos se han vuelto cada vez más complejos, con más actores participantes insertos en un nuevo ecosistema donde participan financistas, ambientalistas y la propia sociedad organizada a la que debe consultarse. Nos dimos cuenta de que la mayoría de estos proyectos rebasaban el ámbito de la ingeniería civil: estábamos ante la presencia de proyectos multidisciplinarios.
Por eso nos comunicamos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la Academia de Ingeniería, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Asociación Mexicana de Vías Terrestres y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas… pensamos que podríamos reunir una masa crítica inicial, y para ello firmamos un acuerdo de adhesión con cada una de las entidades, con el lema común de “más y mejor infraestructura para México con una visión de mediano y largo plazo”.
IC: ¿Qué acciones se plantean para que lo que proponga el consejo llegue a los oídos de quienes toman decisiones?
RJA: Hay cinco objetivos que están escritos en el Consejo de Políticas de Infraestructura. El primero es apoyar al gobierno federal como órgano de consulta y opinión sobre la planificación, el desarrollo y la puesta en operación de la infraestructura en México.
El segundo es colaborar con los poderes Ejecutivo y Legislativo para definir las prioridades del desarrollo de la infraestructura sostenible en México con una visión de largo plazo y con responsabilidad social.
Hemos planteado como tercer objetivo el hacer recomendaciones para promover la participación de los sectores privado y social en el desarrollo de la infraestructura en México con las mejores prácticas internacionales en la materia.
El cuarto objetivo consiste en impulsar y difundir mejores prácticas en el ciclo de desarrollo de la infraestructura mediante la formulación de normas, documentos de posicionamiento, mecanismos de participación social y cualquier otro medio que favorezca su divulgación en el gremio, la academia, el sector público y la sociedad.
Finalmente, promover el diálogo del gobierno con la sociedad en materia de políticas de infraestructura.
IC: En materia de propuestas de infraestructura, ¿qué metodología utiliza el consejo y con base en cuáles criterios?
RJA: El colegio recoge, sector por sector, la problemática y las necesidades del país en materia de rezago de infraestructura con apoyo de sus comités técnicos. También hay documentos elaborados por los bancos multilaterales donde se señalan brechas existentes en el ámbito de la infraestructura y cuáles podrían ser los temas principales de atención; incluso dan referencia del monto de inversión que se requiere para poner a punto distintos sectores de la infraestructura. Una necesidad clara es la de un ritmo de inversión anual de al menos 5% del producto interno bruto.
IC: Ese rango de 5% del PIB se propone con base en las necesidades de lo pendiente y urgente. ¿También se considera lo que se proyecta hacia el futuro?
RJA: Así debe ser. Hoy enfrentamos un déficit histórico que no hemos podido superar: en agua potable, en conectividad intermodal del sistema de transporte y en puertos, entre otros sectores. También está el problema de la antigüedad que tiene nuestra infraestructura, con un buen número de años de haberse construido; necesita modernizarse para atender las nuevas necesidades que han surgido y adaptarse al combate al cambio climático.
IC: ¿Puede compartir uno o dos ejemplos relevantes de la participación del consejo?
RJA: El consejo apenas tuvo su primera sesión en enero de este año. Lo que hemos hecho es acercar al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes los objetivos del consejo y las líneas de trabajo que pretendemos desarrollar. Todavía no hay ningún producto concreto.
IC: ¿Qué nivel de receptividad han encontrado por parte del titular de la SICT o de aquellos con quienes han tenido trato en el gobierno?
RJA: Afortunadamente, el nivel de aceptación que encontramos es mucho mayor que el que nos imaginábamos. Esto nos impone un compromiso de empezar a producir muy pronto ideas que le sean útiles al gobierno.
IC: En la metodología de trabajo, ¿la idea es que el consejo funcione con quienes lo están integrando ahora, o también se piensa incorporar de alguna manera al gobierno en esos equipos de trabajo?
RJA: El consejo es un órgano ciudadano; el gobierno tiene su propia gobernanza y su estructura. El consejo funciona como un órgano asesor del gobierno. Lo que resulte de la interacción creo que es lo relevante.
IC: En materia de iniciativas de infraestructura, son bastante comunes las resistencias o inconvenientes que se presentan desde el punto de vista político, económico y social. ¿Cómo atendería y cómo piensa anticipar este tipo de problemática el consejo, con qué recomendaciones o estudios previos?
RJA: Existe una metodología que podríamos llamar universal sobre las mejores prácticas para planear, preparar, gestionar y desarrollar infraestructura. Una recomendación muy importante es escuchar a la sociedad, a las comunidades involucradas en cada proyecto; realizar las consultas públicas.
Sabemos que una característica bastante frecuente de los proyectos que se licitan es que no siempre gozan del nivel de preparación que deberían tener antes de la etapa constructiva. Ha habido una ausencia histórica de presupuestos asignados a la preparación de los proyectos. Sin embargo, la preinversión resulta fundamental porque es la que con un 2 o 3% de lo que cuesta una obra puede ayudar a que esta no rebase presupuestos y se termine en tiempo y forma.
IC: En un ejercicio de prospectiva es necesario identificar no solo las tendencias, sino especialmente los puntos de quiebre que configuran un nuevo ambiente. ¿Tiene el CICM, a través del consejo, algún criterio o mecanismo, como un panel de expertos, para este propósito, o tienen pensado instrumentarlo?
RJA: Considero que va a ser muy importante. Nuestro colegio tiene una diversidad de comités técnicos que abarcan muchas disciplinas. En el consejo cabe la posibilidad de invitar a organizaciones específicas o a personas desde lo individual que podrían ser importantes para coadyuvar a plantear temas que quizá no son del ámbito común, de las especialidades directamente relacionadas con la infraestructura, como politólogos, sociólogos, abogados, financistas y ambientalistas, entre otros.
IC: No son pocas las infraestructuras en nuestro país que requieren aumentar su volumen, actualizarse, recibir mantenimiento, pero ¿por dónde empezar?, ¿cómo jerarquizar esas necesidades? Las respuestas requieren decisiones de política, de infraestructura. ¿El consejo sugerirá al gobierno tales tipos de respuestas?
RJA: Una de las tareas que tenemos en la lista de prioridades iniciales del consejo es formular criterios de priorización de proyectos: cómo decidir entre opciones y qué tipo de criterios preocupan a la sociedad que el gobierno debería considerar en sus sistemas de priorización. También es absolutamente indispensable generar condiciones para una mayor participación del sector privado en las inversiones en infraestructura. Los montos y ritmos de inversión que se están requiriendo para cumplir con compromisos de infraestructura son imposibles de cubrir solamente con presupuesto público.
IC: La actual administración federal se muestra abierta a la participación privada planteando nuevas condiciones. ¿Usted lo percibe?
RJA: Sí, completamente. El tema de la participación privada en proyectos de infraestructura ha tenido una experiencia muy interesante en los últimos 20 años. Y las políticas que se manejan en el mundo nos hablan de más de 10,000 proyectos de infraestructura que se han desarrollado con mecanismos de participación público-privada. Con esas experiencias, hay lecciones aprendidas que nos dicen qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien y no se debería volver a hacer así, y en qué cosas hay que cambiar completamente el rumbo para que se alineen mejor a las propias expectativas de los gobiernos.
IC: ¿Qué opina de las inversiones mixtas con riesgos y beneficios compartidos que plantea el gobierno?
RJA: Opino que es una muy buena iniciativa. Es una manera muy interesante de propiciar la participación privada. Yo creo que lo importante va a ser, como en todo, empezar a probar el nuevo esquema y ver la reacción de los participantes en este tipo de iniciativas.
IC: Existe un instrumento que ayuda a crear un contexto de desarrollo integrando cuestiones ambientales y de sustentabilidad en la toma de decisiones, evaluando opciones de desarrollo estratégico y emitiendo directrices para ayudar a su implementación. Se conoce como evaluación ambiental estratégica y se aplica en muchos países en la formulación de planes de desarrollo. ¿Recomendaría el consejo al gobierno incorporar este instrumento en el proceso de toma de decisiones para la planificación de la infraestructura nacional?
RJA: Efectivamente. La guía de la EAE es parte de los documentos que el consejo tendrá a la mano en el momento de recomendar proyectos.
IC: Como ya lo mencionó, los proyectos de infraestructura son proyectos multidisciplinarios. El Sistema Nacional de Planeación Democrática es el medio de coordinación para la planeación en el orden federal, estatal y municipal basado en la Constitución mexicana. ¿Participa el Consejo de Políticas de Infraestructura del CICM en esta institución, en el área de planeación para el desarrollo de la infraestructura?
RJA: A principios del año, el gobierno federal lanzó la iniciativa para cumplir la obligación que tiene de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Durante el mes de enero se llevaron a cabo las consultas en prácticamente todo el país en diferentes temáticas y hubo participantes del consejo en dichas convocatorias. Lo que hemos ofrecido como consejo es opinar una vez que se elabore el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo y estar atentos a recibir comentarios.
IC: ¿Tiene el consejo vínculos con los órganos responsables de la planeación designados por el Ejecutivo, o se está buscando vincularse con ellos?
RJA: Una recomendación que estamos explorando en el consejo –el Congreso de la Unión la hizo también– es que el gobierno recupere la figura de la planeación. Hay grupos de trabajo sectoriales que están formulando documentos con ideas de institucionalizar la planeación. Sin embargo, en el CICM pensamos que está haciendo falta una figura de planeación para ciertos proyectos de carácter estratégico.
IC: Existen en municipios de México institutos de planeación encargados de generar sus propios programas para el desarrollo de la infraestructura. Algunos son del ámbito metropolitano y se basan en consultas y foros ciudadanos para recabar las necesidades y propuestas de la sociedad. ¿Es interés del consejo participar con ellos?
RJA: No. Políticamente diría que sí, pero creo que hay que distinguir que todos los procesos de planeación tienen un sentido de arriba abajo y otro muy importante de abajo arriba. Todo esto que estamos haciendo considero que abona más en los ámbitos de arriba abajo; pero la actividad local de los municipios de planeación va a ser muy importante. En el consejo no pretendemos meternos a los puntos de planeación municipal. Eso yo creo que va a provenir de las propias instancias locales.
IC: También existe la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. ¿En ese nivel tampoco?
RJA: Allí es más factible. Y también en la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de los estados.
IC: En nuestro país, aunque la planeación es un mandato constitucional, se carece de una buena planeación –sobre todo prospectiva–, o en ciertos casos esta ni siquiera existe. Para planear es necesario contar con la información necesaria y fiable, la cual muchas veces no existe o está dispersa. ¿Plantea el consejo promover talleres de capacitación para los integrantes de los órganos encargados de planeación de la infraestructura?
RJA: Sí, por supuesto que esa es una tarea esencial. Lo más importante es primero observar que efectivamente estas figuras de planeación existan.
IC: Muchas veces se generan organismos, instituciones, equipos… que tienen una finalidad específica y válida, coherente, pero quienes colaboran en ellos no necesariamente están capacitados. ¿No debería darse especial atención al perfil de quienes los integran, a analizar quiénes son los responsables?
RJA: Pues sí. Y seguramente son temas en los que habrá que insistir a lo largo del accionar. Por supuesto que la institucionalidad y los perfiles idóneos son fundamentales, pero finalmente son decisiones internas del gobierno, y seguramente encontraremos que hay gente competente, profesionales capacitados, y que hay gente que quizá está más por compromisos políticos.
Para finalizar diría que estamos muy entusiasmados con la formación y puesta en marcha del Consejo de Políticas de Infraestructura. Nuestro deseo es colaborar con el Ejecutivo y el Legislativo en promover la planeación y el desarrollo de más y mejor infraestructura para México, con visión de largo plazo y el apoyo de una ingeniería de vanguardia con responsabilidad social
Entrevista de Daniel N. Moser.
