Entrevista a José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
Debe abrirse más el canal de la consulta y la retroalimentación para validar con mayor consenso iniciativas que son de alto interés para el país; eso estamos haciendo. Al cierre de esta legislatura dejamos un camino andado, la próxima no comenzará de cero y esperemos que pueda culminar el proceso de la Ley de Aguas Nacionales.
El proyecto de Ley de Aguas Nacionales recibió numerosas críticas de sus opositores e incluso de personas que estuvieron trabajando en su versión de 2015. Entre las muchas observaciones, además de ser calificada como “privatizadora” del recurso, fue señalada como inconsulta e innecesariamente compleja por ser una “mezcla de ley y reglamento”. Tan adversos fueron los comentarios, que quedó en la congeladora. ¿Qué opina al respecto?
El primer reclamo fue la falta de consulta. Lo que he aprendido en mi labor legislativa es que cada día debe abrirse más el canal de la consulta y la retroalimentación, para validar con mayor consenso iniciativas que son de alto interés para el país.
El segundo aspecto es que algunos críticos señalaron que una ley general en la materia tiene que ser muy horizontal, no parecer reglamento; otro grupo decía que a esa ley le faltaba la visión ambientalista, no podía ser un enfoque sólo hidráulico y de gestión del agua potable, riego y drenaje. Considero que estas tres críticas fueron acertadas.
¿Qué ha cambiado de la propuesta de 2015 a la de 2018 que está en curso?
Con base en esa experiencia fallida, los integrantes de las comisiones de la Cámara de Diputados involucradas en el tema determinamos darle tránsito para un ejercicio bien fundamentado y caminar hacia un nuevo proyecto de iniciativa por etapas, con base en el proyecto de 2015 pero abiertos a todos los ajustes necesarios. Decidimos emprender un proceso en cinco etapas: 1) Fundamentación y retroalimentación informativa, 2) Plataforma para el análisis y diseño de la Ley General de Aguas, 3) Sistema de colaboración y consulta para el desarrollo del articulado, 4) Armonización legislativa y 5) Proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas.
La primera consistió en repasar todos los antecedentes, considerando la iniciativa de 2015 y una iniciativa ciudadana de la agrupación Agua para Todos. Asimismo, se convocó a expertos por temas a través de reuniones ordinarias de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y de Comisiones Unidas; hicimos un largo tránsito abordando los aspectos fundamentales en temas como derecho humano al agua, sustentabilidad y saneamiento, gestión integral de cuencas, ecosistemas forestales, política hidráulica y recursos hídricos, agua subterránea, acuíferos transfronterizos, el agua en las industrias del acero, textil y minera; sector agrícola, consejos de cuenca, participación ciudadana, caudal ecológico, calidad y cantidad del agua, gobernanza hídrica, distribución de competencias, bancos de agua, seguridad hídrica, organismos operadores, transparencia y armonización legislativa.
La segunda etapa, Plataforma para el análisis y diseño de la Ley General de Aguas, consistió en compilar y organizar el trabajo que durante ambas legislaturas se realizó, a través de un mecanismo de retroalimentación con la sociedad organizada, los expertos, académicos, operadores de agua y todos aquellos mexicanos comprometidos e interesados con el sector hídrico. En esta etapa se creó un micrositio que permitió la participación activa y donde se recibieron aportaciones y reflexiones de este proceso de manera directa y transparente.
Una de las participaciones más ricas fue la de los representantes de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que agremia a los organismos operadores de agua del país. Participaron también instituciones académicas y de investigación, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); consultamos a los institutos de agua que están albergados en las universidades o que son similares al IMTA, así como a organizaciones sociales interesadas en el tema.
Los asuntos de gestión, medio ambiente, participación ciudadana y transparencia están incluidos en el borrador que abrimos a todo México. El mayor eco lo tuvimos con quienes habían ya colaborado, aproximadamente unas 800 personas. Con acuerdo de diputados de las comisiones involucradas, de todas las fracciones políticas, a finales del año 2017 sacamos un documento de trabajo, un borrador del articulado para someterlo a la consulta de no menos de 2 mil especialistas que habían mostrado interés, e hicimos una rueda de prensa donde dimos a conocer este sistema de colaboración y consulta sobre el borrador del articulado, siendo esta la etapa tres.
Nos abrimos a escuchar todos los puntos de vista sobre cada uno de los aspectos involucrados: el ambiental, el del modelo de administración, la operación de un municipio… Por ejemplo, analizamos los cinco casos exitosos de administración del agua en el país. También vimos casos de intermunicipalidad, grupos de municipios pequeños que se reúnen para hacer alianzas con el fin de alcanzar mayor eficiencia y efectividad en esa escala.
¿Qué rasgos son considerados como éxito de gestión?
Por ejemplo, en el modelo de coparticipación público-privada, ejecutan obras de infraestructura hidráulica con participaciones federales, vigilan la prestación de servicios y su cumplimiento, revisan el estado financiero y autorizan las tarifas de cobro del servicio.
En el modelo intermunicipal, se rigen por un Consejo de Administración; participan en la planeación y gestión de los recursos y en la ejecución de las obras de infraestructura, cuentan con subsidios en servicios de saneamiento y brindan servicios en cobertura y calidad.
En el modelo municipal cuentan con una política basada en cuatro ejes: estrategia, cultura, estructura y ejecución.
El modelo municipal con injerencia estatal ofrece tarifas cercanas al costo de servicio; autosuficiencia técnica, administrativa y financiera; transparencia de gastos y costos, y cuentan con el apoyo presupuestal del gobierno estatal para gestionar recursos para obra pública.
¿Los más críticos respondieron a la invitación para opinar?
Sí, comenzaron a respondernos y a observar un trabajo detallado, artículo por artículo, con la característica de que se le daba el crédito explícito a quien había hecho su aportación, para que los observadores supieran el origen de cada propuesta, ya que había aspectos de la iniciativa de 2015, de la de Agua para Todos y de distintos expertos e instituciones gremiales y académicas.
Esta segunda etapa de conceptualización mediante la consulta, ¿sigue abierta hoy?
Sí. Queremos reforzar el sistema de consulta para lograr los mayores consensos. No va a haber tiempo de elaborar una iniciativa y llevarla a la determinación y probable aprobación en esta legislatura; lo que tenemos muy claro los diputados que trabajamos en esto es que se trata de un proceso complejo pero de altísimo valor para los mexicanos. Queremos dejar un documento muy sólido que la siguiente legislatura tome como una plataforma y no empiece de cero nuevamente.
Un ejemplo de que se consideran las contribuciones críticas en el proyecto de ley es que en el borrador se puede observar una nueva generación de instancias y de instituciones donde se refuerza la participación ciudadana. Así se muestra en el artículo 13, donde se abordan los órganos auxiliares de las autoridades competentes para la aplicación de la ley; entre ellos se encuentran los consejos de cuenca. En las recomendaciones, los expertos nos señalan que la participación ciudadana fortalecería al Consejo Consultivo del Agua, como lo indica la Ley de Aguas Nacionales.
Ahora estamos en un proceso de cotizar con cuatro o cinco empresas una aplicación que permita al usuario acceder incluso desde un teléfono celular a la plataforma de consulta y aportación.
Una crítica que hacen los sectores opositores a este proyecto del Poder Legislativo es que se abren espacios para opinar y aportar, pero no se les considera, no se refleja en el proyecto.
No es así. El borrador del articulado, como le mencioné, tiene incluso los créditos de quienes hicieron los aportes. Un ejemplo de que se consideran las contribuciones críticas: se puede observar en el borrador de la propuesta una nueva generación de instancias y de instituciones donde se refuerza la participación ciudadana. Así se muestra en el artículo 13, donde se abordan los órganos auxiliares de las autoridades competentes para la aplicación de la ley; entre ellos se encuentran los consejos de cuenca. En las recomendaciones, los expertos nos señalan que la participación ciudadana fortalecería al Consejo Consultivo del Agua, como lo indica la Ley de Aguas Nacionales; asimismo, la creación de un órgano colegiado tendría por objeto garantizar la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, como se mandata en el artículo 4 de la Constitución. También se retoma lo que plasma la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, que considera a los sistemas ciudadanos y comunitarios en la aplicación de sus disposiciones.
Además, en el título quinto se propone incluir reglas sobre el fomento a la educación, investigación científica, transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, y específicamente en el capítulo III de este título se propone crear órganos consultivos y reglas para el fomento de la participación ciudadana, con base en las recomendaciones realizadas por diversos especialistas.
Me queda claro que necesitamos involucrar a los ciudadanos en el tema del agua para que integren la cadena de la toma de decisiones y tengan conciencia del valor del recurso y de los costos de la infraestructura y gestión requeridas para garantizar que se cumpla con el imprescindible derecho humano a su acceso.
Ahora están en la etapa 3…
Sí. Las etapas 4 y 5 respecto a la armonización entre las aportaciones que se hayan hecho a la propuesta de articulado y otras leyes vigentes y en proceso que abordan temas directa o indirectamente relacionados con el agua, pero que no son de la incumbencia de la Ley de Aguas Nacionales; tal es el caso, por ejemplo, del polémico tema del fracking. Finalmente, cuando ya se tenga un proyecto de Ley General de Aguas, se presente a la Mesa Directiva y se remita a las comisiones ordinarias correspondientes, se dará inicio a las etapas de análisis y discusión. Es responsabilidad y facultad del Poder Legislativo dictaminar y emitir la ley.
Una crítica principal de los opositores al proyecto de Ley de Aguas Nacionales de 2015 fue su carácter privatizador, y dicen que el actual proyecto tiene un enfoque igual. ¿Qué opina a ese respecto?
De los 2,457 municipios que hay en el país, sería mucho decir que el 1% tiene alguna presencia de iniciativa privada.
El agua en México no se privatiza. A diferencia de la de otros países, nuestra Constitución establece que el agua es un bien del Estado. La ley vigente permite diferentes modelos de asociación o de prestación del servicio; una cosa es el elemento agua, que es de todos los mexicanos, y otra cosa son los mecanismos para prestar el servicio, siempre con la rectoría del Estado.
Nadie discute que el acceso al agua es un derecho humano. El punto es definir el alcance de tal derecho. Por ejemplo, es un derecho humano tener acceso al agua para beber, para lavar los alimentos, para asearse, para los servicios sanitarios… ¿Pero debe considerarse un derecho humano bañarse en un jacuzzi con 200 litros de agua, o estar 30 minutos bajo la regadera, o llenar una alberca con 10,000 litros de agua?
En el borrador que tenemos articulado, todo esto nace de la modificación constitucional al artículo 4°, que habla del derecho humano al agua; hay todo un capítulo sobre este derecho. Vamos a partir del mínimo básico necesario para un consumo del agua imprescindible por persona, la necesaria para los requerimientos fundamentales.
Vino a México el relator para el derecho humano al agua de la Organización de las Naciones Unidas y opinó que la cantidad mínima de agua por persona debe cubrir las necesidades básicas, y que depende también de la cantidad de agua disponible en cada región.
¿Pero habrá un mínimo?
Hemos transitado la discusión entre los 50 y 100. La presión social nos lleva a 100, pero hay quienes dicen que tenemos que acotar hacia 50.
¿Está en discusión todavía?
Claro.
¿Se ha marcado en el borrador una diferencia clara entre derecho humano al uso esencial y el uso adicional que podría catalogar al agua como una mercancía?
El tema clave es la medición. Si se define la cantidad mínima de agua necesaria como derecho humano al agua de cada persona, y se mide el consumo, puede determinarse cuándo se cumple con ese derecho y cuándo se utiliza el agua como mercancía. Un ejemplo: si se establece que 70 litros diarios cubren los requerimientos básicos de una persona al día, y al mes consumió 2,100 litros, está en el rango. Si consumió 12,000, pues habrá 9,900 litros que tienen carácter de mercancía. Todo lo anterior no implica, obviamente, que sea un servicio gratuito, porque la infraestructura y la gestión para llevar el agua a cada hogar tiene un costo y debe haber tarifa que lo cubra, eso sí, atendiendo con subsidios cuando la situación socioeconómica del individuo lo determine, y con precios específicos cuando se utilice como mercancía.
Debemos impulsar la medición en el país, incluso para poder subsidiar; también para generar conciencia sobre el valor del servicio del agua, porque hoy sucede que mucha gente no duda en gastar decenas de miles de pesos al año en agua embotellada pero no está dispuesta a pagar una cantidad muy inferior por el servicio a domicilio.
Respecto a la privatización, ¿cuál es la experiencia en el mundo que pueda servir de referencia en México?
En la mayoría de los países la administración del agua está a cargo del Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno. Existen algunos buenos ejemplos de sistemas mixtos público-privados, pero en la enorme mayoría de los casos está a cargo del Estado.
El desafío en México es profesionalizar a los responsables de la gestión y generar conciencia en la sociedad sobre el valor y el costo de la infraestructura y los servicios necesarios para dar acceso al agua.
En la mayoría de los países la administración del agua está a cargo del Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno. Existen algunos buenos ejemplos de sistemas mixtos público-privados, pero en la enorme mayoría de los casos está a cargo del Estado. El desafío en México es profesionalizar a los responsables de la gestión y generar conciencia en la sociedad sobre el valor y el costo de la infraestructura y los servicios necesarios para dar acceso al agua.
Hace poco me entrevisté con el director de aguas de la ciudad de Marsella, Francia. Tiene 25 años frente al organismo, que funciona con altos niveles de eficiencia y eficacia, cuando en México, con suerte, la mayoría de los funcionarios equivalentes están en su puesto no más de tres años y no siempre con el perfil profesional adecuado.
Respecto a la conciencia ciudadana sobre el valor del servicio del agua, ya lo comenté, es muy poca y la poseen pocas personas. Ambos asuntos, obviamente, son responsabilidad de los gobiernos en turno.
Una de las críticas que han surgido del último borrador de ley, el de 2018, es que es casi un “copiar y pegar” del de 2015.
La falsedad de dicha afirmación es plenamente comprobable con tomarse el trabajo de la más elemental comparación de ambos documentos.
¿Cuál sería su mensaje conciliador, sin dejar de decir las cosas como son, para los críticos de la propuesta de hoy?
Me preocupa que incluso personas con capacidad profesional y analítica, con elementos técnicos y jurídicos para poder aportar se excluyan diciendo: “¿Para qué participar, si van a hacer lo que quieren?” Es terrible que haya tal descrédito de un proceso tan importante. Yo invito a cada mexicano –obviamente, en especial a los profesionales del sector agua– a acceder al documento y a que aporten; en la medida en que esto suceda, vamos a encontrar todos el mayor número de coincidencias de cómo debe darse forma a una iniciativa de esta naturaleza.
¿Algún comentario final?
Yo quisiera solamente decir que en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento estamos muy conscientes del tránsito que tenía que experimentar un documento de esta naturaleza, y de que no hay un fast track; al cierre de esta legislatura dejamos un camino andado. La próxima no comenzará de cero y esperemos que pueda culminar el proceso.
Entrevista de Daniel N. Moser
