Planeación, para no repetir errores
Los retos que se plantean para el manejo integral del agua que procura su conservación en calidad y cantidad adecuada para sus diversos usos demandan, además de una cantidad considerable de recursos financieros, la capacidad de la sociedad en su conjunto, gobierno y usuarios, para cuidarla y utilizarla adecuadamente. La escasez del agua apta para satisfacer las necesidades inmediatas de los usuarios y los deficientes servicios de suministro agregan un contenido político a su administración, lo cual se convierte en presiones sociales que deben atenderse con urgencia. De ahí que con alarmante frecuencia se implanten soluciones de corto plazo que no sean las más convenientes y sustentables en el mediano y largo plazo.
La administración del agua como bien de la nación recae en el gobierno federal, y la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son responsabilidad primera de los municipios. Ambas actividades requieren infraestructura hidráulica indispensable para adecuar la cantidad, la calidad y la disponibilidad del agua. La construcción, operación y mantenimiento de las nuevas obras, además de la rehabilitación o reemplazo de la existente, demandan recursos que se estima rebasan los 100,000 millones de pesos anuales y sostenidos por un periodo de 15 años –cifra inalcanzable.
Solo como hipótesis de trabajo: si esos recursos estuvieran disponibles, ¿podrían ser invertidos en forma eficiente? Debería disponerse de estudios básicos, proyectos ejecutivos, constructores con experiencia, vías de trabajo libres para hacer las obras y, fundamentalmente, consenso entre los usuarios que podrían verse beneficiados o afectados por las obras. Además, la realización de estas actividades necesitaría el soporte de planeación de largo plazo que garantice la continuidad de proyectos que superan los tres o seis años de las autoridades federales o municipales que con probabilidad alta serán removidas durante o al terminar su mandato. Los usuarios son los que mayor probabilidad tienen de permanecer en sus comunidades, y eso los convierte en factores esenciales del seguimiento de los proyectos.
Si la planeación de largo plazo señala la necesidad de traer más agua a la cuenca del Valle de México, el proceso de estudios y de convencimiento, más la elaboración de los estudios y proyectos y la construcción se llevarían al menos de siete a ocho años. Habría que empezar de inmediato.
Los proyectos de saneamiento de los ríos Atoyac, Tula, Lerma y otros se iniciaron en la década de 1970; se reunieron autoridades federales y estatales con usuarios, arrancaron algunas acciones y a la fecha los resultados son nulos. Habría que tomar las experiencias para no repetir errores y para crear los mecanismos orientados a la continuidad de las acciones y la participación de los usuarios.
Los mecanismos institucionales también son fundamentales para la calidad de la planeación y ejecución de las obras, así como para la operación de estas. Es riesgoso improvisar en cambios de personal o en el debilitamiento de las instituciones actuales.
Jorge Carlos Saavedra Shimidzu
