César Cravioto Romero Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Se modificaron procedimientos para dar salida más rápida a las gestiones y procesos; se territorializó la Comisión de Recursos de Construcción y se elaboró una ley mucho más concreta y breve; también se revisaron y modificaron gran parte de los catálogos y tabuladores para proyectos ejecutivos, y se crearon otros para ejecución de obras de vivienda unifamiliar y de edificios para que no se dispararan los precios entre ellas.
IC: ¿Qué cambios sustantivos se realizaron en la estructura de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a partir del actual gobierno?
César Cravioto Romero (CCR): Comenzamos a gobernar 15 meses después del sismo del 19 de septiembre de 2017 y nos encontramos con un proceso de reconstrucción muy enredado, muchas dependencias actuando de manera descoordinada. La Comisión para la Reconstrucción buscaba coordinarlas, pero, sin los instrumentos para hacerlo, los damnificados tenían que recurrir a cada una de las dependencias a hacer parte de los trámites, lo que generaba poca o nada de eficiencia.
También observamos que especialmente el proceso para las más de 10 mil viviendas unifamiliares nunca se echó a andar; no había ni siquiera un procedimiento para atender estos casos, no garantizaban el retorno de los derechos de los damnificados…
IC: ¿Cuáles fueron los cambios sustantivos que ustedes introdujeron en la operación?
CCR: Primero, darle a la comisión los instrumentos para que fuera una ventanilla única, para que los damnificados no tuvieran que pasar por todas las dependencias sino que simplemente acudieran a la comisión para nosotros, al interior del gobierno, organizar las distintas gestiones de las dependencias involucradas. Creo que este fue un cambio muy importante porque les dio salida a muchas necesidades de los damnificados de manera expedita.
El segundo cambio es que dividimos la ciudad en áreas. Como no se había atendido la vivienda unifamiliar, obviamente no estaba organizada la comisión en términos territoriales. Toda la vivienda unifamiliar la dividimos en 193 cuadrantes de atención, y en cada uno de ellos pusimos una empresa constructora, una empresa supervisora, un director responsable de obra y un monitor de la comisión para darle seguimiento al proceso de reconstrucción de las viviendas.
IC: ¿Qué se resolvió respecto a los edificios?
CCR: Modificamos algunos procedimientos para que fuera más ejecutivo el proceso, los simplificamos para darles salida más rápida a las gestiones y procesos en beneficio de los afectados
Territorializamos también la Comisión de Recursos de Construcción, y elaboramos una ley mucho más concreta y breve que la que estaba vigente.
Asimismo, revisamos y modificamos gran parte de los catálogos y tabuladores para proyectos ejecutivos, y creamos otros para ejecución de obras, tanto para la vivienda unifamiliar como para los edificios, de manera que no se dispararan los precios entre una obra y otra considerando que cada obra podría ser distinta.
IC: A partir de estos cambios, ¿cómo funciona la toma de decisiones, quiénes participan en ella y con qué criterios se resuelven los distintos casos?
CCR: La Comisión para la Reconstrucción coordina, pero hay muchas instancias involucradas en el proceso. Una es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, responsable de revisar todos los proyectos estructurales de los edificios que se están rehabilitando o reconstruyendo; participan de manera muy activa la Secretaría de Obras y la de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; también nos ayuda la Contraloría para la revisión de las obras, para garantizar la calidad y el cumplimiento de todas las formalidades, y la Consejería Jurídica nos apoya para la publicación de leyes, reglamentos, nuevas reglas de construcción.
IC: Estos organismos participan, pero la comisión que usted conduce es la que toma las decisiones atendiendo los requisitos o los comentarios de los otros organismos…
CCR: Así es. Este es uno de los cambios fundamentales que se dieron en el proceso de reconstrucción.
IC: ¿Cuál es el proceso? ¿Se lleva a cabo con base en los aspectos técnicos, de ingeniería, para determinar qué estructuras se refuerzan y cuáles se demuelen? Supongo que también intervienen, colateralmente, aspectos económicos y sociales.
CCR: Debe haber un dictamen que genera el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, pero, efectivamente, también se atienden aspectos de orden social y económico. Supongamos que una obra se dictamina para rehabilitación, pero resulta tan cara o más cara que una reconstrucción desde cero; pues aunque se pueda rehabilitar el edificio, se hace la reconstrucción.
IC: En ese sentido, también puede darse el caso de que resuelven que es más conveniente reconstruir estructuras habitacionales afectadas o construir nuevas en otros terrenos, y al terreno afectado darle otro uso. ¿Eso sucede?
CCR: En caso de edificios no, pero sí en los de vivienda unifamiliar, sobre todo en el oriente de la ciudad donde hay grietas. Hay alrededor de 300 reubicaciones, casos en que ya no se va a construir en el sitio, sino que la gente se va a reubicar justamente para que esté en una zona con mejores condiciones de suelo.
IC: ¿Cuál es el programa de la comisión para terminar con esta etapa del proceso de reconstrucción?, y digo etapa porque se estima habrá más sismos de similar o mayor magnitud.
CCR: Hicimos un censo antes de comenzar el gobierno. Registramos 11,700 viviendas unifamiliares en el centro, pero en el transcurso de 2019 muchos damnificados fueron solicitando que incorporáramos su vivienda al proceso de reconstrucción. A estas viviendas les dimos un código bis. Las viviendas originales que censamos las terminamos este año, y en cuanto a las del código bis, algunas iniciarán este año, pero la mayoría, el próximo,
y se terminarán en 2021.
En cuanto a edificios, ya llevamos intervenidos un poco más de 200, y nos falta otro tanto. Una buena parte van a iniciar su proceso este año, y habrá entre 50 y 70 que comenzarán su obra el próximo año. Los edificios tardan más en construirse; algunos, de 12 a 18 meses y hasta 24. La mayoría estarán terminados entre 2020 y 2021, pero estarán algunos en obra y se entregarán en 2022.
IC: ¿El año 2022 sería el plazo que se plantean para resolver las afectaciones en viviendas con motivo de los sismos de 2017?
CCR: En efecto.
IC: ¿Existe evaluación, algún plan en términos de prevención?
CCR: La mejor prevención es tener construcciones seguras. Se ha resuelto que una vez terminado el proceso de reconstrucción sigamos en uno de reconversión de vivienda que está hoy muy dañada o que ya cumplió su ciclo. Justamente el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México en ese momento, Ascensión Medina, en una plática que tuvimos, comentó que compramos una casa pensando que es para toda la vida, pero no es para toda la vida; dura muchos años, al igual que un auto, pero la gente tiene que estar renovando su vivienda, obviamente en ciclos más largos que los de un automóvil.
IC: ¿Qué puede decir respecto a la planeación de acciones en materia de recuperación y transformación, si es que se van a ocupar de éstas aunque ya no figuren en el nombre de la comisión?
CCR: Parte de la transformación que estamos haciendo consiste en que, por ejemplo, todas las viviendas nuevas que estamos construyendo tienen procesos ecológicos para la recuperación de agua y el aprovechamiento de energía solar. En Iztapalapa, por ejemplo, donde vamos a reconstruir por lo menos unas 4 mil viviendas, ya van a tener estas tecnologías.
IC: La gestión de la comisión no se limita, entiendo, a los aspectos técnicos; también aborda cuestiones de orden social y económicos. ¿Podría abundar un poco en los diferentes aspectos de estos otros frentes de la gestión?
CCR: Es un tema muy complejo. Cada vivienda tiene condiciones distintas. En materia jurídica, hay quienes no tienen escrituras, hay quienes se están disputando la vivienda, otros que tienen todos sus papeles en orden y unos más a los que simplemente su abuelita les dejó la vivienda y nunca supieron qué documentos se tenían para demostrar que esa vivienda era de algún familiar. En estos casos tenemos una gestión junto con el Colegio de Notarios, con el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y el Registro Público de la Propiedad; diseñamos un esquema con el propósito de que lo jurídico no fuese impedimento para la reconstrucción. Por ejemplo, los vecinos que tienen una vivienda pero no tienen todo en regla, hacen una declaración jurada para manifestar que son poseedores de buena fe; ya si después sale alguien disputando la vivienda, pues decidimos que un juez resuelva, por poner un ejemplo.
Socialmente hay diferencias que son importantes, en términos de que no es lo mismo reconstruir una vivienda en una zona de la ciudad que en otra; hasta la propia plusvalía que tiene un inmueble genera diferencias, por ejemplo en los mismos detalles entre una vivienda y otra. No estamos haciendo todas las viviendas exactamente iguales, porque es imposible. Por ejemplo, un edificio en la calle de Florencia tiene 45 departamentos; una persona es dueña de 15, otra es dueña de 15 más y los otros 15 departamentos tienen un dueño cada uno. Nosotros no podemos rehacer ese edificio, no le podemos regresar 15 departamentos a un solo dueño, porque el objetivo de la Comisión para la Reconstrucción es regresar viviendas dignas y seguras a las personas damnificadas, no inversiones. Entonces, ¿qué hacemos con los 15 que pertenecían cada uno a un dueño, que sí era su vivienda y no sólo su propiedad?
Hay otra serie de situaciones: se da el caso de edificios cuyos procesos de reconstrucción están detenidos por amparos de algunos de sus habitantes; unos no quieren que se demuela sino que se rehabilite, la mayoría está de acuerdo en reconstruir, demolerlo y volverlo a construir, pero los inconformes interpusieron un amparo. Se puede dar el caso de que un habitante está de acuerdo con el proceso, y cuando vamos a intervenir resulta que el departamento está habitado por un familiar que se niega a desocuparlo. Es muy complejo. Cada una de las casi 20 mil viviendas que vamos a reconstruir o rehabilitar tiene una peculiaridad social, jurídica y técnica distinta; eso hace muy compleja la reconstrucción.
IC: Finalmente, a reserva de lo que usted quiera agregar, ¿cómo resumiría la esencia del marco teórico para identificar iniciativas orientadas a incrementar la resiliencia sísmica de una ciudad, citando ejemplos como el documento que existe en la página web la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México?
CCR: El objetivo es contar con viviendas seguras. Después del sismo se modificó el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, y se aplicó en prácticamente todas las viviendas que se hicieron después. Otro tema fundamental es la educación necesaria para darle mantenimiento oportuno a la vivienda, para no modificarla sin cumplir los requisitos técnicos indispensables (tirar muros, agregar niveles). También para no aceptar estructuras para espectaculares con el fin de obtener recursos extras, pues esa estructura metálica que pesa varias toneladas pone en riesgo el edificio.
IC: Después de los sismos de 2017 se cuestionó mucho el diseño de edificios con estacionamientos para autos en la planta baja, que no contaban con la estructura suficiente y se derrumbaron.
CCR: Sí. Los de plantas bajas endebles. Con la nueva norma sí se pueden hacer así, pero ya con estructuras mucho más robustas en las columnas.
IC: Antes de despedirnos, tal vez quiera comentar algo que no le haya preguntado.
CCR: Quiero agradecer todo el apoyo del gremio de los ingenieros civiles. Desde que los fuimos a visitar a la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en aquel entonces la jefa de gobierno electa y un servidor, se nos recibió siempre de manera muy cordial y buscando colaborar. Hoy el CICM es parte de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción.
Existen instancias muy importantes para la reconstrucción: la Mesa Técnica, donde definimos todos los parámetros técnicos de la reconstrucción; la Mesa Jurídica, a la que ya me había referido, donde están el Colegio de Notarios, el Tribunal Superior de Justicia, la Oficialía Jurídica y el Registro Público de la Propiedad para enmarcarnos todos los aspectos jurídicos de la reconstrucción, y cada semana se reúne para destrabar temas. Hay un Comité de Grietas, encabezado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde estamos haciendo los análisis de las grietas en el oriente de la Ciudad de México. También tenemos otra instancia, que es el Consejo Consultivo de la Reconstrucción, un órgano multidisciplinario en cuyo seno se discuten los temas de la reconstrucción, y existe un Comité de Transparencia, un grupo de subcomisionados que nos ayudan a revisar distintos temas de la reconstrucción.
Buscamos tener muchas contribuciones, y el Colegio de Ingenieros nos ha dado un apoyo invaluable para las definiciones técnicas de la comisión. Hemos estado varias veces en su auditorio en reuniones con los constructores, por ejemplo, y desde nuestro punto de vista éstos no están haciendo las cosas bien, entonces interviene el colegio y nos ayuda en ello, o en la revisión de inmuebles: a veces uno está en un inmueble y tiene dudas respecto a si se están haciendo bien las cosas, pues nos acompaña gente del CICM para asesorarnos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer todo el trabajo del colegio.
