Lejos de abordar la situación desde una posición de reclamo a las autoridades, lo que estamos haciendo como organización gremial del sector construcción es sumar esfuerzos con organizaciones que comparten las mismas inquietudes sobre la situación económica del país en las actuales circunstancias, para realizar análisis minuciosos y objetivos de los hechos, considerar escenarios realistas y presentar propuestas de acciones concretas.
Los empresarios del sector de la construcción en México, con un enfoque objetivo y propositivo, tenemos muy claro que estamos en una nueva etapa de nuestro país, con un gobierno que se ha planteado cambios radicales en todos los ámbitos de la vida nacional. Independientemente de los juicios de valor que de forma individual podamos tener, de manera institucional, poniendo énfasis en el compromiso en el desarrollo de México y la defensa gremial de los intereses de nuestros afiliados, nos concentramos en el análisis integral de la situación del sector y en la elaboración de propuestas concretas en materia de obras de infraestructura, considerando a otras organizaciones con las mismas inquietudes e intereses similares, de manera proactiva, para ponerlas a disposición de las autoridades públicas correspondientes.
Antecedentes
Durante los últimos años se ha registrado una drástica reducción de la inversión pública. Ésta pasó de 6% del PIB en 2009 al 2.8% del PIB en 2019.
En lo que va de 2020, la inversión pública continúa cayendo como consecuencia del Covid-19 y otros factores como un inoportuno ejercicio del gasto (véase tabla 1) que puede derivar en subejercicios y reducciones presupuestales). Específicamente, la inversión pública en construcción será de tan sólo 2.2% del PIB. La inversión total de los proyectos equivale a 1.5% del PIB, sin considerar su efecto multiplicador en el resto de la economía.
La inversión en infraestructura como proporción del PIB registra un mínimo histórico justo cuando más se requiere detonar la inversión para reactivar la economía. Hacia 2021, difícilmente las finanzas públicas tendrán margen para incrementar la inversión pública, debido al impacto negativo del Covid-19, así como a las fuertes presiones del gasto público irreductible.
En ese contexto, es necesario generar fuentes alternas de financiamiento de infraestructura, aprovechando responsablemente diversas modalidades de asociación público-privada (APP) con estrictos principios de transparencia y rectoría del Estado.
En el documento presentado por la CMIC a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se ofrece una propuesta de esquemas financieros para fortalecer la inversión en infraestructura, a fin de contribuir a la reactivación de la economía.
Proyectos de infraestructura identificados por la CMIC en los estados
La construcción de infraestructura es el detonador de la economía de un país, además de contribuir al desarrollo social y el bienestar de las personas, para lograr una mejor economía y competitividad de las regiones y poblaciones.
Derivado de esto, la CMIC ha identificado, a través de sus 44 delegaciones en todo el territorio nacional, una serie de proyectos de acuerdo con las necesidades de cada región. Se identifican 264 proyectos por estado y por sector al que pertenecen, y se propone que a través de la Conago se impulsen y se logre su concreción.
Resumen de proyectos
Propuesta de colaboración CMIC-Conago
Con el objetivo de impulsar en los estados proyectos de infraestructura que permitan la reactivación de la economía y del empleo, así como mejorar y aumentar la productividad y competitividad en las regiones, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presenta la información sobre los principales proyectos susceptibles de realizarse en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Experiencias previas
Entre 1990 y 2016 en nuestro país se invirtieron 146 mil millones de dólares en 280 proyectos APP para obras carreteras, logísticas, hidráulicas, de telecomunicaciones, vialidades urbanas, hospitales, universidades, escuelas, centros de readaptación social e infraestructura deportiva y cultural.
Salvo algunos casos claramente identificados, en general la experiencia de las APP fue positiva. Un ejemplo de ello es el financiamiento de la supercarretera Durango-Mazatlán, la de mayor inversión en la historia carretera de México, la cual se financió parcialmente con el relanzamiento de concesiones de cuatro carreteras de peaje que eran antes parte del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) de Banobras. A esta modalidad se le deno-minó Aprovechamiento de Activos (AA).
La concesión original de cada una de las cuatro carreteras era de 30 años. En 2007, cuando se concretó la operación de AA, se habían consumido, en promedio, 17 años y quedaban 13 años vigentes de concesión.
Banobras estimó que el valor en libros de dichas carreteras era de 16 mil millones de pesos (mdp), y con una nueva concesión a 30 años podían obtenerse 24,000 mdp.
Dado el historial de ingresos y gastos con que se contaba, y gracias a un proceso transparente, competitivo y bien estructurado, esta operación generó 44,000 mdp, 20 mil millones más de lo estimado.
Con estos recursos se repagaron al FARAC los 16,000 mdp de las cuatro carreteras que se transfirieron a un nuevo concesionario; se inyectaron 8,000 mdp a la carretera Durango-Mazatlán, y los 20,000 mdp adicionales (excedentes) sirvieron como capital semilla para la creación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Opciones para aprovechar activos carreteros
Reconociendo que para el éxito de una operación de APP es indispensable garantizar honestidad, transparencia y apertura competitiva, hoy existen condiciones para aprovechar responsablemente algunos activos carreteros para financiar obras estratégicas de infraestructura que, de otra manera, difícilmente podrán realizarse en un contexto de contracción económica y muy estrecho margen de recursos fiscales.
Una alternativa concreta es aprovechar algunos de los 26 proyectos de infraestructura cuyas concesiones se vencen entre 2020 y 2030.
Se trata de tramos carreteros, puentes internacionales y libramientos (uno solo de los 26 proyectos incluye 38 tramos carreteros y puentes de cuota en los que el concesionario es Caminos y Puentes Federales, Capufe).
Existen diversas opciones para monetizar los flujos futuros de algunas de estas obras de infraestructura:
• Ampliar el plazo de la concesión, manteniendo el mismo concesionario, y monetizar (traer a valor presente con mecanismos de ingeniería financiera) parte de los flujos futuros de la concesión ampliada.
• Renovar concesiones mediante un proceso abierto, transparente y competitivo de manera que los recursos que paguen los nuevos concesionarios permitan repagar, cuando sea posible, la parte correspondiente a los concesionarios originales y generar un excedente.
• Un fideicomiso dentro del Fonadin que emita bonos que permitan captar recursos frescos para financiar obras estratégicas o mantenimiento carretero, teniendo como fuente de repago las concesiones ampliadas o renovadas de algunos de los 26 proyectos antes referidos.
• Los recursos que pudieran obtenerse por medio de alguno de estos mecanismos se destinarían a financiar las obras estratégicas que los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México han planteado al presidente de la República o para mantenimiento de la red carretera del país.
Beneficios de la propuesta
Independientemente de la opción que se pudiera concretar, los beneficios de aprovechar responsablemente los activos carreteros son los siguientes:
• Recursos adicionales para infraestructura en 2021. Disponer de entre 60 mil y 120 mil millones de pesos de recursos frescos para financiar obras de infraestructura estratégica de índole diversa y proyectos de mantenimiento carretero en todo el país (el monto depende de cuántos proyectos se logren monetizar y qué porcentaje de los flujos futuros se compromete a este propósito).
• Reactivación de la industria de la construcción con alto impacto en el empleo. El financiamiento alterno de obras estratégicas y de mantenimiento carretero contribuye a reactivar el sector construcción, el cual impacta 185 de las 262 ramas productivas y es el tercer mayor aportador de empleos.
• Descuento de hasta 30% en el peaje de autopistas de cuota. Cualquiera de los esquemas financieros propuestos permite aplicar un descuento al peaje de las autopistas cuya concesión es ampliada, relanzada o monetizada.
• Cumplimiento de compromisos institucionales. Los recursos adicionales que aporta este modelo de financiamiento alterno permitirían atender los compromisos establecidos entre el gobierno de la República y las entidades federativas para, por ejemplo, concluir obras avanzadas, detonar nuevos proyectos prioritarios (uno por entidad federativa) y mejorar significativamente el estado de la red carretera nacional.
Importancia de la industria de la construcción
Nuestro sector es el cuarto mayor aportador al producto interno bruto (PBI), el tercer mayor generador de empleo, y participa en 185 de las 262 ramas económicas (véase tabla 1).
Participación de las pequeñas constructoras
El 96% de las empresas constructoras son mipyme locales con gran capacidad para generar empleo y activar la economía; ameritan una atención prioritaria y urgente, dado que su capacidad de resistencia a las crisis es limitada.
La asignación de obras marca un fuerte contraste entre las mipyme y las grandes empresas, así como lo hace la participación de ambas categorías en la industria, tal como se revela en la figura 1. La participación del sector público en el desarrollo de la infraestructura es relevante; por ello la inversión pública en el sector es determinante, y al registrarse una retracción importante de ésta, como se registra en la figura 2, se genera una crisis que es necesario revertir de manera inmediata.
Impacto del Covid-19 en la construcción
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), durante junio en su comparación respecto al mes anterior, el sector de la construcción registró un aumento de 17.5%, y su comparación anual, una disminución de –26.1%. En mayo, el valor de producción de las empresas constructoras registró una disminución de 5.2% con respecto al mes anterior, y una caída de 34.2% en su comparación anual (véase figura 3).
Recursos de obra pública PEF 2020
Tan importante como el registrar las necesidades de infraestructura hacia el futuro y la elaboración de los correspondientes estudios de factibilidad, en su caso proyectos y demás requisitos, lo es el cumplimiento del ejercicio oportuno, en tiempo y forma, de los recursos destinados a la construcción de las obras programadas. En la tabla 2 se describe la situación hasta el 31 de julio de 2020.
Propuestas de colaboración entre la Conago y la CMIC
• Generar sinergia con la Conago para agilizar la inversión pública en proyectos de construcción.
• Promover la creación y seguimiento de un banco de proyectos de infraestructura; al día de hoy, la CMIC tiene detectados un total de 242 proyectos por un monto estimado de 294 mil mdp (véase tabla 3).
• Aprovechar los mecanismos de financiamiento alterno tipo APP, con transparencia y rectoría estatal.
• Impulsar a las mipyme de la construcción mediante productos financieros y el encadenamiento productivo.
• Establecer un convenio CMIC-Conago para promover el Protocolo de Contención del Coronavirus en Obras de Construcción.
Conclusión
Como se evidencia a lo largo del presente artículo, elaborado con base en la presentación que se hiciera durante la reciente reunión de la Conago, lejos de abordar la situación desde una posición de reclamo a las autoridades, lo que estamos haciendo como organización gremial del sector construcción es sumar esfuerzos con organizaciones que comparten las mismas inquietudes sobre la situación económica del país en las actuales circunstancias, para realizar análisis minuciosos y objetivos de los hechos, considerar escenarios realistas y presentar propuestas de acciones concretas.
Nuestra principal inquietud es que dicho esfuerzo de participación proactiva sea atentamente considerado por las autoridades de gobierno, a efecto de que, ajustando lo que resulte necesario, se pongan de inmediato manos a la obra en un trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada.
