Lecciones de la sequía y su impacto en el sector agropecuario
El objetivo de este artículo es crear conciencia entre autoridades y usuarios del agua sobre su cada vez menor disponibilidad, provocada por el crecimiento poblacional, los efectos del cambio climático, el derroche que se hace en todos los usos, la contaminación y la baja prioridad que los gobiernos le otorgan a este tema.
Kamel Athie Flores Licenciado en Economía con maestría y doctorado en Administración Pública. Presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Integrante del Comité del Agua del CICM. Rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.
Palabras clave: sequía, calentamiento global, cambio climático, disponibilidad de agua, oferta, demanda.
En México poco hemos aprendido de las sequías. Ni el gobierno ni los diversos usuarios del agua estamos preparados para afrontarlas, ya que cuando llueve todos nos olvidamos de ellas. Los rezagos en los temas hídricos e hidráulicos datan de por lo menos tres décadas, en tanto que la Ley de Aguas Nacionales, que data de 1992, nada dice sobre cómo prevenir los efectos del cambio climático. El marco institucional prevaleciente es obsoleto, por lo que no hay políticas públicas actualizadas para prevenir este fenómeno y tampoco se han canalizado recursos para mitigar sus efectos.
Ahora más que nunca las lluvias son bienvenidas en las diversas regiones del país; sin embargo, por los efectos del cambio climático estas se presentan a manera de huracanes o ciclones devastadores que pueden provocar pérdidas humanas y daños a la infraestructura, a las viviendas, a los cultivos y a los negocios, por lo cual es urgente que el Estado mexicano en su conjunto, en coordinación con los tres niveles de gobierno, formule políticas públicas tendientes a sistematizar la prevención y atención a estos fenómenos.
Impacto de la sequía en la actividad económica agropecuaria
Aunque ya se inició el periodo de lluvias con los huracanes Alberto y Beryl, en el caso de México los efectos de la sequía siguen siendo muy preocupantes, ya que están repercutiendo en la oferta de agua tanto para uso público urbano como para la producción de alimentos, lo cual representa una amenaza para el bienestar de las familias y el desarrollo de las actividades productivas. Esto se traduce en afectaciones económicas y sociales como la reducción de las superficies cultivadas de granos básicos, el encarecimiento de alimentos, conflictos entre usuarios y usos del agua, y migración hacia áreas urbanas o al extranjero.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, al 15 de junio del 2024 el 85% del territorio nacional presentaba algún grado de sequía, prevaleciendo la severa, moderada y excepcional. En algunas regiones del noroeste, norte y centro, este fenómeno se clasificó como excepcional (figura 1) . Sin duda esta situación tendrá diversos impactos negativos en el sector agropecuario, ya que en la mayoría de los distritos de riego no se otorgaron las cuotas completas que tienen concesionadas los módulos que son operados por los propios productores, lo cual se está traduciendo en menor producción de granos, hortalizas, oleaginosas y algunos cultivos de exportación como el algodón.
En el caso específico de la producción nacional de maíz, el impacto de la sequía ha sido muy significativo, ya que, según el Consejo Nacional Agropecuario, las importaciones de maíz amarillo en 2024 podrían alcanzar los 21 millones de toneladas, es decir, unos 5 millones de toneladas más que el promedio de los últimos 5 años (GCMA, figura 2).
Las superficies del cultivo de frijol en el país también se han visto reducidas por la sequía, dado que en el ciclo primavera-verano 2023 se esperaba una producción de 940,000 toneladas y solo se cosecharon 724,000, por lo cual se importaron alrededor de 313,000 toneladas. El consumo nacional de la leguminosa es de aproximadamente 1,100,000 toneladas, volumen sin precedentes con un incremento de 272% respecto a 2022 (GCMA y SIAP). Cabe hacer notar que el frijol es un producto básico en la dieta de los mexicanos y que buena parte de su producción se logra en superficies temporaleras de Chihuahua, Durango y Zacatecas, por lo que los productores de estos estados observaron menores ingresos en el presente año. De acuerdo con consultas hechas a diversos productores de Chihuahua, la cosecha 2024 también resultará mermada, ya que el cierre de siembras se tiene proyectado durante la segunda quincena de julio y las lluvias no han sido generosas en el norte-centro del país.
La producción de algodón en México enfrenta desafíos significativos debido a los efectos adversos de la sequía, especialmente en los últimos años. En 2023, la producción nacional alcanzó las 604,000 t, una disminución considerable comparada con las 909,000 producidas en 2022. Este descenso puede atribuirse en parte a las condiciones climáticas extremas que han afectado varias regiones productoras de algodón en el país (SIAP, 2023). El algodón, siendo un cultivo relativamente resistente y adaptable, ha prosperado en entornos semiáridos donde la lluvia es escasa. Aproximadamente el 64% del algodón mexicano se cultiva utilizando únicamente agua de lluvia, aprovechando las raíces profundas y extendidas de la planta para acceder a reservorios subterráneos durante periodos de sequía. Sin embargo, los recientes estados de sequía excepcional han planteado serias preocupaciones sobre la sostenibilidad y la productividad del cultivo. Las condiciones de sequía extrema no solo reducen la disponibilidad de agua superficial y subterránea, sino que también aumentan el estrés hídrico en las plantas de algodón y afectan su crecimiento, desarrollo y rendimiento.
En 2023, entidades federativas como Chihuahua, Hidalgo, Baja California, Morelos y Coahuila destacaron por sus significativas ventas internacionales de algodón, lo que habla de la importancia económica del cultivo a pesar de los desafíos climáticos. Las exportaciones de estas entidades, que sumaron 143 millones de dólares (el 0.67% de participación en exportaciones globales), subrayan la relevancia del sector algodonero en la economía nacional (SE, 2023).
Los efectos nocivos de la sequía se resintieron también en el saldo de la balanza comercial agroalimentaria, ya que entre 2013 y el 2020 se observó un superávit creciente que llegó a 3,381 millones de dólares y fue su punto de inflexión, ya que a partir de allí, en los años subsiguientes, descendió hasta llegar en 2023 a 2,020 millones de dólares. Dadas las circunstancias prevalecientes, es muy probable que su tendencia a la baja continúe en 2024 (figura 3).
La sequía ha provocado también graves pérdidas en el sector ganadero mexicano, pero más en los estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Durango y Veracruz, en los cuales en 2024 han muerto o han debido ser sacrificadas más de 156,000 cabezas de ganado por la falta de agua y alimento para mantenerlas.
Esta actividad es estratégica para la alimentación de los mexicanos, la generación de divisas y los empleos en el medio rural; su aportación al PIB agropecuario es del 2.3%, con una producción de 9.5 millones de toneladas de carne anuales, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Sin embargo, esta situación ha provocado merma en los hatos ganaderos y en los ingresos de los productores medianos y pequeños, que en algunos casos han tenido que abandonar sus ranchos o migrar hacia Estados Unidos (Sader y Semarnat).
Igualmente, la producción de leche registrará mermas de entre el 5 y 10% durante el presente año, ya que enfrenta el encarecimiento de forrajes por la escasez de agua, pero también por la especulación en los precios a los que los industriales compran a los productores, según información de la Federación Mexicana de Lechería.
Conclusiones
La oferta de agua dulce en escala planetaria se ha venido reduciendo progresivamente por efectos del calentamiento global. Debido a ello ya no es válido afirmar que el 69% del agua dulce se encuentre en su estado sólido en ambos polos del planeta y en las altas montañas, como tampoco lo es que el 30% del agua dulce esté almacenada en los acuíferos subterráneos, debido a las sequías y a la sobreexplotación de que están siendo objeto en numerosos países, incluyendo México. Menos aún es cierto que el 1% de agua dulce esté en ríos y lagos.
Lo anterior explica la progresiva reducción en la disponibilidad de agua por habitante/año en los países más densamente poblados. En el caso de México, este indicador en 1950 era de 18,035 m3 y descendió a solo 3,135 m3 en 2020. Se estima que en 2025 será de solo 2,500 m3 , dato muy preocupante en virtud de que la cantidad mínima estimada por la FAO para que la población de una región o país pueda subsistir sin los efectos del estrés hídrico es de 5,000 m3 habitante/año (Conagua, 2014, figura 4).
A pesar de los esfuerzos y acuerdos tomados en las Conferencias de las Partes –que agrupan a 196 países que pactaron compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el calentamiento global, limitando el incremento de temperatura media anual a 2 °C por encima del nivel preindustrial y esforzarse por no superar 1.5 °C– los compromisos no se están cumpliendo. Según la Organización Meteorológica Mundial, durante el quinquenio 2024-2028 hay un 47% de probabilidades de que la temperatura media mundial supere los 1.5 °C con respecto a la era preindustrial (ONU, 2024).
Ante estas expectativas nada halagüeñas de carácter exógeno, se puede afirmar que los efectos del cambio climático, particularmente las sequías e inundaciones por la presencia de huracanes y ciclones devastadores, seguirán presentándose en nuestro país.
De conformidad con lo anterior, cabría preguntarse si estamos preparados como país para atemperar sus efectos; si el marco legal existente en materia hídrica y de conservación de recursos naturales y del medio ambiente responde a estas nuevas realidades; si las instituciones del gobierno federal relacionadas con estos temas pueden afrontar los nuevos retos y desafíos en materia de sequías y fenómenos meteorológicos, y si el gobierno federal cuenta con los recursos presupuestales suficientes para atender este tipo de emergencias que tenderán a la normalidad en los próximos años.
Recomendaciones
Sin duda las sequías tenderán a ser más frecuentes y de mayor duración, en tanto que la disponibilidad de agua también seguirá reduciéndose por el cambio climático, el crecimiento poblacional y el desperdicio y derroche en todos los usos, así como la creciente contaminación. Por ello el próximo gobierno de la República deberá dar mayor prioridad al tema del agua y a los relacionados con el cuidado del medio ambiente, para lo cual es inaplazable actualizar el marco legal e institucional y dedicar mayores presupuestos para responder a los retos de las nuevas realidades.
Para resolver esta compleja problemática se propone involucrar en la solución al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, a la iniciativa privada y los diversos usuarios del agua. Como estrategia, las propuestas se harán considerando los programas y acciones que deberían realizarse para resolver los problemas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda de agua, con el objetivo primordial de garantizar el derecho humano al agua, el crecimiento de las ciudades y la sostenibilidad de las actividades productivas y los servicios.
Por el lado de la oferta
Al gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, les corresponderá eficientar la oferta de agua mediante las siguientes acciones:
- Rehabilitar y hacer eficientes los sistemas de distribución y abasto de agua tanto para uso público urbano como para la agricultura, la industria y los servicios.
- Construir nuevas fuentes de abastecimiento para resolver los problemas de déficit de agua potable en las megalópolis, las ciudades y el medio rural. Esto implica la construcción de acueductos, presas de almacenamiento y plantas potabilizadoras.
- Aplicar la Ley de Aguas Nacionales vigente a fin de evitar que los concesionarios de agua superficial y subterránea puedan usar volúmenes adicionales a los otorgados, ya que con el cumplimiento de esta sola medida se tendrían caudales suficientes para abatir los déficits en varias ciudades, sobre todo en el caso de aprovechamiento de pozos.
En complemento con lo anterior, resulta obligado que mediante el uso de tecnología de medición y detección satelital con inteligencia artificial se identifiquen los pozos y las tomas ilegales, que por falta de vigilancia de la autoridad del agua han incrementado escandalosamente su número.
- Construir nuevas plantas de tratamiento para asegurar el reúso en actividades que no requieren niveles de potabilización, y en los casos que así lo demanden, potabilizar el agua ya usada.
- Rehabilitar y modernizar las plantas potabilizadoras existentes que por falta de mantenimiento han dejado de operar.
- En los casos en que resulte factible técnica y económicamente y no haya otras fuentes de abastecimiento, debe propiciarse la construcción de plantas desaladoras.
Por el lado de la demanda
El gobierno en su conjunto y los diversos usuarios del agua deberán instrumentar e implantar políticas públicas orientadas a reducir eficazmente la demanda del agua en la agricultura, en el uso público urbano e industrial y en el sector servicios con medidas inductivas y coercitivas, adoptando tecnologías ahorradoras de agua en todos los usos, lo que implica un esfuerzo para la innovación y el desarrollo tecnológico.
En el caso de los 86 distritos de riego, es urgente iniciar su rehabilitación y modernización para mejorar la eficiencia en los canales de distribución y en el riego, ya que algunos de ellos tienen más de 30 años sin mantenimiento integral y el derroche de agua puede ser hasta del 50%.
Por su parte, los organismos operadores deberán seguir avanzando en las actividades y obras de sectorización, detección de fugas, medición de cobro y adopción de tarifas suficientes para lograr la autosuficiencia en la operación de los sistemas.
En lo que corresponde al uso doméstico, las familias y sus integrantes deberán esforzarse por reducir la demanda mediante diversas acciones tales como la adopción de sanitarios con depósitos no mayores a 10 litros; en las lavadoras de ropa, el agua de los enjuagues debería utilizarse para otros usos domésticos como riego de jardines, lavado de automóviles y pisos. Estos son solo algunos ejemplos: hay mucho por hacer para reducir la demanda de agua en los hogares.
Debe desatacarse que el Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México, integrado por expertos, académicos y profesionales en los diversos temas del agua, formularon un documento titulado “Una contribución a la seguridad hídrica en México”, que contiene el diagnóstico y las propuestas para aumentar la oferta de agua y reducir su demanda en escala nacional, señalando, para cada uso del agua, los programas, proyectos y acciones que habría que emprender para evitar la crisis por la cada vez menor disponibilidad de agua y los desastrosos efectos de las sequías. Incluye también propuestas de esquemas de financiamiento, por lo que es muy recomendable hacer entrega de este documento tanto a las comisiones del agua en ambas cámaras del Congreso como a las nuevas autoridades de la Semarnat y la Conagua
Referencias
Comisión Nacional del Agua, Conagua (2014). Plan Nacional Hídrico 2014-2018.
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA. https://gcma.com.mx/
GCMA y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (s.f.). gcma.com.mx y http://www.gob.mx/siap
Organización de las Naciones Unidas (2024). news.un.org/es/story/2024/06/1530326#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Meteorol%C3%B3gica%20Mundial%20ha,para%20el%20periodo%202023%2D2027.
Secretaría de Economía, SE (2023). Data México. www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/cotton
SIAP (2023). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. nube.siap.gob.mx/cierreagricola/