9 enero, 2026 2:27 am

Jesús Esteva Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Las organizaciones dedicadas a la infraestructura son muy importantes, en especial el CICM. Su capacidad de respuesta ante contingencias, como fueron los sismos, es imprescindible y única para el gobierno. Sin el CICM, sin sus especialistas, sin sus protocolos de revisión, análisis y propuestas sería muy difícil el proceso de diagnóstico y respuesta. Esa misma capacidad de respuesta, solo por mencionar uno más de tantos casos, se puso de manifiesto cuando sucedió el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.

Ingeniería Civil (IC): Habiendo sido usted titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ¿qué aporta esa experiencia a su función actual como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), más allá del volumen de trabajo y el tipo de obras?

Jesús Antonio Esteva Medina (JAEM): En la SICT atendemos servicios muy similares, aunque en un volumen mucho mayor y, obviamente, también en un ámbito geográfico que abarca todo el país.

Para compensar la amplitud geográfica en el ámbito federal contamos en la SICT con los Centros SICT en cada estado del país, que nos permiten emitir una respuesta más ejecutiva ante cada necesidad y proyecto.

En mi caso específico, por las demandas de atención personal, aumenta la necesidad de delegar –sin perder la capacidad de control, de supervisión– algunas funciones cuando debo estar de gira por el país.

Algo que ha cambiado con la nueva administración federal es que, por decisión de la titular del Poder Ejecutivo, la SICT asume efectivamente tareas similares a las que desarrollábamos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

IC: ¿Como cuáles?

JAEM: Un ejemplo es la construcción de nueva infraestructura educativa en todo el país. Si bien los temas de telecomunicaciones se delegaron a la Agencia de Transformación Digital, con una visión similar a la que tenía en la Ciudad de México atendemos obras de ese sector.

IC: ¿Cómo se responde al reto de la siempre insuficiente cantidad de recursos presupuestales para atender adecuadamente la conservación de carreteras?

JAEM: Con creatividad. Aunque tenemos presupuestos que nunca llegan a cubrir el 100% de las necesidades, existe lo que denominamos Sistema de Gestión de Pavimentos, mediante el cual los recursos disponibles se distribuyen para optimizar su aplicación y evitar que los tramos carreteros entren en procesos de reconstrucción, que son los más costosos, aplicando un proceso de mantenimiento preventivo o rutinario, como se denomina en la SICT, o tratamientos de espera, como los denominábamos en la Ciudad de México: consisten en aplicar microcarpetas que permiten estirar a cinco o seis años más un mantenimiento más de fondo, alargando la vida útil con márgenes de seguridad adecuados.

Una primera tarea al asumir fue darle atención a la totalidad de la red carretera libre de peaje, en términos de mantenimiento rutinario, con bacheo, sellado de grietas, señalización, limpieza de cunetas…

IC: Para los políticos suele ser prioritario inaugurar obras antes que darle mantenimiento a las existentes. ¿Cómo resistirse a ello desde la SICT?

JAEM: Distribuimos los recursos con base en prioridades, y estas con base en las necesidades de dar seguridad y generar mejores condiciones de vida a la población de manera integral.

Por ejemplo, mantener en condiciones de seguridad la infraestructura existente pero al mismo tiempo construir nueva infraestructura, como una línea de ferrocarril que genera oportunidades de trabajo, desarrolla la actividad turística, facilita el transporte de mercancías, baja costos y tiempos de traslado a la población y a las empresas.

En materia de seguridad, la prioridad del gobierno anterior y el actual es atender las causas de la violencia, y para ello es necesario dar oportunidades de trabajo, educación, salud… lo mínimo indispensable para tener una vida digna, y para ello la infraestructura cumple un papel importante teniendo una capacidad de respuesta inmediata.

Lo que hizo la antigua SCT durante décadas, con equipos y operadores propios saliendo a atender emergencias, fue desapareciendo a principios del decenio de 1980 con contratos a terceros que primero requieren licitaciones… y si los designados no cumplen, comienza un proceso de rescisión de contratos que deja interrumpida la obra hasta que otro asume la responsabilidad.

Ahora vamos a regresar a que la SICT se haga cargo de manera efectiva y con respuesta inmediata, especialmente en casos de emergencias como la atención de fenómenos naturales –huracanes y sismos.

Obviamente, esto no significa que las empresas de la construcción se queden sin trabajo; hay mucha obra por realizar y siempre hay necesidad de contratarlas. Por ejemplo, a las empresas no les interesa trabajar en 50 o 100 km en plena sierra, no es redituable, y allí entra el gobierno. Así fue que se desarrollaron los caminos artesanales durante el gobierno anterior, que el actual continúa.

IC: ¿Esos caminos en manos de pobladores cuentan con la ingeniería necesaria que garantice su calidad y seguridad?

JAEM: Obviamente. Como en cualquier obra, puede haber algún inconveniente, pero sí hay mucha ingeniería en este programa. Se realiza en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Ellos hacen asambleas con la comunidad, definen qué caminos y dónde; nosotros hacemos el proyecto topográfico, geotécnico, hidráulico y de cortes de taludes, y aportamos maquinaria… luego la población pone la mano de obra.

IC: ¿Y la supervisión de esa mano de obra?

JAEM: Está a cargo de la SICT.

IC: De los 372,804 millones de pesos de presupuesto de inversión pública para infraestructura carretera, ¿cuánto se destina a inversión pública y cuánto a la empresarial?

JAEM: De inversión pública, 372,804 mdp; y de inversión mixta y privada 95,907 mdp adicionales. El Estado entra en sociedad –con mayoría– con las empresas; estas construyen las obras y una vez que recupera su inversión –a una tasa igual o menor a la que ofrece Banobras–, la obra pasa a propiedad del Estado. Ese es el formato Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Operación (CMRO).

IC: De la inversión privada, ¿cuánto se destina a nuevos proyectos?

JAEM: Tenemos contemplados 69,493 mdp en siete proyectos de inversión mixta de 769 km, y la modernización de siete autopistas con una inversión privada de 26,414 mdp en todo el sexenio para la construcción de 289 km. El gobierno da prioridad a la inversión pública, pero, si se dan condiciones para que haya recuperación de inversión para las empresas, obviamente el gobierno lo apoya.

IC: Para el gobierno anterior y el actual, el esquema de asociación público-privada (APP) no es conveniente y se plantean inversiones mixtas. ¿Cuáles son las reglas para este nuevo formato y en qué medida la vigente reforma judicial impacta en ello?

JAEM: La reforma judicial lo que busca es que haya justicia efectiva, basada en la ley y no en la capacidad de quienes tienen recursos para influir en los impartidores de justicia; eso atraviesa todos los órdenes de la vida pública.

Están vigentes algunas APP, muchas de ellas por concluirse, y una vez que se concluyan está decidido que sea preferentemente la administración pública la que se haga cargo del mantenimiento y conservación, sin excluir, cuando resulte necesaria, la participación empresarial.

IC: ¿Cuáles serán las nuevas reglas para las inversiones mixtas?

JAEM: Las reglas se basan en la gestión conjunta con Banobras bajo el esquema CMRO. Las empresas construyen y tienen una recuperación de la inversión con base en cuotas o tarifas, y, como comenté, una vez recuperada la inversión la obra sigue o queda en poder del Estado.

IC: Considerando el tiempo que toma la realización de la conservación, ¿se contempla continuar con los contratos multianuales?

JAEM: Sí en el caso de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues son ejercicios anuales. Si se dan esquemas donde pueda haber aportaciones de Banobras, como fue el caso del programa Bachetón, pasan de un año a otro. 


IC: ¿Existe un plan de infraestructura carretera para responder a los retos del programa de relocalización (nearshoring)?

JAEM: Estamos en mesas de trabajo que instaló la presidenta para establecer los Polos de Desarrollo y Bienestar; estos sitios se van a instaurar con base en logística, ubicación, conectividad y acceso a recursos como el agua, la energía y la mano de obra.
En cuestión de semanas deberían estar concretándose las licitaciones de diferentes polos que cumplen los requisitos para desarrollar parques industriales.

Ya hay varios de estos polos en proceso de construcción a lo largo del Ferrocarril Interoceánico, y ahora, con las rutas de los ferrocarriles hacia el norte y la incorporación de las carreteras que manejamos como ejes prioritarios, ya hay varias solicitudes de puntos de desarrollo y bienestar que tienen interconexión con estos sitios. Entonces, se hacen pequeñas conexiones de diferentes sistemas.

IC: De acuerdo con la reforma al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ahora a la SICT le corresponde –ya lo mencionaba al inicio de este diálogo– la atención de asuntos de infraestructura urbana, cultural y educativa, y otorgar concesiones o permisos para construir las obras. ¿Qué implicaciones tienen en la SICT estas nuevas funciones? ¿Se crearán nuevas áreas encargadas de esta responsabilidad?

JAEM: Ya se crearon las áreas y hay una Dirección General de Infraestructura para cada una de ellas.

IC: Con la desaparición del Fonden, ¿cómo se está previendo la atención de eventos catastróficos?

JAEM: Desapareció el Fonden como órgano de administración de los recursos –pues se prestaba a altos índices de corrupción– pero no desaparecieron los recursos: de hecho, son ilimitados para la atención de dichas emergencias.

Al día siguiente de que entramos al gobierno se dio el mejor ejemplo de capacidad de respuesta y reacción. El Estado atendió los estragos del huracán John en 10 días; aproximadamente en ese lapso teníamos restablecidas prácticamente todas las vías de comunicación, siendo que fue un huracán con tres veces más agua que Otis, que se había presentado el año anterior. Hoy tenemos 1,880 mdp de inversión para la reconstrucción de 63 puentes en la red estatal, porque no nos quedamos solo en la red federal. Se está construyendo con periodos de recurrencia de lluvias de mil años, mucho mayores a los que en su momento se tenían diseñados. Estamos estabilizando taludes con más de 5,000 acciones. Lo que estamos haciendo en el estado Guerrero es la muestra de que no es problema la desaparición del Fonden. Protección Civil federal se ocupa de administrar los recursos con los que operan todas las dependencias que deben asumir la atención de los desastres.

IC: ¿Cuál es la unidad que se ocupa de administrar la gestión técnica cuando los ciclos de gobierno cambian cada seis años, pero las obras de infraestructura bien planeadas requieren más de un sexenio?

JAEM: En la mayoría de los casos cambian los funcionarios de alto nivel, pero la estructura técnica en la administración central y en los Centros SICT, que están en cada estado a cargo de la operación, permanece dando continuidad a las acciones.

IC: Siendo subsecretario en la entonces SCT, Óscar de Buen Richkarday me comentó que se preparaban presupuestos muy elaborados, estudiados en función de prioridades, pero que cuando llegaban al Poder Legislativo en muchos casos se modificaban en función de los intereses locales de los diputados. ¿Las decisiones de competencia de la ingeniería son sustituidas por decisiones de tipo ideológico y político en la planeación de la obra pública?

JAEM: La experiencia que yo tuve, tanto en la ciudad como ahora aquí, es que el gobernante –si es sensible, inteligente y antepone el interés de la sociedad– escucha a todos los actores y es con su visión de gobierno que establece las prioridades; por ejemplo, si su prioridad es la educación, la salud, la conectividad, la energía, el agua… deberá atender a los expertos en cada caso, de manera integral, para definir qué sector y qué obras deben atenderse con qué orden de prioridad.

IC: Proyectos relevantes de las administraciones federales anterior y actual han sido asignados por adjudicación directa. ¿Afecta este procedimiento la transparencia y la competitividad?

JAEM: Debe analizarse caso por caso en qué condiciones y por cuáles razones se asigna con qué procedimiento administrativo cada obra. En mi experiencia, en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México siempre tuvimos la política de las licitaciones públicas. Cumplimos con los porcentajes que nos marcaba la ley, y actualmente en la SICT hemos licitado prácticamente todo de manera pública. Ahora se están licitando de manera pública los trenes hacia el norte. Solamente México-Querétaro y AIFA-Pachuca los hace la Secretaría de la Defensa, y por el hecho de que ya estaban listos y era importante continuar con esta dinámica de generar empleo de manera inmediata y por la capacidad de ejecución de obra en calidad y tiempo récord que ha demostrado esta secretaría. No obstante, tenemos más kilómetros ahora con los proyectos que estamos licitando con las empresas.

Respecto a la transparencia, hay una legislación y un organismo que se encargan de supervisar: la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Todo ciudadano está obligado moralmente a denunciar con fundamento cualquier acto de corrupción. Puede haber casos de corrupción, pero no debe haber impunidad.

IC: ¿En qué medida la secretaría está incorporando nuevas herramientas de análisis y diseño?

JAEM: Estamos monitoreando permanentemente los avances mundiales en materia de tecnologías, herramientas, maquinarias, para todos los procesos que ayudan a desempeñar nuestra labor.

En particular hemos adoptado tecnologías de modelado para la planificación, diseño y gestión de proyectos de infraestructura, lo que permite una integración más eficiente entre disciplinas, así como una mejor visualización y control de costos durante el ciclo de vida de los proyectos. También contamos con sistemas de monitoreo en tiempo real que apoyan la toma de decisiones basadas en datos actualizados.

IC: ¿Qué papel desempeñan hoy los colegios de ingenieros civiles y las universidades en la toma de decisiones de la infraestructura?

JAEM: En particular, desde la integración del Consejo de Políticas de Infraestructura por parte del CICM, la participación se ha consolidado. La presidenta, además de la planeación para los seis años de su gobierno, nos planteó dejar planes para los próximos 10, 20 y 30 años. Para ellos estamos convocando al CICM y a otros organismos involucrados en la infraestructura.

Estas organizaciones son muy importantes, en especial el CICM. Su capacidad de respuesta ante contingencias, como fueron los sismos, es imprescindible y única para el gobierno. Sin el CICM, sin sus especialistas, sin sus protocolos de revisión, análisis y propuestas, sería muy difícil el proceso de diagnóstico y respuesta. Esa misma capacidad de respuesta, solo por mencionar uno más de tantos casos, se puso de manifiesto cuando sucedió el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Me parece importante destacar que academia, gremios, empresas y Estado deben trabajar en beneficio del país.

IC: ¿Cuál son las aptitudes que requiere la SICT de los estudiantes de ingeniería civil y de los ingenieros civiles egresados?

JAEM: En primer lugar, de los centros de estudios de diversas especialidades, que mantengan actualizados sus programas de estudio y el personal docente y de investigación en el mayor nivel.

De los ingenieros civiles en general, y en especial de las nuevas generaciones, además de una preparación de excelencia, compromiso, disposición, responsabilidad, capacidad técnica, autoridad moral, conciencia social; asumir que un profesional no solo debe estar atento a su interés personal sino al servicio de la sociedad, del país

Entrevista de Daniel N. Moser.

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