19 febrero, 2025 2:40 pm

La movilidad en las ciudades

Conceptos fundamentales

Carlos J Orozco. Ingeniero civil, urbanista y especialista en transporte. Consultor independiente y asesor para el Centro para el Futuro de las Ciudades.

La ingeniería civil debe comprender la movilidad urbana para involucrarse activamente en la creación de ciudades más sostenibles y eficientes. La movilidad no solo implica el diseño de infraestructuras, sino también la optimización de los flujos de personas y mercancías. Entender estos aspectos permite a la ingeniería civil plantear soluciones para resolver de fondo los problemas y con ello contribuir al desarrollo de proyectos que generen ciudades más accesibles y una mejor calidad de vida a las personas.

La movilidad urbana se presenta como uno de los principales retos para el desarrollo de las ciudades en México y América Latina. En un contexto en que el crecimiento urbano desordenado, la dependencia respecto del automóvil y la insuficiencia de alternativas de transporte público han sido característicos, surge la necesidad de un enfoque integral que vincule de manera directa el ordenamiento territorial con la provisión de transporte. La Constitución mexicana, en su artículo 4°, reconoce el derecho a la movilidad, al establecer que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Este mandato constitucional define los atributos fundamentales que deben regir las políticas de movilidad en México, resaltando la necesidad de un sistema de transporte que sea inclusivo, seguro y sostenible.

En el plano normativo, se han establecido marcos regulatorios que buscan orientar los esfuerzos para articular las acciones que permitan a los diversos órdenes de gobierno atender lo establecido en la Constitución. Destaca como primer documento normativo la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (LGAHDUOT), publicada en 2016, y como un segundo instrumento la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en 2022. Esta última es la que introdujo cambios significativos en la gobernanza de la movilidad en México. Uno de los más relevantes fue la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, una instancia que articula y coordina esfuerzos en escala federal, estatal y municipal para desarrollar políticas integradas de movilidad.

Es necesario que el gremio de la ingeniería civil asuma una responsabilidad clave en la planeación y diseño de sistemas de transporte apegándose a los ordenamientos definidos constitucional y legalmente en estos instrumentos. La ingeniería civil debe involucrarse desde las etapas tempranas de los proyectos para garantizar que en su concepción se busque principalmente la accesibilidad, la eficiencia y la seguridad. La ingeniería civil debe desempeñar un papel central en la planificación de los sistemas de transporte, y no solo verse como la encargada de la construcción de las infraestructuras para la movilidad.

El marco normativo y su impacto en la movilidad urbana

La LGAHDUOT establece un enfoque de desarrollo urbano con principios de ordenamiento territorial, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de una adecuada planificación de los usos del suelo y la infraestructura urbana. Esta ley se basa en la necesidad de coordinar la política de ordenamiento territorial con las políticas de transporte para garantizar que los asentamientos humanos dispongan de servicios e infraestructura que favorezcan la proximidad y accesibilidad. Busca fomentar que el crecimiento de las ciudades permita a las personas vivir cerca de los servicios y actividades necesarias, minimizando los desplazamientos largos, y que con ello se promueva una movilidad más eficiente y sostenible.

Por su parte, la LGMSV establece un marco normativo detallado para regular la movilidad en México, priorizando la seguridad y el derecho a la movilidad. A través de esta ley se introducen varias regulaciones clave. Una de las más relevantes está relacionada con el reconocimiento de la velocidad como un factor de riesgo para la vida humana y de afectación a la convivencia de las personas en las zonas urbanas. La gestión de velocidades marcada en la ley como un aspecto fundamental para reducir lesiones y muertes debido a percances o hechos viales establece límites homogéneos para todas las entidades, de acuerdo con los tipos de vialidad:

20 km/h: zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar.

20 km/h: zonas y entornos escolares en vías secundarias.

30 km/h: calles secundarias y terciarias.

50 km/h: avenidas primarias sin acceso controlado.

80 km/h: carriles centrales de avenidas de acceso controlado.

80 km/h: carreteras fuera de zonas urbanas.

50 km/h: carreteras dentro de zonas urbanas.

110 km/h para automóviles, 95 km/h para autobuses y 80 km/h para transporte de bienes y mercancías en carreteras y autopistas.

Esta ley también hace manifiesto que la vía pública es el espacio destinado al traslado de personas y no de vehículos automotores, para lo cual introduce como principio rector la pirámide de movilidad, que prioriza el uso y diseño de las vialidades de acuerdo con la siguiente jerarquía:

Tránsito de personas peatonas

Tránsito de personas ciclistas y de otros modos no motorizados

Tránsito del transporte público

Tránsito de transporte de carga y distribución de mercancías

Tránsito de vehículos motorizados

Un tercer aspecto de gran impacto que se establece la LGMSV es el diseño de la estructura de gobernanza en escala nacional. El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial está conformado por la representación de cada una de las 32 entidades del país y por tres dependencias federales: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Su presidencia es rotativa anualmente; se alterna entre la Sedatu y la SICT. Desde su creación en octubre de 2022, ha llevado a cabo diversas actividades clave para implementar y dar continuidad a las políticas de movilidad y seguridad vial en México:

Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov). Esta estrategia, presentada formalmente en mayo de 2023, se centra en establecer acciones de corto, mediano y largo plazo para mejorar varios aspectos relacionados con la movilidad, como lo es la accesibilidad y la seguridad vial, pero sobre todo introduce un enfoque transversal que resalta la importancia de la perspectiva de género y la inclusión, promoviendo acciones para lograr una movilidad que reconozca y aborde las desigualdades de accesibilidad en las ciudades mexicanas.

Armonización de leyes estatales. El sistema ha promovido la armonización de leyes estatales y reglamentos municipales con la ley general. De acuerdo con el informe del SNMSV 2022-2023 publicado por la Sedatu, 15 estados habían armonizado sus leyes locales con la ley general: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posiblemente a la fecha de la publicación de este artículo más entidades ya habrán completado el proceso de armonización.

Aprobación de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPC). Durante la quinta sesión ordinaria, en junio de 2024, el sistema aprobó esta política con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia del transporte público en las ciudades. Esta política se enfoca en generar condiciones que permitan mejorar la cobertura, calidad y eficiencia del transporte público y sirve como guía para que cada estado pueda adaptar sus propios modelos de transporte de acuerdo con las necesidades y particularidades de cada zona urbana.

Como parte de todo este impulso para lograr una movilidad urbana más segura, se publicó el 12 de abril de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-004-SEDATU-2023, titulada “Estructura y diseño para vías urbanas”. Esta norma, desarrollada con la coordinación de la Sedatu y la SICT, tiene como objetivo establecer las especificaciones y lineamientos para la planeación y diseño de las vías urbanas en México. Su propósito principal es la integración de elementos de infraestructura para mejorar la seguridad vial, con un enfoque especial en la protección de peatones y usuarios de modos de transporte no motorizados, y garantizar la movilidad bajo los principios de sostenibilidad y diseño universal.

Sistema integral de transporte para la movilidad

La accesibilidad es el principio clave cuando se habla de movilidad urbana, y la infraestructura adecuada desempeña un papel central en la implementación de este principio. La accesibilidad es el producto de la suma de la conectividad y la proximidad. Por una parte, el ordenamiento del desarrollo urbano es crucial para favorecer la cercanía entre los orígenes y los destinos, mientras que, por otro lado, el sistema de transporte es el que provee la conectividad entre ellos.

La provisión del transporte (tanto de la infraestructura como de los modos) debe basarse en una visión sistémica: la interoperación de las diferentes infraestructuras y modos de transporte que facilitan las cadenas de viajes de las personas y reducen las barreras de desplazamiento. Para el gremio de la ingeniería civil, este enfoque sistémico tiene que permear desde la planificación y el diseño de infraestructura para la movilidad hasta su construcción, conservación y operación. La infraestructura adecuada no solo mejora la eficiencia del transporte, sino que también reduce las barreras de acceso y fomenta la integración social.

Las experiencias internacionales subrayan la importancia de la planeación coordinada del transporte y el uso del suelo para reducir tiempos de desplazamiento, mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida. Un claro ejemplo es el sistema TransMilenio en Bogotá, Colombia, que desde su implementación ha reconfigurado la infraestructura urbana de la ciudad. Este modelo de bus rapid transit (BRT) opera en corredores exclusivos, y promueve así un desarrollo urbano de alta densidad y usos mixtos alrededor de sus estaciones.

De manera similar, en Curitiba, Brasil, el primer sistema BRT del mundo ha sido fundamental para la estrategia de ordenamiento territorial de la ciudad. La planificación integral en Curitiba ha orientado el crecimiento urbano en torno a los ejes de transporte del BRT, asegurando un acceso equitativo a los servicios esenciales. Esta estrategia ha promovido la integración social y mejoras significativas en la calidad de vida, al tiempo que ha reducido la dependencia del automóvil y los impactos negativos en el medio ambiente.

En México, se han desarrollado sistemas BRT en varias ciudades con enfoques similares. En la Ciudad de México, el metrobús, lanzado en 2005, ha crecido hasta contar con siete líneas que cubren más de 140 kilómetros. La infraestructura de carriles exclusivos ha facilitado la reducción de tiempos de desplazamiento, a la vez que fomenta la interconexión con otros sistemas masivos, como el metro y el tren ligero, pero también con una red de ciclovías de más de 570 km por los que se realizan cerca de 450,000 viajes diarios. Esta interconectividad del sistema ha sido clave para mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad del transporte en la capital del país.

En Guadalajara, el sistema de Mi Macro Periférico, inaugurado en 2022, ha revolucionado la movilidad de la ciudad al cubrir 41.5 kilómetros y conectar diversos municipios que componen las principales áreas de la zona metropolitana de Guadalajara. Este sistema BRT no solo ofrece infraestructura segura, accesible y con áreas de estacionamiento para bicicletas, sino que también se complementa con el programa Mi Movilidad, que busca integrar diferentes modos de transporte bajo un sistema de pago unificado. Este enfoque ha permitido fortalecer la conectividad y mejorar la experiencia de las personas usuarias, al hacer más eficiente el transporte y aumentar la accesibilidad.

Por otra parte, en la ciudad de León, Guanajuato, el sistema Optibús, que fue implementado en 2003, fue pionero en México como primer sistema BRT de alta capacidad. Actualmente cuenta con 30 kilómetros de corredores con carriles exclusivos y estaciones de transferencia con las que se ha optimizado la integración de rutas troncales y servicios alimentadores. Esta infraestructura ha permitido que el sistema se convierta en una alternativa real de movilidad para las personas, al ofrecer un transporte más confiable y accesible. El sistema es reconocido por su diseño eficiente y su impacto positivo en la movilidad urbana, y se destaca como uno de los mejores sistemas de transporte en América Latina.

Conclusiones

En el contexto urbano contemporáneo, la movilidad urbana se presenta como un desafío crítico y una oportunidad clave para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las ciudades. La expansión desordenada, la congestión vial y la insuficiencia de alternativas de transporte público han llevado a la necesidad de repensar las políticas de ordenamiento territorial y los sistemas de transporte.

En la planeación y diseño de las soluciones para atender las necesidades de la movilidad urbana, la infraestructura adecuada se convierte en la columna vertebral para el desarrollo de un sistema de transporte seguro, accesible y eficiente que priorice la seguridad, la equidad y la accesibilidad.

La ingeniería civil desempeña un papel crucial en la implementación de los principios rectores de la movilidad urbana. La pirámide de movilidad resalta la necesidad de infraestructura que proteja y facilite el desplazamiento de los usuarios más vulnerables. La creación de vías peatonales seguras, ciclovías bien integradas y nodos de intercambio eficientes acordes con la NOM-004-SEDATU-2023 es fundamental para cumplir con este principio

Para el gremio de la ingeniería civil, la planificación y el diseño de infraestructura requiere comprender el enfoque sistémico en el que los diferentes modos de transporte interactúan para que exista una interconexión eficaz. El diseño de la infraestructura debe tener como primer factor ofrecer seguridad a las personas usuarias. La infraestructura adecuada también reduce las barreras de acceso y fomenta la integración social.

Es fundamental entender a la movilidad como una parte esencial de la vida humana y, por tanto, como un derecho clave que permite acceder a otros derechos. Todas las personas deben tener la posibilidad de transitar para cubrir sus necesidades básicas cotidianas. Este derecho debe reconocer la diversidad de la sociedad y proveer soluciones inclusivas, por ejemplo, las tareas de cuidado, como el transporte de niños, personas mayores o personas con discapacidad. Para la ingeniería civil, este entendimiento implica incluir un enfoque en diseños accesibles y seguros, no vistos como complementos sino componentes esenciales que garantizan la movilidad de una manera incluyente, para que las personas más vulnerables puedan moverse con seguridad y dignidad

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