La infraestructura del transporte en México
En este trabajo se comentan, de manera general, los principales retos que enfrenta la infraestructura mexicana del transporte y que deberán ser atendidos por las administraciones públicas federales, estatales y municipales durante los próximos 25 años, con planes y programas para el desarrollo de la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. En cada apartado se describen los desafíos por subsector y, por último, se enumeran las acciones que sería conveniente promover en el ámbito de la ingeniería civil mexicana para hacer frente a estos retos.
Infraestructura carretera
Es indispensable continuar la modernización de los ejes del transporte carretero del país, es decir, su rectificación de trazo y actualización de señalamiento, para hacerlos más seguros; su ampliación en función del tránsito vehicular existente y su crecimiento futuro; su rehabilitación o reforzamiento en caso de haber sido superada su capacidad de carga o haber sido afectados por fenómenos naturales, o estar expuestos a los efectos del cambio climático; la construcción de los libramientos de las principales ciudades de cada estado, asegurando, mediante la construcción de nuevas carreteras, la redundancia de tramos estratégicos de acceso regional, lo que permitirá que el autotransporte de carga y el transporte privado y público de pasajeros de largo itinerario circule en forma continua, segura y resiliente. Así se obtendrá una mejor integración territorial nacional y competitividad, mediante un transporte más eficaz y de menor costo.
Complementar y mejorar los caminos de acceso a las cabeceras municipales del país, para reducir los costos de abasto y acceso a servicios básicos de sus comunidades e integrarlas a la red nacional de caminos pavimentados, iniciando por aquellos municipios con mayores índices de marginación.
Complementar e integrar los sistemas viales primarios de las zonas metropolitanas y ciudades medias del país, es decir, aquellas vías rápidas o avenidas que permiten también llegar a las principales áreas comerciales, industriales, administrativas o de servicios desde las zonas habitacionales y que dan acceso a la red federal, estatal o municipal de carreteras. De esta forma se contribuye a la accesibilidad, inclusión y eficiencia de los servicios logísticos y de movilidad de los principales centros productivos y poblacionales del país.
Ello debe servir para estructurar el desarrollo urbano y regional en el territorio, para lo cual es deseable, además, promover y regular que la red federal –ya sea de cuota o libre de peaje– solamente se conecte o enlace con las redes estatales, y estas con las municipales.
Tal jerarquización de conectividad debe acompañarse de la construcción de los enlaces necesarios mediante entronques, distribuidores y accesos modernos que aseguren la continuidad de flujos a velocidades compatibles seguras, y la incorporación de las comunidades cercanas con enfoques de escala metropolitana regional y microrregional.
Lograr que la seguridad vial sea tal que los accidentes fatales tiendan a desaparecer, que se reduzcan sustancialmente las lesiones a las personas, que dichas lesiones sean menos graves y que los daños materiales se abatan considerablemente; todo ello mediante la atención y corrección de la infraestructura carretera, incluyendo su señalización vertical y horizontal, y la incorporación de sistemas inteligentes de transporte, de conformidad con lo que señalen las auditorías de seguridad vial o revisiones técnicas con dicho enfoque. Estas auditorías o criterios de revisión deben promoverse tanto en la etapa de proyecto de infraestructura nueva como en las carreteras en operación, iniciando con las que presenten mayor número de accidentes fatales.
Asegurar que la conservación y el mantenimiento periódico sean técnicamente eficaces y económicamente eficientes en toda la red nacional de caminos a través de procesos que garanticen la seguridad de los usuarios de los caminos con buena señalización y manejo de tránsito durante las obras, destinando los recursos técnicos y económicos necesarios para ello y realizando los debidos estudios de ingeniería, promoviendo nuevas tecnologías sostenibles e incorporando programas de integración social y ambiental de carreteras nuevas y en operación; revisando y disminuyendo su impacto en las comunidades, integrándolas a los beneficios que ofrece la infraestructura a la naturaleza y su biodiversidad, y adaptándolas a los efectos hidrometeorológicos del cambio climático, para alcanzar a largo plazo un sistema carretero resiliente y sostenible.
Revisar y aplicar normas que permitan incluir en los proyectos nuevos y existentes las medidas necesarias para adecuar paulatinamente la infraestructura de carreteras a la circulación de vehículos más seguros, con asistencias electrónicas activas a la conducción (ADA), y autónomos.
Infraestructura ferroviaria
Para contribuir al desarrollo económico y social del país, es necesario tomar medidas orientadas a facilitar y apoyar la continua modernización de los ejes ferroviarios de carga del país, incrementando su capacidad de carga y de tráfico según la demanda mediante la mejora de su infraestructura y equipamiento, su señalamiento y sistemas para su gestión segura y la construcción de libramientos en las principales ciudades, consolidando la complementariedad y redundancia terrestre multimodal e intermodal de accesos estratégicos a puertos terrestres y marítimos y a los principales centros de población y producción, lo que permitirá que el transporte nacional interurbano e internacional de carga circule en forma continua, más rápida y segura y, con ello, brinde mayor competitividad logística al país.
Desarrollar políticas públicas que promuevan el incremento de la participación del ferrocarril en la distribución modal terrestre, para que el tráfico de carga pase del 25% actual a por lo menos el 40%, con el fin de reducir su costo generalizado, incluyendo los costos externos ambientales y de seguridad.
Incrementar los servicios intermodales a través de la consolidación, ampliación y construcción de terminales intermodales y de transferencia de carga de zonas metropolitanas y ciudades grandes y medias del país, de manera que se incremente su capacidad y se enlacen funcionalmente con las zonas industriales y centros de acopio y distribución de productos para contribuir a la accesibilidad, inclusión y eficiencia de los servicios logísticos nacionales y regionales, de acuerdo con la demanda actual y esperada.
Construir libramientos en las ciudades con mayor interacción entre el ferrocarril y la movilidad urbana (mayor cantidad de cruceros a nivel con mayor frecuencia de trenes y vehículos) y promover la construcción de pasos a desnivel para mejorar la convivencia segura entre vialidades y ferrovías –considerando la existencia de más de 7,000 cruceros a nivel en el país– estableciendo las prioridades en los planes y programas de ejecución.
Preservar la infraestructura de vía y demás activos ferroviarios, concesionados y no concesionados, en desuso o revertidos, evaluando las oportunidades de desarrollo que formen parte de proyectos de servicios ferroviarios de pasajeros urbanos, interurbanos y regionales, así como de proyectos de desarrollo turístico, industrial, agrícola, minero o energético.
Desarrollar el transporte masivo de pasajeros sobre rieles con programas de movilidad integral segura y sostenible en las zonas metropolitanas y regiones de alta densidad poblacional urbana del país.
Mejorar el diseño, construcción y mantenimiento de vías férreas, así como la operación y la prestación del servicio público de transporte ferroviario para proveer seguridad y confiabilidad de los servicios ferroviarios con los más altos estándares, mediante la operación eficaz de un sistema normativo moderno, revisado y actualizado y las capacidades tecnológicas y humanas suficientes para ello, considerando su adaptación ante los efectos meteorológicos derivados del cambio climático, para alcanzar un sistema ferroviario resiliente.
Infraestructura marítimo-portuaria
De conformidad con la demanda, debidamente concertada con los agentes económicos y logísticos regionales y partes interesadas, las administraciones portuarias de la Secretaría de Marina en algunos de los puertos comerciales del país deberán diseñar y adaptar las terminales, patios, instalaciones, vialidades, accesos, suministros y reservas territoriales para acoger una mayor cantidad de buques en tráfico de cabotaje (flujos internos de carga) y la navegación de corta distancia a lo largo de nuestros litorales. Deberán, en consecuencia, dotarse del equipamiento necesario para la carga y descarga de los buques y para el manejo de los diversos flujos de carga, según su naturaleza.
Similarmente, para manejar los crecientes flujos de gran cabotaje (flujos costeros de carga internacional de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica) que sean concertados por las partes interesadas nacionales y de otros países, las administraciones portuarias de los puertos comerciales mexicanos tendrán que adaptar o complementar sus distintos espacios e instalaciones de inspección aduanal, sanitaria, migratoria y de seguridad, además de terminales, patios, vialidades y acceso y reservas territoriales. Asimismo deberán, en consecuencia, dotarse del equipamiento necesario para la carga y descarga de los buques y el manejo de los flujos de carga según su tipo.
Particularmente, las terminales marítimas y portuarias dedicadas a recibir y expedir petróleo y sus derivados, así como otros combustibles y minerales, deberán adaptarse a los cambios futuros de magnitud de estos flujos, debido a los desarrollos industriales del país y a los cambios previsibles de los patrones de consumo nacionales e internacionales.
Como resultado del incremento en el tráfico portuario, y según su magnitud y frecuencia, deberá planearse y programarse el desarrollo de la infraestructura portuaria y, en su caso, invertirse en patios y terminales intermodales y de transferencia de carga puerto-ferrocarril, así como en mejores enlaces, incluyendo posibles líneas cortas ferroviarias, si el desarrollo industrial o minero regional cercano lo ameritan.
Para conservar la integridad estructural de muelles y obras de protección y mantener profundidades adecuadas de navegación y atraque, así como el señalamiento marítimo para un servicio seguro, los puertos deberán implantar sistemas de gestión de activos portuarios para asegurar el monitoreo e intervención preventiva oportunos.
Dichos sistemas de gestión habrán de considerar también los riesgos de fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos producidos por el cambio climático, y medidas de prevención y mitigación consecuentes, así como el monitoreo y atención de la mitigación del impacto ambiental de posibles descargas de los buques que arriben a los puertos y terminales marítimo-portuarias del país. Las autoridades portuarias deberán contar con capacidad para el cumplimiento de las normativas ambientales internacionales y nacionales, así como de equipamiento de salvamento y rescate.
En forma similar a la de los puertos comerciales, los puertos turísticos y pesqueros del país deberán planear y programar su desarrollo futuro, considerando las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y la necesaria convivencia armónica puerto-ciudad para evitar afectaciones a la movilidad local.
Infraestructura aeroportuaria
De conformidad con la rápida y previsible evolución de la demanda, las autoridades, los agentes económicos y los operadores de aeropuertos (concesionarios, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, etc.) deberán desarrollar planes y programas de corto, mediano y largo plazo para la infraestructura de pistas, calles de rodaje, señalamientos, terminales de pasajeros, plataformas, estacionamientos, aduanas, combustibles, almacenes, vialidades, accesos y reservas territoriales, con objeto de atender la futura demanda de aeronaves con tráfico doméstico de pasajeros y carga. Deberán, en consecuencia, prever en sus programas el mantenimiento y conservación adecuados de su infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación de todo tipo de servicios a los pasajeros y a la carga de las aeronaves, según su tipo.

Análogamente, para manejar los flujos internacionales de carga y pasajeros de otros países, los operadores de aeropuertos civiles internacionales deberán desarrollar planes y programas para construir la infraestructura necesaria y adaptar o complementar sus distintos espacios e instalaciones de inspección aduanal, sanitaria, migratoria y de seguridad, además de terminales, plataformas, vialidades y accesos y reservas territoriales, entre otros. Asimismo, deberán hacerse del equipamiento necesario para operar el movimiento de carga y el embarque y desembarque de pasajeros, según tamaño de aeronave y origen o destino de los flujos. Estas acciones deben estar incorporadas en los planes quinquenales a que los obliga la regulación existente.
Para conservar la funcionalidad de los aeropuertos, deberán implantarse sistemas de gestión de activos aeroportuarios que permitan asegurar el monitoreo y mantenimiento preventivo oportunos del estado estructural de edificios, pistas, calles de rodaje y plataformas, así como sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, señalamiento y comunicaciones, y desarrollar programas multianuales de conservación que garanticen la seguridad y sostenibilidad de las instalaciones y el equipamiento necesario para una operación eficiente.
Dichos sistemas deberán considerar en los diseños de su infraestructura los riesgos hidrometeorológicos extremos producidos por el cambio climático y medidas de prevención y mitigación consecuentes, así como el monitoreo y atención de la mitigación del impacto ambiental producido por la operación aeroportuaria, como el manejo adecuado de combustibles y otros suministros y residuos, emisión de gases y ruido. Las autoridades y los concesionarios operadores de los aeropuertos deberán adoptar las medidas para el cumplimiento de las normas ambientales internacionales y nacionales.
Atención especial deberá darse al desarrollo de los sistemas de información suficiente y oportuna a los pasajeros, proveedores de servicios aéreos y propietarios y operadores de carga, para asegurar una operación fluida cotidiana y resiliente ante eventos sanitarios o meteorológicos y de seguridad pública emergentes.
Infraestructura para la movilidad urbana
Impulsar, junto con los gobiernos estatales y municipales, el mejoramiento de la operación, la seguridad y la sostenibilidad del transporte público concesionado (vehículos, conductores, rutas, paradas, terminales, etc.) en los centros de población, con especial atención a los de 100,000 o más habitantes.
En las ciudades más grandes del país, evaluar e impulsar el transporte público masivo de pasajeros, de preferencia con vehículos de cero emisiones mediante red eléctrica (tren, tren ligero, metro, tranvía, etcétera).
Impulsar, junto con los gobiernos estatales, los municipales y sus delegaciones y alcaldías, el mejoramiento de la operación y la sostenibilidad del transporte de carga, mediante el desarrollo de plataformas logísticas de diferente tipo y la aplicación avanzada de tecnologías para la circulación vial y el uso de vialidades urbanas.
Promover la creación de observatorios de movilidad urbana en ciudades con poblaciones mayores que un millón de habitantes, donde participen representantes de la ciudadanía, académicos, así como miembros de los distintos niveles de gobierno y de la iniciativa privada. Los observatorios orientarán la generación, actualización y análisis de la información de movilidad, considerando a todos los actores y lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Impulsar, junto con los gobiernos estatales, la planeación y programación en el corto, mediano y largo plazo; el desarrollo y adecuada implementación de sistemas adaptativos de control del tráfico para mejorar las condiciones del tránsito en arterias semaforizadas, la reducción de las emisiones contaminantes y la entrega a los usuarios de información en tiempo real.
Impulsar que las autoridades municipales establezcan, desarrollen y operen sistemas avanzados de información al viajero para mantener informados a los usuarios en tiempo real sobre los tiempos de viaje y desplazamiento en la red multimodal de transporte, incluyendo las modalidades de movilidad activa y micromovilidad asistida, mediante convenios de colaboración de las autoridades estatales y municipales de transporte con las empresas de aplicaciones de navegación (como GoogleMaps) y promoviendo la cooperación con las autoridades locales mediante asistencia tecnológica y apoyos presupuestales o de créditos de la banca de desarrollo.
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en materia de movilidad urbana: crear un Proyecto Nacional de Movilidad Urbana donde participen miembros de las universidades que actualmente estudian el tema, junto con secretarías, dependencias y entidades del gobierno federal y empresas privadas relacionadas con el tema, a fin de impulsar desarrollos tecnológicos y software para mejorar la infraestructura y los servicios de transporte y movilidad urbana del país, recomendando la creación de un fondo de recursos económicos para tal efecto, con la participación de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Necesidad de impulsar el intermodalismo
México ha desarrollado a lo largo de los años un amplio sistema de infraestructura y operación del transporte, pero ha privilegiado el modo de transporte carretero. No se soslaya su importancia; sin embargo, es momento de dar un golpe de timón y fomentar, mediante políticas explícitas, el mayor impulso al intermodalismo en el país. Debe impulsarse la consolidación y complementación de las obras de infraestructura faltantes en los principales corredores a partir del diagnóstico de la situación actual del sistema de transporte de carga en México y de las oportunidades de integración con los corredores internacionales, principalmente con América del Norte. Ello da la base para priorizar la cartera de iniciativas y proyectos que la SICT ha venido analizando en años recientes.
Los lineamientos principales para el impulso al intermodalismo se recogen a continuación, con base en documentos de la SICT y opiniones de expertos del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Revisión de la gobernanza para el intermodalismo
Se propone iniciar con un grupo de coordinación liderado por el sector público, con la participación de la SICT (Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal y Dirección General de Autotransporte Federal), la Secretaría de Marina (Coordinación General de Puertos y Marina Mercante), la Secretaría de Economía, la Sedatu, el Sistema de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Tren Maya y el Instituto Mexicano de Transporte. Del lado del sector privado se convocaría a las principales organizaciones que representan a los prestadores de servicios y otras organizaciones relacionadas, como la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y la Cámara Naviera, entre otras. Convendría convocar también a la academia, para propiciar temas relativos a investigación, desarrollo, innovación y formación de recursos humanos.
El objetivo central de la nueva gobernanza es establecer los temas de política pública requeridos, promover la realización del Plan de Desarrollo de Corredores, promover la generación de carteras de proyectos logísticos y los esquemas de participación público-privada, especialmente el programa de desarrollo propuesto de plataformas logísticas. El nuevo sistema tendería a utilizar en mayor medida el transporte ferroviario y el cabotaje, así como rutas marítimas internacionales de corta distancia, particularmente en la región del Golfo de México y el Caribe.
Otras acciones de coordinación
Alineamiento con políticas de ordenamiento territorial. Las necesidades e impactos de los procesos integrales de logística requieren una hermandad adecuada con los usos del suelo. Será necesario complementar la normativa de desarrollo urbano y territorial existente de manera que focalicen y desplieguen mapas de idoneidad logística, en contra de la tradicional política de ubicación en el sitio donde el terreno es más barato.
Alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), resiliencia y adaptación al cambio climático. Todos los elementos estarán alineados al cumplimiento de los ODS, eficiencia energética, fortalecimiento de la resiliencia logística y adaptación al cambio climático, especialmente en los nuevos desarrollos de tipo costero que habrán de promoverse.
Programa específico del sector logístico: plataformas logísticas. Se propone estructurar un programa específico de apoyo a la identificación, evaluación, estructuración y financiamiento de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas.
Acciones generales para el desarrollo de todos los modos de transporte
Establecer como política sectorial que, para un desarrollo eficiente de la infraestructura, se apliquen –desde su etapa inicial de estudios de ingeniería básica hasta la puesta en operación de las obras– las modernas tecnologías de la gerencia de proyecto, reforzando las capacidades de los profesionales en todas las áreas; establecer su aplicación obligatoria en proyectos de mediana y gran inversión en las obras de carreteras y ferrocarriles; de diseño hidráulico y estructural de obras fluviomarítimas, marítimas y portuarias, específicamente de operación logística portuaria; de conservación y operación aeroportuaria, particularmente de seguridad de la operación.
Reforzar los cuadros de ingeniería con profesionales especialistas en la planeación y programación del desarrollo territorial, regional y urbano, así como con ingenieros ambientales, geólogos y geotécnicos, además de ingenieros de tránsito y de transporte y modeladores matemáticos especialistas en logística y seguridad.
Conocer y utilizar tecnologías similares a BIM, sistemas de información geográfica y análisis de datos masivos de movilidad (data science); aplicar ingeniería de valor y criterios de seguridad vial en la etapa de proyecto, así como el análisis de riesgos.
Con especialistas en tecnologías de la información y comunicaciones y con científicos de datos y de desarrollo socioeconómico, generar tecnología para implementar modelos de simulación para la planeación territorial y de movilidad; para mejorar la integración y operación logística intermodal ferrocarril-carretera y ferrocarril-vías marítimas, así como ferrocarril-puerto
y carretera-vialidades-puerto; sistemas inteligentes de transporte y aplicaciones móviles que contribuyan a mejorar la eficiencia de los ciclos vehiculares y de las operaciones en muelles y patios; la fluidez y seguridad del tránsito vehicular en terminales, puertos, antepuertos y otros nodos logísticos.
Promover con las instituciones de educación superior la creación de la especialidad o maestría en gestión y conservación técnico-económica de activos y reingeniería de infraestructura y sistemas de transporte, con subespecialidades en puertos, ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, incluyendo la gestión de riesgos, el uso de nuevos materiales y el reciclaje de los utilizados, y criterios de mejora continua de la sustentabilidad y la seguridad.
Como gremio, colaborar con la SICT para impulsar adecuaciones a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, procurando la creación del Instituto Nacional de Seguridad Vial que norme y coordine las acciones de todas las dependencias y entidades relacionadas con la seguridad vial, así como las adecuaciones necesarias a la Ley de Vías Generales de Comunicaciones y demás relativas a la infraestructura y operación del transporte seguro y sostenible en territorio nacional; la adopción y cumplimiento del marco técnico normativo ferroviario vigente (Normas de Construcción de la SICT, Normas Oficiales Mexicanas, American Railway Engineering and Maintenance of Way Association y Reglas de Oficina de la Association of American RailRoads), así como de las normas portuarias, aeroportuarias y ambientales. En el ámbito ferroviario, debe evitarse la aplicación de normas distintas de las vigentes, como las europeas o asiáticas, para asegurar la homologación y la interconectividad de la infraestructura, la operación y el servicio ferroviario.
Deben establecerse las normas técnicas necesarias para enfrentar los retos de la economía circular y promover la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico relativo a la seguridad de la construcción y operación de los sistemas ferroviarios y la de activos y riesgos portuarios y aeroportuarios.
Promover la participación de la sociedad y del gremio de la ingeniería civil en el establecimiento en la SICT de un sistema de planeación y programación para el desarrollo de la infraestructura del transporte.
Conclusiones
La infraestructura del transporte en todas sus modalidades –carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y movilidad urbana– es un detonante natural de desarrollo y bienestar social, e impulsor de las economías; es impostergable su mejoramiento integral, incluyendo planeación de largo plazo, esquemas de financiamiento novedosos, mantenimiento y operación eficientes, todo ello con la adopción de nuevas y mejores metodologías y tecnologías en todas sus áreas y fases.
Es necesaria una planeación de largo plazo, inversión creciente y sostenida en infraestructura sustentable y en capital humano de excelencia, en tecnologías y sistemas de vanguardia; en procedimientos constructivos altamente eficientes que prioricen la economía circular, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social, y planes y programas de operación y mantenimiento eficientes; todo ello rendirá frutos en los ámbitos comercial, industrial, social y de desarrollo económico.
Un marco jurídico confiable y una normativa clara y precisa incentivan la confianza de los inversionistas para promover el desarrollo social y económico, y en consecuencia un crecimiento sostenido
Elaborado por el Comité Técnico de Infraestructura del Transporte para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México para entregar a las autoridades de la nueva administración federal.