María de las Nieves Carbonell León Química con especialidad en Gestión y política ambiental con 31 años de experiencia en el área ambiental. Consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En este trabajo se analiza el uso en nuestro país del gas natural y se concluye que, lejos de representar un beneficio para el planeta, su uso conlleva severos efectos adversos que potencian el calentamiento global, pues su principal componente es el metano, un potente gas de efecto invernadero.
Cuando se habla de transición energética, en general se entiende como un cambio de modelo energético hacia uno basado en energías renovables. Sin embargo, en nuestro país, desde la reforma energética y la promulgación de la Ley de Transición Energética (LTE), lejos de impulsarse un cambio hacia energías renovables se favorece el uso, para la producción de electricidad, de un combustible fósil como el gas natural, bien sea al amparo del concepto de energía limpia establecido en la legislación, o con la idea propuesta por las grandes petroleras de que el gas natural es un combustible puente que facilitaría la implantación de energías renovables.
El cambio climático, consecuencia del calentamiento global, es inequívoco y uno de los grandes problemas que la humanidad afronta colectivamente. La influencia humana en el sistema climático, cada vez más clara, se debe al aumento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, originado por el incremento de la producción y uso de combustibles fósiles –petróleo, gas y carbón– para obtención de energía (IPCC, 2014).
A consecuencia de ello, la temperatura media global del planeta ha aumentado 1 ºC desde la era preindustrial, lo que da lugar a eventos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado adicional implica nuevos riesgos, que amenazan con la extinción de ecosistemas enteros. El Informe Especial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2015) alerta que sólo quedan tres décadas para actuar, y establece la importancia de no rebasar el límite de 1.5 ºC de aumento de temperatura con respecto a la era preindustrial; de incrementarse la temperatura más allá de este límite, los impactos serán catastróficos e irreversibles (IPCC, 2018).
Un desafío importante para México es cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París, de diciembre de 2015, de reducir el 22% de gases de efecto invernadero al 2030 con respecto a la línea base.
Pero mientras en la mayoría de los países del mundo se debate sobre la necesidad de realizar una verdadera transición energética, entendida ésta como un cambio de paradigma energético hacia fuentes renovables con objeto de reducir las emisiones de GEI y detener el temido aumento de la temperatura media del planeta, en México, desde la reforma energética y la promulgación de la Ley de Transición Energética, la política energética y climática apuestan por el uso de un combustible fósil: el gas natural, lo cual tiene como consecuencia un aumento significativo de las emisiones de un contaminante climático de vida corta, con un elevado potencial de calentamiento global como es el metano, lo que trae consigo consecuencias negativas para el clima global.
Transición energética
La LTE, publicada en diciembre de 2015 en cumplimiento de los artículos transitorios 17 y 18 del Decreto de Reforma Energética, tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como enunciar las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Establece que la Secretaría de Energía (Sener) fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024.
Para desentrañar qué se entiende por energías limpias, la LTE remite a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 11 de agosto de 2014, y señala que son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que se expidan. Entre las energías limpias se consideran las energías renovables como eólica, solar, oceánica, hidroeléctica, geotérmica y los bioenergéticos; las energías no renovables como el aprovechamiento de residuos e hidrógeno, la generada por ingenios azucareros y la nuclear; pero además, se incluyen tecnologías que utilizan combustibles fósiles, en especial gas natural, como cogeneración eficiente, energía generada por centrales térmicas acoplada a procesos de captura y almacenamiento de carbono, tecnologías de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacionales y otras tecnologías que determinen la Sener y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La tasa de emisiones de estas últimas no debe sobrepasar los 100 kg/MW-h.
En este sentido, el Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional (Prodesen) 2018-2032 reconoce que “mientras más amplia sea la definición y el listado de tecnologías consideradas como limpias, menor será el costo de incorporar dichas tecnologías al sistema, esto permitirá renovar la competitividad del país, contar con una matriz de generación eléctrica diversificada y mantener un balance eficiente y seguro del sistema” (Sener, 2017).
Por lo anterior, se puede inferir que con esta definición se buscaba “que las metas fijadas en la LTE fuesen cubiertas no sólo con energías renovables, sino con la participación de un combustible fósil: el gas natural” (Mendívil, 2016). Es de notar que la LTE abroga la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética que contemplaba la meta de generar, al 2014, el 35% de la energía eléctrica con fuentes renovables.
Por otra parte, desde hace tiempo se ha venido considerando al gas natural como un combustible de bajas emisiones de carbono y una alternativa al uso de combustibles fósiles como carbón, diésel o combustóleo. Incluso las grandes petroleras han propagado la idea de que ésta es una fuente de energía puente para la transición a energías renovables, con el razonamiento de que, para lograr las metas a largo plazo de reducción de emisiones, es necesario reducir la combustión de productos con mayor huella de carbono por unidad de energía producida y sustituirlos por gas natural de origen tanto convencional como no convencional.
En la Quinta Evaluación (2014) del IPCC se sugieren los posibles beneficios de aumentar la producción de gas natural (CCC, 2014).
Política energética y ambiental y fomento del gas natural
Tanto los programas del sector eléctrico (Prodesen) como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 establecen como una de sus estrategias la sustitución de combustibles sólidos y líquidos por gas natural, privilegiando la tecnología de generación de energía eléctrica mediante ciclo combinado, que utiliza gas natural. En 2018, el 51.3% de la energía generada se produjo mediante esta tecnología, mientras que sólo el 10.2.% con energía hidroeléctrica, 3.9% con eólica, 0.7% con fotovoltaica y 1.7 con energía geotérmica (Sener, 2019).
De 2017 a 2018 el consumo de gas natural aumentó en 6.34% y, de acuerdo con el Prodesen 2018-2032, se prevé un incremento total de 36.1% en el periodo.
Esta política a favor del uso de gas natural se ve refrendada en diversos compromisos y documentos, en especial de la Semarnat. Por ejemplo, México fue el único país en el mundo que incluyó en sus contribuciones al Acuerdo de París una meta de reducción de la emisión de carbono negro, mejor conocido como hollín, debido a que este contaminante tiene su origen en el uso de combustibles líquidos o sólidos, y la mejor manera de reducir su emisión es su sustitución por gas natural. En este mismo acuerdo, nuestro país no comprometió metas específicas en materia de energías renovables, al contrario de países como Brasil, India y China que sí pusieron metas enérgicas. En la Conferencia de las Partes COP 21, México declaró que su política de promoción de energías limpias estaba basada en el impuesto al carbono, establecido desde 2013, pero este impuesto se aplica a todos los combustibles fósiles, excepto al gas natural (Mendívil, 2016).
Importación de gas natural y dependencia energética
El aumento en el uso de gas natural está soportado básicamente en la importación de este combustible fósil; sólo de 2016 a 2018 la importación de gas natural aumentó en 32% (Sener, s/f) y el 87% de las importaciones provino de EUA. En 2018 se tenía prevista la entrada en operación de 10 nuevos gasoductos, y durante la administración anterior entraron en operación seis puntos de internación adicionales de gas natural desde nuestro vecino del norte y se estimaba que entrarían dos interconexiones más en 2018-2019 (Sener, 2015); con ello se genera un elevado nivel de dependencia respecto de ese país, lo que coloca a México en una posición de vulnerabilidad.
Reforzando lo anterior, es importante destacar que “el aumento en la producción de gas shale coloca a EUA como el primer productor de este combustible a nivel mundial” (Vargas, 2014).
En consecuencia, “el proyecto hegemónico de EUA [busca] convertir a México en un espacio de realización comercial de su excedente productivo de gas shale […]; la tendencia predominante en el corto plazo para México es como país importador de gas natural, por lo anterior, nos encaminamos hacia una dependencia estructural” (Vargas, 2019) que mina nuestra seguridad y soberanía energética.
Gas natural y cambio climático
Nuestro sistema energético está sumido en una profunda crisis. Durante siglos hemos dependido de los combustibles fósiles, cuya producción, proceso, transporte y distribución genera impactos negativos al medio ambiente y al sistema climático.
Si bien ninguna tecnología de generación de energía eléctrica está libre de impactos negativos al medio ambiente, es oportuno precisar que la producción con energías fósiles tiene un impacto medioambiental 31 veces superior al de las energías renovables (APPA, s/f).
En relación con el uso de gas natural, es necesario detallar cuáles son las consecuencias de esta política de fomento al uso del gas natural y la pertinencia de que sea considerado como un combustible puente para transitar hacia un modelo energético bajo en carbono con predominancia de energías renovables, esto en virtud de que su combustión emite menor cantidad de GEI por unidad de energía que otros combustibles fósiles.
El gas natural está compuesto principalmente de metano, cuyo potencial de efecto invernadero es 28 veces superior al del dióxido de carbono, gas de efecto invernadero producto de la combustión. Este valor se obtiene considerando un horizonte de 100 años; sin embargo, la vida media del metano en la atmósfera es de 12 años. Considerando la urgente necesidad de reducir emisiones a corto plazo, y tomando en cuenta que sólo quedan tres décadas para actuar y evitar sobrepasar el límite de 1.5 ºC, Howarth (2014) señala que resulta más apropiado utilizar el valor de potencial de calentamiento global a 20 años, que es 86 veces superior al del dióxido de carbono. Partiendo de lo anterior, la huella de GEI por el uso de gas natural en la generación de energía eléctrica es aproximadamente 30% mayor que con el uso del carbón.
En todas las etapas del manejo de gas natural se generan emisiones fugitivas o liberación directa a la atmósfera; éstas son la principal fuente de emisiones de metano en EUA y se ha estimado que pueden llegar a ser hasta de un 10% del gas natural manejado.
Conclusiones
La reforma energética y la aplicación de la LTE y sus instrumentos de política y programación, lejos de hacer transitar a México hacia una verdadera descarbonización de su economía mediante el estímulo de energías renovables, apuesta por una mayor extracción, importación y uso en la industria eléctrica de un combustible fósil, el gas natural, como combustible puente.
Ante el informe del IPCC de 2018, que apremia a reducir el consumo de combustibles fósiles, debe adoptarse un modelo energético sustentable basado en energías renovables, desarrolladas en forma ordenada, fomentando la justicia, la seguridad y la soberanía energética del país, de manera respetuosa con las comunidades. Se requiere modificar la LTE y el concepto de energías limpias, y establecer metas concretas para energías renovables
