Tarifas y la sostenibilidad de los servicios de agua
Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son esenciales para la salud, el desarrollo y bienestar de cualquier sociedad. Sin embargo, la gestión eficiente de este recurso depende en gran medida de la sostenibilidad económica de los organismos encargados de proveerlos. Con la nuev administración del gobierno federal se presenta la oportunidad de implementar un nuevo modelo de gestión para el subsector agua potable, que lo lleve a mayores eficiencias en beneficio de los usuarios, junto con la implementación de tarifas que permitan la autosuficiencia y sostenibilidad de los servicios.
Ramón Aguirre Díaz Ingeniero civil con trayectoria de más de 40 años en agua potable y saneamiento.
Desafortunadamente, el subsector agua potable ha venido disminuyendo sus estándares en los últimos años y se encuentra descapitalizado, con serios problemas para el mantenimiento y reposición de una infraestructura construida hace 40 años en promedio. No ha contado con la atención, el apoyo ni las inversiones necesarias y presenta un rezago de varias décadas; ahora claramente necesita fuertes cantidades de recursos para atender las crecientes necesidades que permitan responder a la dinámica de las ciudades y poblaciones en México.
Para lograr una mejora sustancial en el subsector, las tarifas que se cobran no solo deben ser suficientes para cubrir los costos operativos y de mantenimiento, sino que también deben hacer posible contribuir a la inversión en mejoras del sistema, en busca de una gradual pero sostenida mejora de estos.
En México, las tarifas de agua potable son un tema de controversia. Por un lado, algunas personas tienden a asociar el agua con un bien que debería ser gratuito, o por lo menos muy barato, pues lo ven como un derecho humano. Sin embargo, en términos prácticos, los recursos que requiere la infraestructura para captar, potabilizar, distribuir y tratar las aguas residuales son significativos. Esta dicotomía ha generado problemas en la percepción pública y en la gestión financiera de los organismos operadores.
La falta de tarifas realistas y el agua embotellada
El establecimiento de tarifas de agua que sean realistas es clave para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Tarifas demasiado bajas no permiten cubrir los costos de operación y mantenimiento, y esto resulta en el deterioro gradual de la infraestructura. La falta de recursos provoca que las redes de distribución de agua envejezcan, que no se realicen las reparaciones necesarias a tiempo y que la calidad del agua disminuya, lo que afecta directamente la salud de los usuarios y la confianza en el sistema.
A medida que los sistemas de agua se deterioran por falta de inversión, el acceso a agua potable de calidad se ve comprometido. En consecuencia, los ciudadanos se ven obligados a recurrir a soluciones costosas, como el consumo de agua embotellada. Esta situación es particularmente evidente en México, donde el consumo de agua embotellada ha alcanzado niveles muy elevados y esto ha llevado a convertir al país en el mayor consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo (tabla 1), con un promedio de 243 litros por persona al año.
Este alto consumo de agua embotellada no solo refleja una preocupación por la calidad del agua del sistema público, sino también un gasto considerable para las familias mexicanas. En términos económicos, el costo del agua embotellada es significativamente mayor al costo del agua del grifo: mientras que el costo promedio de un metro cúbico de agua potable en México es de 0.74 dólares por metro cúbico, el agua embotellada puede costar hasta 1,000 veces más por litro.
Además, la Red Mexicana de Acción por el Agua (Freshwater Action Network Mexico) ha estimado que cada día se tiran 21 millones de botellas de plástico en nuestro país, lo que nos convierte, sin duda, en el mayor generador de este tipo de basura en el mundo.
Impacto de tarifas bajas en la calidad de los servicios y la percepción ciudadana
Cuando las tarifas del servicio de agua son artificialmente bajas debido a presiones políticas o sociales, los organismos operadores de agua no pueden generar los ingresos suficientes para cubrir los costos de operación, y mucho menos contribuir a la renovación o ampliación de la infraestructura. Esto incluye la potabilización, distribución y tratamiento de aguas residuales. Como resultado, las empresas se ven forzadas a reducir inversiones en mantenimiento y modernización de la infraestructura, se genera un deterioro gradual y sostenido de los servicios y con ello, también, una mala percepción de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de ello se expone en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el renglón de Potabilidad, que se refiere al porcentaje promedio nacional de la población que considera recibir agua bebible sin temor a enfermarse (24%). Esto significa que un 76% de la población desconfía del agua que se le suministra mediante la red de distribución y percibe que puede generarle daños a su salud. Ahora se entiende por qué México tiene un consumo tan alto de agua embotellada. En la figura 1 puede observarse el resultado para cada estado de la República mexicana.
Otros indicadores de la encuesta 2023 resultan reveladores: un 54% de la población está satisfecha con los servicios, lo que significa que el 46% no lo está. El 61% indica recibir agua pura y cristalina, lo que sin duda nos indica que el 39% seguro no está recibiendo agua potable por el simple hecho de que el agua le llega turbia.
Comparativa internacional de tarifas de agua
Para poner en perspectiva la situación tarifaria en México, es útil comparar las tarifas de agua con las de otros países. En la tabla 2 se presenta una comparación del costo promedio del agua potable en algunas ciudades del mundo.
Esta tabla muestra que las tarifas de agua en México son considerablemente más bajas que en muchos otros países desarrollados, e incluso latinoamericanos. Aquí se refleja la presión política para mantener tarifas bajas y explica en parte la falta de inversión en la infraestructura, pero también subraya la necesidad de ajustar las tarifas para garantizar la sostenibilidad del sistema. No hay ninguna razón que justifique que el agua en México tenga tarifas de la mitad de otros países, también latinoamericanos con ingresos per cápita similares.
Dotar de un servicio de calidad y cobrar lo justo y necesario resultará más barato para la población que tarifas artificialmente bajas que obligan al consumo de agua embotellada.
La percepción del agua como derecho humano
Existe una confusión al considerar al agua como un derecho humano que debe ser gratuito. Eso es inexacto. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, pero no necesariamente gratuita.
Los elementos o factores mínimos que han de ser cumplidos para garantizar el derecho humano al agua son los siguientes:
- La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.
- La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables.
- La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. Hablamos de accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información de cuestiones del agua.
Respecto a la accesibilidad económica, la ONU establece que ello implica que el costo del acceso al agua y a los servicios relacionados no debe ser tan alto que ponga en riesgo la capacidad de las personas de cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y la atención médica. Un 3% de los ingresos familiares se consideran adecuados para cubrir el consumo del agua para atender todas las necesidades domésticas.
Está claro que en México la creencia del agua como un derecho que no debe cobrarse es inadecuada, y que ignorar los costos involucrados en hacer que el agua llegue a los hogares de manera segura y constante es contraproducente. La educación pública debe ser clave para cambiar esta mentalidad. Los ciudadanos deben hacerse conscientes de que, sin tarifas adecuadas, los organismos operadores no podrán mejorar los niveles de servicio, lo que resultará en un mayor deterioro de la calidad del agua y en un acceso menos confiable al recurso.
Propuesta de sectores económicos y aumento progresivo de tarifas
Es obvio que los ingresos de las familias en una ciudad no son los mismos. La clasificación de sectores económicos en una ciudad obedece a una realidad que debe reflejarse en el esquema tarifario, sobre todo si partimos de que un 3% de los ingresos es lo que puede considerarse adecuado que pague una familia por su servicio de agua potable. Evidentemente, el 3% de los ingresos de un sector popular no es el mismo que el de un sector residencial. Este criterio puede incluso traducirse en la posibilidad de implementar subsidios cruzados, donde el sector con mayores ingresos pague un poco más del costo real y con ello contribuya al subsidio de los sectores menos favorecidos.
Existen varios criterios para esa clasificación por sectores económicos. En Bogotá, por ejemplo, se tienen seis bloques; en la Ciudad de México son cuatro. Una buena clasificación puede ser la siguiente, ubicando las colonias de las ciudades en cuatro sectores: popular, de interés social, urbano medio y residencial.
Junto con esta clasificación por sectores económicos es necesaria una implementación de aumento progresivo de tarifas. En lugar de imponer un aumento repentino y generalizado, las tarifas podrían incrementarse gradualmente durante un cierto periodo, para permitir que los ciudadanos se adapten al nuevo esquema tarifario.
Eficiencias físicas y comerciales
La estrategia de establecer sectores económicos y un aumento progresivo de tarifas debe complementarse con un programa de instalación de medidores, que permitiría a los usuarios pagar por la cantidad exacta de agua que consumen.
Este tema de la micromedición es estratégico y vital, porque ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir el desperdicio y aumentar los ingresos de los organismos operadores, ya que el principio de que cada quien pague por el agua que consume y que las tarifas sean con incrementos por bloques de consumo es fundamental. Además, sabemos que no podremos mejorar en eficiencia física si no medimos, y la medición del consumo de los usuarios es un asunto obligado para los organismos operadores.
El cuidado del agua en las ciudades y la eliminación de fugas requiere la implementación de proyectos de sectorización en las redes de distribución, donde la cuantificación de los volúmenes suministrados a un sector –haciendo el balance con el agua consumida por los usuarios– permite identificar las zonas donde más agua se pierde y con ello repararlas para la mejora de las eficiencias físicas.
Otro reto se tiene en la mejora de las eficiencias comerciales, que se refiere al porcentaje del agua que se cobra respecto a la que se factura. Estas eficiencias en México son en promedio del 70%, cifra muy baja, directamente relacionada con la mala percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben.
Todo esto nos obliga a avanzar de manera paralela en varios renglones, que se pueden resumir en: la calidad de los servicios (continuidad y presión), la calidad del agua, las eficiencias físicas y las eficiencias comerciales.
Conclusiones
La sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México enfrenta varios retos que deben abordarse de manera integral. En primer lugar, la estructura actual de tarifas no refleja el costo real de proporcionar los servicios hídricos, lo que, junto con menores subsidios, impide que se cuente con los recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias en mantenimiento e infraestructura. La falta de inversión ha resultado en un deterioro de los sistemas de agua, lo cual, a su vez, ha obligado a muchas familias a depender del agua embotellada, un recurso más caro y con un impacto ambiental significativo.
El derecho humano al agua establece que toda persona tiene derecho a acceder a una cantidad suficiente de agua que sea salubre, asequible y accesible. Sin embargo, en muchos casos este derecho ha sido malinterpretado como un servicio que debe ser gratuito, lo que ha contribuido a una presión política para mantener tarifas artificialmente bajas. Es esencial educar a la población sobre el verdadero valor de este recurso y la importancia de pagar por su uso. Al mismo tiempo, las tarifas deben ser justas y progresivas, de modo que se ajusten a la capacidad económica de los usuarios y no comprometan otras necesidades básicas, para lo cual es necesario introducir esquemas tarifarios con subsidios cruzados, donde los sectores de mayores ingresos contribuyan a cubrir el costo del agua para los sectores más vulnerables.
La implementación de medidores que permitan a los usuarios pagar según su consumo real también es crucial para fomentar un uso más responsable del agua y evitar el desperdicio, además de ser indispensables para el mejoramiento de las eficiencias físicas y comerciales, reducir pérdidas y asegurar la continuidad del servicio
