¿Quién debe pagar el costo del derecho humano al agua?
El acceso de las personas al agua es un derecho y no está en discusión. Lo que sí está en discusión es la forma en la que debe garantizarse, el costo que implica el hacerlo efectivo y quiénes deben asumir dicho costo. El tema se aborda en el artículo de portada de esta edición.
Los recursos necesarios para ofrecer el servicio con la calidad y oportunidad imprescindibles son multimillonarios. Los dos factores más relevantes para cubrir los costos que implica el suministro del vital líquido son las tarifas y las subvenciones.
Existe la convicción en amplios sectores de la sociedad mexicana –no así en otros países– de que, al estar el recurso en la naturaleza, el suministro debe ser gratuito, lo cual resulta imposible.
La principal responsabilidad de esta errónea convicción es de las autoridades, que durante décadas, por razones casi exclusivamente de política electoral, han evitado enfrentar el problema de la desinformación.
Necesariamente se requiere una efectiva, profusa y permanente campaña de información que genere conciencia entre los ciudadanos del costo y el valor del servicio del suministro de agua. Lo primero es hacer explícito lo obvio: el agua está en la naturaleza, pero ponerla al alcance de los ciudadanos requiere la participación de multiplicidad de organismos y profesionales especializados en brindar el servicio y la infraestructura de distintos niveles de complejidad.
Paradójicamente –y esto también es responsabilidad de las autoridades, por la misma razón expuesta–, la población de México, que en su enorme mayoría se resiste a pagar tarifas razonables por el servicio, es la mayor consumidora de agua embotellada en el mundo. Invierte en ello mucho más dinero que el que podría destinar al pago de una tarifa razonable por el servicio público domiciliario: las estimaciones señalan que paga hasta mil veces más por litro de agua. Solo como referencia, mientras en la ciudad de Oslo, Noruega, se pagan 5.51 dólares de tarifa, en la Ciudad de México se pagan 0.76 dólares.
No se trata de pasar abruptamente de una tarifa de 0.76 a una de 5.51 dólares –sería inaceptable para la población–, pero sí deberían las autoridades responsables desarrollar una campaña de información y concientización, al tiempo que un programa escalonado que lleve la tarifa en un plazo razonable –aceptable técnica y socialmente– de los actuales 76 centavos de dólar a una que, al menos, cubra los costos básicos de la operación del servicio.
Los editores.
