La problemática de disponibilidad de agua en la frontera México – Estados Unidos
El presente escrito tiene como objetivo ofrecer un marco general sobre la disponibilidad de agua en la frontera México-Estados Unidos. Se destacan las cuencas internacionales como los ríos Bravo y Colorado, así como la relación que existe entre ellas en los tratados formales. Se aborda el tema de los recortes, los cuales plantean retos para el desarrollo futuro y se establece que solo si se contempla la interrelación de las cuencas y la binacionalidad se puede entender el problema en toda su dimensión.
Marco Antonio Samaniego López Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California.
La frontera entre México y Estados Unidos no es solo una línea divisoria en la cual dos territorios soberanos se separan mediante leyes, reglamentos y procesos históricos. Su construcción como espacios está directamente vinculada a la forma en que se tomaron decisiones sobre cómo distribuir, administrar y controlar las aguas superficiales y subterráneas. Cada uno de los términos utilizados se encuentra entreverado con otros temas de un límite internacional, como son seguridad, relaciones comerciales, migración, contrabando y legislación internacional.
Por ello, plantear la problemática de la disponibilidad de agua en la frontera entre México y Estados Unidos es también abordar la forma en que se construyó el espacio fronterizo –dado que las cuencas internacionales abarcan afluentes de ambos lados– y, por tanto, coordinar los esfuerzos e intereses de grupos, organizaciones y organismos gubernamentales de diverso orden y con ideas sobre los usos sociales del agua (Samaniego, 2023).
La atención se centra en las cuencas internacionales, como son los ríos Bravo y Colorado, que confluyen en diferentes dimensiones en el límite internacional pero que cumplen un papel fundamental en el abasto urbano, la creación y explotación de más de dos millones de hectáreas en ambos países, la producción de energía eléctrica compartida, así como la reconstitución de espacios en sentido turístico. De igual forma, se contempla la restauración de áreas para la vida silvestre y la reproducción de la muy diversa flora endémica y la importada.
Por todo ello, los tratados de 1906 y 1944 son un eje articulador que se construyó para distribuir lo que era escaso y limitado –y en algunas zonas abundante durante algunos meses del año–, como el bajo delta del río Colorado, para, con visión desarrollista, utilizar el agua en los ámbitos productivos, sobre todo en la agricultura y el abasto para los servicios urbanos. Estas corrientes superficiales tienen profunda relación con los mantos acuíferos –alrededor de 18, también binacionales– que se encuentran a lo largo de los 3,152 kilómetros de límite internacional entre ambos países.
En el Bravo, los dos países, entre los múltiples usos mencionados, se distribuyen poco más 8,000 millones de metros cúbicos de forma diversa. En el Colorado, 20,000 millones de metros cúbicos. En el alto Bravo, bajo el tratado de 1906, México recibe 74 millones de metros cúbicos. En el bajo Bravo –sobre todo del Conchos–, con el tratado de 1944 México entrega 431 millones de metros cúbicos. En el Colorado, México recibe 1,850,234,000 m3. Con estas referencias simplificadas se pueden observar las codependencias en el espacio fronterizo y las relaciones contrapuestas no solo entre países, sino entre entidades de cada país.
Por ejemplo, entidades como Arizona y California se han enfrentado judicialmente en varias ocasiones, lo mismo que Nuevo México y Texas, que han logrado acuerdos, pero también gestado procesos judiciales que han durado varias décadas (Hundley, 1975). Es posible afirmar que existen más conflictos entre los estados de Estados Unidos que entre México y EUA. Por ello, escribir historia de la problemática de la disponibilidad del agua en esa región binacional exige conocer los procesos de ambos lados, porque el recurso como tal proviene de las mismas fuentes, y lo que suceda en el cuerpo de agua afecta en ambos sentidos.
Varios investigadores, viajeros y exploradores de ambos países, desde la segunda mitad del siglo XIX concluyeron que para habitar las tierras conocidas como el medio oeste estadounidense y casi todo el norte mexicano el problema no era la cantidad de tierra, sino el agua (Worster, 1985). Los materiales de construcción, la relación con la producción de energía, el motor de combustión interna y la idea de “conquistar” el desierto generó una inversión en tecnología hidráulica que tuvo implicaciones en todo el mundo, incluido, y a veces como punto central, el espacio fronterizo entre México y Estados Unidos (Samaniego, 2006). Paradójicamente, el bajo delta del río Colorado no es un desierto, pero con la construcción de las obras en el país vecino, sobre todo la presa Hoover, se redujo significativamente el caudal, lo que provocó el cambio drástico de flora y fauna, pero permitió la consolidación de una zona agrícola de 214,000 hectáreas, incluida una parte de Sonora.
Con este esquema de que el agua no sería suficiente para todos los usos necesarios, se realizaron los mencionados tratados, los cuales se enmarcan en la jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (International Boundary and Water Commision). En México, la institución depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en Estados Unidos, del Departamento de Estado.
Desde la firma de los tratados se contempló que podría haber reducciones de caudal, por lo que se hicieron previsiones para reducir los usos en el caso de que hubiera menos escorrentía; en el tratado de 1906 quedó establecido que sería de parte proporcional en lo que respecta al alto Bravo, donde todo el caudal surge de Colorado y Nuevo México, pero irriga a Texas, en la ciudad de El Paso, y a Ciudad Juárez, en Chihuahua. En el tratado de 1944 se contempló reducción para el río Colorado, pero no para el bajo Bravo, dado que se establecieron plazos de cinco años para cumplir con el compromiso. Es decir, si no se entregaba en un año, podría ser en otro, bajo el esquema de ciclos de cinco años. Por ello, cada lustro, desde hace varias décadas, se manifiesta inconformidad con el tratado, sobre todo de los agricultores del río Conchos.
Sin embargo, los recortes se contemplaron y se ratificaron en la década de 1960. Las entidades de Estados Unidos, con múltiples conflictos entre sí, pronosticaron que para finales del siglo XX habría que instaurar programas de recorte porque el agua no iba a alcanzar para todos los compromisos. Además, diversos grupos ambientalistas empezaron a reclamar agua para recuperar ciertas zonas en beneficio de plantas y animales. Desde finales del siglo XX y en lo que va de la presente centuria, se han implementado programas en ambos países; varios de ellos involucran a gestores que trabajan de manera coordinada, y en ocasiones confrontados con quienes prefieren el uso del agua para el abasto urbano y la producción de alimentos.
Así, la disponibilidad de agua se ha convertido en un tema central, sobre todo porque, desde mediados del siglo XX y hasta la fecha, el abasto urbano se ha incrementado notablemente, dado que las ciudades fronterizas han reconfigurado procesos productivos de orden internacional con el establecimiento de plantas maquiladoras (Stoddard, 1987). Dichas empresas, ligadas a grandes corporativos, aprovechan las excepciones fiscales que se han ofrecido tanto en México como en Estados Unidos para instalarse y desarrollar parte de sus procesos productivos. La contratación de mano de obra femenina, en una proporción de 80 o 90%, ha permitido que la industria maquiladora deje una marca en todas las ciudades fronterizas (Matamoros, Nuevo Laredo, Camargo, Mier, Reynosa, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana). Esto último incluye a las ciudades de Sonora –frontera con Arizona– como Nogales, solo que esta población está relacionada con otra cuenca: las de los ríos San Pedro y Santa Cruz, que no están considerados en los tratados mencionados.
Así, el agua para usos urbanos se ha incrementado, por las necesidades proporcionales al aumento de población, que ha sido exponencial desde, cuando menos, la década de 1960. De igual forma, ciudades de Arizona, o un lugar como Las Vegas, Nevada, vinculados directamente a la problemática de la cuenca internacional del río Colorado, crecen exponencialmente, y ello genera tensiones directas sobre el abasto. De igual forma, en las poblaciones del río Bravo el crecimiento de la industria maquiladora ha generado mayor migración y asentamientos, por lo que los usuarios urbanos se convierten en una amenaza para los usuarios agrícolas.
Con el incremento de la capacidad de perforación, las aguas subterráneas se han convertido en un apoyo fundamental para complementar las aguas superficiales, al grado de que en áreas como Ciudad Juárez/El Paso los organismos operadores cooperan para lograr el abasto. Lo mismo sucede en Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, donde la CILA/IBWC se coordina para el manejo de la planta de tratamiento de aguas, que se utiliza en ambos lados de la frontera. Se puede afirmar que en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso son las aguas subterráneas el verdadero sustento (Hatch, 2017).
Sin embargo, con el planteamiento generado socialmente sobre el cambio climático y el calentamiento global, los organismos de diferentes ámbitos de incidencia se han planteado preguntas sobre qué efectos pueden presentarse en la extensa zona. El término “Antropoceno” se ha creado para designar una era geológica en la cual las actividades humanas han repercutido en el clima y la biodiversidad, sobre todo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; se ha gestado un movimiento en el cual se plantea que las acciones extractivistas de diversos recursos han generado un cambio de tal magnitud que se amenaza la viabilidad del planeta (Crutzen, 2002).
Se acepte o no tal planteamiento, los usos sociales del agua, desde las primeras décadas del siglo XX, quedaron entrelazados entre los dos países, con posibilidades de negociación por parte de México pero sin negar que existen asimetrías de poder. Por ello, es crucial reconocer que los parámetros de acción están delimitados desde hace varias décadas, y que las propuestas que se realicen deben partir de realidades, no de supuestos. Es decir, no es productivo considerar si los tratados estuvieron bien o mal elaborados; el hecho es que con base en ellos se construyeron derechos que tienen muchos años en ejecución, y estos no se van a eliminar. Además, suponer que alguna entidad federativa va a aceptar la reducción de sus asignaciones es asumir supuestos sin sustento (Florio,1984). Dicho de manera simple, se trata de optimizar, con apoyo de las innovaciones tecnológicas, lo que ha sido y seguirá siendo escaso.
De igual forma, es necesario apuntar a una mejor gestión del recurso que posibilite una mayor justicia e igualdad, que permita que los diferentes agentes económicos atiendan sus necesidades sin generar falsas expectativas de que llegará más agua y sin explicar las complejidades en el ámbito de los organismos encargados de ello, sobre todo CILA/IBWC. Se requieren observatorios y organismos ciudadanos que vigilen y supervisen a las instituciones mediante la construcción de reglamentaciones y procesos que permitan una amplia participación para evitar los abusos de particulares u organismos.
Debe tomarse en consideración que el agua es un bien común. Si bien existen definiciones contemporáneas, el agua siempre ha sido motivo de apropiación limitada y de reparto entre los diversos grupos; ha sido motivo de luchas sociales y enfrentamientos, pero también de acuerdos sobre su uso y distribución. Los acuerdos formales han generado la formación de espacios agrícolas, urbanos e industriales. La informalidad, con tomas clandestinas, acuerdos informales o apropiación fuera de los marcos institucionales ha generado desconfianza y conflictos entre países, pero, sobre todo, entre usuarios dentro de cada país.
La escasez es un tema que está vinculado a la forma en que los usuarios se apropian de un recurso común, y por ello se establece una competencia sobre un recurso natural que para algunos se convierte en mercancía; hay zonas donde la sequía es una condición propia del clima, pero también producto de las acciones humanas que, en escenarios de posibilidad, han excedido las capacidades de los cuerpos de agua sin considerar los efectos que se generan ante la extracción. Dicho de manera simple, lo que es poco por condición se exacerba ante los escenarios de productividad que exceden las posibilidades que ofrece el ciclo hidrológico.
Una frontera habitada es motivo de interés de los dos países, dado que las capacidades de cada Estado para ejercer su función dependen de habitar el espacio y constituirlo con base en todas las necesidades que significa el ocupar el territorio. Apelando a los derechos sociales, los grupos humanos han generado la expectativa de que la naturaleza les provea lo necesario para la vida; es ese el sentido del discurso desarrollista que se ha impuesto, y del cual dependen alrededor de 60 millones de personas entre ambos países en los ámbitos productivos (agricultura, industria) y para los servicios urbanos.
Sin embargo, en términos reales, los anuncios de que existía un límite parecen cumplirse, y se han impuesto recortes para todos los estados en diferentes momentos, sobre todo en el siglo XXI. Los proyectos que se han implementado han obligado a algunas entidades a crear mecanismos que contemplan reducciones en la dotación de agua. México, con las actas 319 y 223 –y sobre todo la 330, firmada en 2024–, plantea un incremento en los recortes para el río Colorado (Cortez y Vega, 2017). Ante ello, se reducen en 300 millones de metros cúbicos las entregas a México, lo que obliga a repensar las prácticas y la administración a corto y largo plazo.
En 2026 se realizarán nuevas negociaciones, y en el contexto aquí planteado, se tomarán decisiones que afectarán, de manera contundente, las posibilidades de desarrollo futuro en la frontera norte de México (Kuhn y Fleck, 2019)
Referencias
Cortez, A., y N. B. Vega (2017). Actas 319 y 323 del Tratado Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos: ¿una nueva era de cooperación para el manejo de aguas transfronterizas del río Colorado?. Disponible en: www.researchgate.net/publication/333881546.
Crutzen, P. J. (2002). Geology of mankind. Nature 6867(415).
Florio, R. (1984). Arizona v. California: Finality as a water management tool. Catholic University Law Review 33: 457-477.
Hatch, G. (2017). Paso del Norte: la competencia por las aguas subterráneas transfronterizas. Ciudad Juárez: El Colegio de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Hundley, C. (1975). Water and the west. The Colorado river compact and the politics of water in the American west. Los Ángeles: University of California Press.
Kuhn, E., y J. Fleck (2019). Science be dammed: How ignoring inconvenient science drained the Colorado river. University of Arizona Press.
Samaniego, M. A. (2006). Ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944. El Colegio de México, Universidad Autónoma de Baja California.
Samaniego, M. A. (2023). Cuencas internacionales y construcción del espacio fronterizo. Paradojas y significados futuros de una relación. Universidad Autónoma de Nuevo León.
Stoddard, E. (1987). Maquila: Assembly plants in northern Mexico. El Paso: Texas Western Press.
Worster, D. (1985). Rivers of empire. Water, aridity & the growth of the american west. Nueva York: Phanteon Books.
