19 junio, 2024 5:10 pm

Garantizar la continuidad de obras para beneficio social

Charbel Jorge Estefan Chidiac. Presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados.


Tendrán prioridad los proyectos con mayor efecto positivo en la economía. Para la correcta ejecución de las obras, los proyectos deben presentar beneficios sociales cuantificables, viabilidad técnica y factibilidad jurídica y ambiental.

¿Es suficiente el monto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 para revertir el tiempo perdido en la creación de infraestructura?

En cada ejercicio fiscal se hace el mejor esfuerzo por asignar los recursos de forma eficaz, oportuna y eficiente considerando rubros de gran impacto en el bienestar de la sociedad, es decir, salud, educación y seguridad.

La creación de infraestructura obedece a un esquema multifactorial; sin duda la asignación de recursos es importante, pero para la correcta ejecución de las obras, los proyectos deben presentar beneficios sociales cuantificables, viabilidad técnica y factibilidad jurídica y ambiental.

En el PEF 2016 se tenían contemplados 738,869 millones de pesos para gasto en inversión, monto que durante este año se ha ajustado en alrededor de 2% para privilegiar los proyectos con mayor tasa de retorno social. Aquí cobran relevancia componentes ambientales, sociales y arqueológicos, así como los derechos de vía, que deberían ser considerados en etapas tempranas del desarrollo de proyectos por ser elementos clave en el éxito de éstos. La omisión de lo anterior contribuye a sobrecostos y sobreplazos en la ejecución, lo que reduce sus beneficios.

Ante el incierto entorno internacional también ha sido necesario realizar ajustes al gasto durante 2015 y 2016; sin embargo, se impulsan esquemas de financiamiento y contratación de proyectos de inversión en infraestructura que son un complemento a la inversión presupuestaria. Además, se han diseñado instrumentos financieros para promover la participación privada en proyectos de infraestructura. Finalmente, como parte del fortalecimiento a la educación pública, se prevé la emisión de Certificados de Infraestructura Escolar, que se cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores.

En el ramo de comunicaciones y transportes, el monto asignado en el PEF 2016 es de 86,890.3 millones de pesos (incluyendo recursos propios y fiscales) para los 735 programas y proyectos de inversión.

¿Cuáles han sido los efectos del PEF 2016 en el sector de la construcción?

La propia CMIC informó que en el primer trimestre de 2016 el PIB de la industria de la construcción registró un crecimiento de 2%, e incluso estima crear 6.2 millones de empleos en este año. Del total del ajuste anunciado en junio, únicamente 8.3% corresponde a gasto de inversión.

Los proyectos que tendrán prioridad durante el ejercicio 2016 serán aquellos con un mayor efecto positivo en la economía; los recursos se destinarán a proyectos viables que cuenten con todos los elementos técnicos, jurídicos y ambientales.

¿Cómo se está encarando el drástico recorte presupuestal que se anunció a comienzos de este año en el rubro de caminos rurales y carreteras alimentadoras?

El ajuste a ese programa únicamente se aplicó a los proyectos que no contaban con registro en la cartera de inversión que administra la Secretaría de Hacienda, y que por lo tanto no tenían todos los elementos para llevarse a cabo. Esto garantizará que los esfuerzos de la dependencia se canalicen en los proyectos que ya cuentan con los elementos necesarios para su pronta ejecución.

¿Qué medidas de control y seguimiento considera necesarias para que el ejercicio de la inversión presupuestaria se lleve a cabo de forma oportuna y transparente?

Todos los proyectos deben iniciar su ejecución cuando cuenten con los estudios técnicos, económicos y ambientales, con los proyectos ejecutivos concluidos y los permisos necesarios; y, en su caso, se tenga un avance importante en la liberación del derecho de vía.

Se necesita el cumplimiento de plazos y costos por parte de los contratistas, ampliar los modelos de supervisión interna y externa de las obras y seguir fortaleciendo tanto los procesos de evaluación para evitar los sobrecostos y sobreplazos como los procesos de transparencia en las licitaciones. En su caso, instaurar la gerencia de proyectos, lo cual permitirá un mejor seguimiento y toma de decisiones de los proyectos de inversión desde etapas tempranas hasta su operación y mantenimiento. Además, conocer plenamente el funcionamiento y aplicación de los vehículos de inversión adicionales propuestos por el gobierno federal.

¿Qué opina respecto a contar con un espacio de interlocución donde participen autoridades, especialistas en la materia, colegios y cámaras, que permita acuerdos para llevar a cabo los proyectos estratégicos de infraestructura, es decir, reactivar el Consejo Nacional de Infraestructura?

Es importante fortalecer estos medios de interlocución para impulsar la competitividad y una mejor planeación, por lo que se deben analizar los posibles alcances de ese consejo. Tanto yo personalmente como la Comisión de Infraestructura estaremos siempre abiertos al diálogo y a la concertación; sin embargo, cabe recordar que si bien las mesas de trabajo pueden ser enriquecedoras, un proyecto debe evaluarse a partir de indicadores económicos para garantizar un beneficio social.

Un problema señalado por los responsables de diversas áreas del gobierno que realizan los programas de desarrollo de infraestructura estratégica es que cuando éstos llegan al Legislativo suelen alterarse por intereses políticos, personales y partidistas, lo que orilla a construir sin planeación. ¿Cómo evitarlo? ¿Debería legislarse sobre esta materia para evitar arbitrariedades?

Los criterios por los que se establecen las metas y objetivos de los proyectos de inversión y se les asigna presupuesto están definidos en la normatividad vigente. El principio fundamental del Sistema Nacional de Planeación Democrática está consagrado en los artículos 25 y 26 de la Constitución, y se concreta a través del Plan Nacional de Desarrollo respectivo. Por otra parte, en el artículo 3° de la Ley de Planeación se establece que mediante dicho sistema se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Actualmente las comisiones, en el ámbito de sus competencias, acuerdan establecer criterios de análisis y discusión que incluyen elementos técnicos, sociales y presupuestales, para lo cual se evalúa cada propuesta con base en la normatividad vigente a fin de definir un análisis de los recursos ejercidos sin politizar la ejecución de los proyectos.

La CMIC pone gran atención al tema de la corrupción, de especiales implicaciones negativas en este sector. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esta práctica? ¿Cuáles son los retos y alternativas para solucionarlo?

En la Cámara de Diputados se consolidó un importante avance al respecto en la Ley de Obras. Desde la legislatura pasada se aprobaron diversas modificaciones, entre ellas las obligaciones para la contratación, con la finalidad de transparentar los procesos de seguimiento y ejecución de las obras. Actualmente el Senado está en proceso de analizar las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados. Cabe precisar que en el dictamen aprobado por esta cámara se prevén nuevos tipos administrativos que permiten sancionar conductas recurrentes de licitantes y contratistas tendientes a evadir el cumplimiento de la ley. Además, se incorporan medidas de apremio a las que podrán ser acreedores los servidores públicos y los particulares que incumplan los requerimientos que formule la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de sanción, inconformidad y conciliación. Se establece la obligación de realizar todos los actos relativos a la contratación y ejecución de las obras utilizando el sistema Compra Net. Estas reformas se complementan con el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Cuál será el impacto de las reformas constitucionales, fundamentalmente la energética, en la construcción, y en qué tiempo serán evidentes los resultados?

En lo que respecta al sector eléctrico, la reforma ha tenido un doble impacto en la industria de la construcción. Por un lado, se presenta un periodo de coyuntura en el que se impulsa la participación de constructores especializados en el proceso de modernización de la existente infraestructura de generación de energía eléctrica, con plantas más eficientes que utilizan tecnologías limpias y son menos intensivas en capital humano. Por el otro, se abre la posibilidad de que el sector participe del mercado eléctrico mayorista en cualquiera de sus modalidades.

Para el sector petrolífero se desarrolló, a través de una nueva organización en la industria de exploración y extracción de hidrocarburos, un Plan Quinquenal de Licitaciones para el periodo 2015-2019, con el cual se permitirá la inversión de capital privado en la mayoría de los eslabones de la cadena de valor de la industria petrolera. Como consecuencia, la industria de la construcción empezará a incorporar los beneficios de la reforma energética en la medida en que se avance en la construcción de la infraestructura que requerirán los nuevos proyectos energéticos.

¿Qué se espera en materia de infraestructura ferroviaria para esta administración?

En el PNI se integraron diversos proyectos tanto para mejorar la movilidad logística de carga como para contar con opciones modernas de transporte de pasajeros.

Una de las principales obras de esta administración es el tren México-Toluca, cuyo monto de inversión es de 44,067.2 mdp; en el PEF 2016 le fueron asignados 7,112.9 mdp. Al cierre de mayo este proyecto presentaba un avance físico de 33.1%. Asimismo, con la reforma al marco normativo en el sector, en particular la relativa al sistema ferroviario, corresponderá a la SHCP emitir su opinión respecto a la rentabilidad económica de las concesiones y sus prórrogas.

¿Cómo se prevé impulsar el esquema de APP para el crecimiento de infraestructura en México?

En abril de este año autorizamos en el Congreso reformas trascendentes al marco legal aplicable al proceso de autorización de los proyectos de APP; se busca agilizarlo y hacerlo más eficiente mediante la autorización de un “techo” global para ese tipo de proyectos por parte de la Cámara de Diputados a través del PEF, con lo que se podrán aprobar a lo largo de todo el ejercicio fiscal; asimismo, en lo sucesivo las APP deberán ser resueltas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta cámara.

También destacan las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que en adelante todo lo relacionado con los proyectos de APP aprobados durante el periodo que se reporta, así como aquellos en proceso de revisión, deberá ser incluido en los informes trimestrales que se rindan al Congreso a través de la SHCP; en este mismo sentido, la información a que se refiere el artículo 14 de la Ley de APP, es decir, los distintos análisis que determinen la viabilidad de un proyecto, deberá publicarse en el Portal de Transparencia Presupuestaria de dicha secretaría.

Para que estas reformas alcancen su fin último, es importante que las secretarías interesadas realicen los estudios necesarios para identificar las nuevas propuestas de APP y cumplan todos los requerimientos. Así se podrá evaluar la conveniencia de los nuevos proyectos sobre la modalidad tradicional de contratación pública.

¿Qué se debe corregir en el ámbito legislativo para que en cada cambio de sexenio y de partido político no se observe una caída en la inversión en infraestructura como la que se vivió en los años 2000 y 2013?

Existen diversos factores que impactan la inversión en infraestructura, no necesariamente se reflejan con el cambio de sexenio. Lo que sí es claro es que al inicio de cada administración se debe hacer una evaluación y diagnóstico de las acciones en materia de infraestructura.

En la actualidad se establece que en el proyecto de PEF se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución. Esta medida existe justamente para garantizar la continuidad de obras y proyectos en beneficio de la sociedad.

¿Qué medidas tomar para que en el cambio de gobierno en 2018 los proyectos de infraestructura no se detengan por falta de recursos?

Un proyecto en curso no puede detenerse de forma discrecional, pues tanto el gobierno como los contratistas están sujetos a la normatividad en materia de convenios y contratos.

Hoy en día hay algunos proyectos plurianuales que por su importancia trascienden los presupuestos y los sexenios. Hay un banco de proyectos contenido en la cartera de inversiones, tanto nuevos como en ejecución.

¿Existe un plan que considere la protección del medio ambiente en los proyectos de infraestructura para los próximos años?

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el PNI e incluso en los planes sectoriales se subraya la importancia de la protección al medio ambiente. En la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento se establece que en todas las obras se debe realizar un estudio de impacto ambiental, e incluso si existe algún efecto negativo controlable, deberá incluirse su mitigación en los costos del proyecto.

¿Existe alguna estrategia para impulsar los proyectos de infraestructura de energía sustentable?

El gobierno federal ha orientado la política de generación de energía eléctrica al uso de fuentes renovables y amigables con el medio ambiente, a través del desarrollo de centrales geotermoeléctricas, eólicas y de ciclo combinado. La participación social y privada en la inversión económica en el sector eléctrico ha impulsado el desarrollo de proyectos de infraestructura de energía sustentable mediante el esquema de financiamiento de Pidiregas. Asimismo, los Certificados de Energía Limpia son un instrumento de mercado que permitirá alcanzar mayor generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias y que incentivará el desarrollo de proyectos de energía sustentable

Entrevista de Daniel N. Moser

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