Raúl Alberto Zempoalteca Ramírez. Integrante de la Comisión de Desarrollo de Contabilidad y Auditoría Gubernamental sur del Colegio de Contadores Públicos de México.
La sociedad mexicana vive tiempos difíciles de pérdida de valores, desconfianza, falta de credibilidad, deshonra y decepción, de forma contraria a la naturaleza humana de hacer lo correcto.
Las experiencias de casos de impunidad, concentración de poder, gobiernos al servicio de grupos de poder, falta de transparencia en actos gubernamentales, formas jurídicas oscuras, muestran una sociedad dañada por la corrupción, un cáncer social que tiende a destruir y que difícilmente se combate y se detiene.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de ética, un término griego que significa “carácter” y se puede definir como un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. En ese contexto surgen las decisiones de las personas en su interacción con los otros a través del discernimiento de lo correcto y lo incorrecto. Este discernimiento es el que se ha deteriorado a pasos agigantados en todos los sectores del país, principalmente en el gubernamental, como consecuencia de la corrupción; en este concepto, México está ubicado en el lugar 95 de 168 países, según el informe de 2015 de Transparencia Internacional.
Es de llamar la atención que el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, que estuvo vigente durante 13 años (2002-2015) y al cual no se le dio difusión o seguimiento, y mucho menos se evaluó su instrumentación, fue desconocido para muchos funcionarios públicos.
En ese contexto, recientemente se estableció un compromiso con la ciudadanía para fortalecer las instituciones a través del combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, con el propósito de recuperar la confianza de la sociedad (tarea nada fácil). El 20 de agosto del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”.
El Código de Ética del gobierno federal consta de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público y 11 valores que todo servidor debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función: interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, integridad, cooperación, liderazgo, transparencia y rendición de cuentas.
Las Reglas de Integridad se relacionan con ámbitos, actividades y procesos en los que están involucrados los servidores públicos: actuación, información y contrataciones públicas; licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; programas gubernamentales; trámites y servicios; recursos humanos; administración de bienes muebles e inmuebles; procesos de evaluación; control interno; procedimiento administrativo; desempeño permanente con integridad, y por último cooperación con la integridad para el ejercicio público.El Código de Ética del gobierno federal consta de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público y 11 valores que todo servidor debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función: interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, integridad, cooperación, liderazgo, transparencia y rendición de cuentas.
Con el fin de que el Código de Ética en el servicio público funcione y sea posible identificar conductas inapropiadas o contrarias a éste, se crearon los comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en cada dependencia gubernamental. Una de las funciones de cada comité consiste en formular un código de conducta específico y ajustarlo a las actividades propias de la institución, para proporcionar orientación sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse los funcionarios del organismo y prevenir conflictos de interés; asimismo, se pretende que delimite la actuación de los servidores públicos en situaciones concretas.
Estas acciones son necesarias y, aunque no constituyen la solución definitiva para acabar con la corrupción y la ineficiencia administrativa, serán parte fundamental del proceso de prevención y control en el quehacer gubernamental. La problemática no es individual; requiere un esfuerzo integral en el que participen universidades, gobierno y organizaciones, pero sobre todo es necesario afianzar valores en el seno familiar mediante la práctica y enseñanza de conductas apropiadas que se conviertan en hábito. Si logramos estar convencidos de los beneficios y comprometidos con estas acciones, seguramente dispondremos de mejores servidores públicos y tendremos un mejor país.
