Analizamos las mejores prácticas en materia de financiamiento de la infraestructura
El Comité de Financiamiento del CICM tiene un enfoque transversal. Los análisis que se dan en su seno tienen un ánimo propositivo y están enfocados en ofrecer soluciones desde la perspectiva de los ingenieros civiles en materia de financiamiento. La visión de los ingenieros aporta desde el punto de vista la planeación y del financiamiento en todos los tipos de infraestructura.
Ricardo Erazo García Cano Ingeniero civil con diplomado en Finanzas. Fue coordinador de asesores en la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT. Coordinador del Comité Técnico de Financiamiento del CICM.
Ingeniería Civil (IC): ¿Cuáles son las prioridades, los resultados y las perspectivas sobre el sector de infraestructura que tiene el Comité Técnico de Financiamiento del CICM?
Ricardo Erazo García Cano (REGC): El Comité de Financiamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de México tiene como objetivo visibilizar la opinión de los ingenieros en un tema no tan común en el ejercicio de nuestra profesión, que es el financiamiento de la infraestructura. Siempre preocupados por las soluciones técnicas, los procesos de planeación, los diseños y tecnologías de vanguardia, se agrega a los trabajos de una agrupación profesional como es el CICM este comité, que analiza las mejores prácticas en materia de financiamiento de los diferentes tipos de infraestructura, para luego hacer una revisión de cuáles son aplicables en México y así poder derivar algunas recomendaciones y propuestas que puedan llevarse a las autoridades para que las consideren y para que se cubra un objetivo final, que es incentivar mayor inversión en infraestructura.
IC: ¿Qué resultados ha tenido el trabajo del comité técnico y cuáles son las perspectivas que tienen respecto a ellos?
REGC: Se ha participado en dos documentos que realizó el colegio para su acercamiento a las autoridades federales y a las de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde se incluyó un capítulo específico de financiamiento. Ahora estamos en el proceso de realizar una ronda de sesiones del propio comité para abordar muy específicamente el análisis de mejores prácticas para el financiamiento de infraestructura. Iniciaremos con la hidráulica para continuar con el tema del transporte, y después analizaremos los puertos fronterizos y logísticos, el tema de energía y otros sectores, como desarrollo urbano y vivienda.
IC: ¿Cuáles son las principales opciones actuales de financiamiento para infraestructura y qué opinión tiene sobre ellas?
REGC: Desde la administración federal inmediata anterior se han planteado cambios al modelo económico que derivaron en modificaciones a los esquemas de financiamiento. Por ejemplo, una línea muy clara que ya ha fijado también la administración actual es que considera la inversión privada en sus programas y proyectos, pero con una visión más social y humanista que se aleje de prácticas etiquetadas como neoliberales. Sin embargo, para interpretar correctamente esas señales es necesario conocer con más detalle hasta qué punto son aplicables algunos de los modelos de financiamiento ya utilizados y cuáles nuevos esquemas podrían surgir.
Hoy parece haber intención del gobierno de que el financiamiento de infraestructura se realice con inversión pública; no obstante, los datos conocidos apuntan a que no habrá suficientes presupuestos para poder invertir en infraestructura solo a partir de ingresos públicos, y seguramente por ello la administración federal que acaba de asumir ha señalado que sí habrá inversión privada e incluso conformó un Consejo Asesor Empresarial para la promoción de esta política y la interlocución con el sector privado.
IC: ¿Cuáles son los instrumentos que considera más viables en función de esta política de dar participación al sector privado?
REGC: Recordemos que los trabajos del comité son de análisis con un ánimo propositivo acerca de las mejores alternativas de financiamiento para los distintos tipos de infraestructura, siempre observando las directrices que las autoridades han definido. Por ejemplo, se planteó que para un cierto tipo de infraestructura, como la de los puertos marítimos y logísticos o la de los puertos fronterizos, se utilicen recursos del fondo aduanero; se sugirió que, de manera similar al Fondo Nacional de Infraestructura, pero esta vez de infraestructura fronteriza, los recursos que recaude ese fondo se especialicen en infraestructura en las aduanas, en los puertos y en las fronteras.
Ese tipo de instrumento se viene utilizando para fondear en parte los proyectos que se emprendieron en la administración pasada: participaron en el Interoceánico y una parte en el Tren Maya. Es una de las perspectivas viables.
Otra que se analiza es la tarifa por el uso de la infraestructura carretera (TUIC), que gravaría el transporte para poder complementar el financiamiento de los programas de conservación. Hay que diseñar muy bien esa tarifa y definir incluso la deducibilidad que tendría para efectos de las actividades económicas de transporte. Pero lo importante es que se etiqueta un recurso directamente a la actividad que genera mayor deterioro a las carreteras.
Hace poco se anunció el programa de conservación y se dijo que había 4,000 millones de pesos disponibles que se habían generado por una buena administración del gobierno que concluyó. Sin embargo, esa no parecería ser una fuente estable de financiamiento a largo plazo de este importante programa, por lo que hay que buscar alternativas.
Cabe destacar que estas dos propuestas ni son concesiones ni se dan en el contexto de los modelos de participación asociaciones público-privadas (APP) que tanto se han criticado: se basan en identificar márgenes de maniobra existentes para tratar de complementar el financiamiento de la inversión en infraestructura.
Como estas alternativas de financiamiento hay también aquellas que toman en cuenta la participación privada, en todos los casos observando nuevos criterios de sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), que conducen a la reinterpretación de los roles complementarios del sector público y el privado.
IC: ¿Cuáles son las características fundamentales de las fuentes de financiamiento y de las fuentes de fondeo? ¿Qué las distingue y cuáles son sus ventajas y desventajas?
REGC: Las fuentes de fondeo son aquellas de donde salen los recursos para pagar los gastos del proyecto, ya sean las inversiones de capital o los créditos. Y esas fuentes de fondeo pueden ser, por ejemplo, para el caso de las autopistas, las tarifas que se cobran. Para el caso de la energía eléctrica o del agua, igual: son las tarifas por el uso de esa energía o del agua. En el caso de los transportes urbanos, son las tarifas por el pase, por el pasaje, e incluso hasta los valores futuros de las tarifas por uso del aeropuerto, por ejemplo. Esos son los orígenes de los recursos. El financiamiento es cómo se obtienen esos recursos actualmente; son los esquemas de créditos, de bonos, de colocaciones en la bolsa, los fondos de inversión, entre otros. Esas son las fuentes de financiamiento.
IC: ¿Qué modelos eficientes existen en el ámbito mundial para el financiamiento que podrían aplicarse en México? Y, en su caso, ¿cuáles serían los ajustes requeridos?
REGC: Muchos de esos modelos han sido cuestionados en México desde la administración federal pasada –como las APP–, entre ellos los basados en concesiones o los modelos que se apoyan en proyectos de prestación de servicios, donde no se le cobra al usuario pero se le paga al inversionista en pagos periódicos, porque adelanta la inversión que se está requiriendo; así sucede en una reconstrucción, en una modernización, en la dotación de un cierto tipo de infraestructura. Y ese pago periódico se basa en recursos públicos, que después va amortizando el proyecto.
Sin embargo, por ejemplo la tarifa por uso de la infraestructura se utiliza en algunos países de la Unión Europea para atender reglas orientadas a la sustentabilidad financiera, vinculada a programas y proyectos apegados a criterios ESG.
IC: ¿Lo que en México se cuestiona es el modelo, o la forma en que se venía aplicando?
REGC: Creo que se critica la forma en que se aplicó. Tal vez los beneficios sociales de los proyectos de infraestructura desarrollados con esos modelos no eran tan ponderados como lo son ahora, y se visualiza que generaban más beneficios financieros que sociales; por ello es que se plantea su necesaria reinterpretación y el rediseño de modelos de financiamiento, vehículos de inversión y diversos elementos del ecosistema de negocios que hagan posible la participación privada.
IC: ¿Qué opciones novedosas de financiamiento de la infraestructura se le podrían proponer a la actual administración federal, considerando sus premisas económicas y políticas?
REGC: Eso estamos analizando en el Comité Técnico de Financiamiento. Hay variedad de alternativas y opciones novedosas que poner sobre la mesa. No son ocurrencias ni excesos de creatividad, son producto de un análisis de mejores prácticas y opiniones de experimentados profesionales de la ingeniería.
Solo una muestra de estos trabajos: en desarrollo urbano hay experiencias muy buenas, como las que se generaron en São Paulo, Brasil, donde, para poder revalorar el suelo con el fin de recuperar espacios públicos, estandarizaron los permisos de construcción hasta ciertos niveles de construcción en los terrenos. De ahí en adelante, cotizaron en un mercado de valores –ni siquiera se estableció por decreto de la autoridad– los permisos para construir más pisos, más vivienda. Al cotizarse en un mercado de valores libre, que se rige por la demanda y la oferta, esos permisos en determinadas zonas con mayor demanda, con mayor desarrollo de plusvalía, se van cotizando más alto. Y ese ingreso que generan, ese diferencial de precio, lo derivan directamente a la dotación de infraestructura. Entonces, evitaron con eso desarrollar zonas en las que no había infraestructura complementaria de servicios básicos. Novedoso, sin duda, y con muchas posibilidades de adaptarse para su aplicación en algunas ciudades de nuestro país.
IC: ¿El colegio va a aportar la descripción de estas opciones y en algún orden de prelación determinado?
REGC: Sí, de hecho ese es el objetivo que tenemos y buscaremos concretarlo bajo la figura de artículos o notas técnicas que emanen del comité con el formato de “alternativas de financiamiento para infraestructura”. La primera, que estamos próximos a concretar, es la de infraestructura hidráulica; vamos a analizar las mejores prácticas. Estamos revisando las prácticas en Tucson, Arizona, donde se considera una participación privada muy bien estructurada y con rendición de cuentas. En el documento que propusimos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se plantea desarrollar una empresa pública estatal que abarque todos los estados de la zona metropolitana, con mayores atribuciones a las actuales de los sistemas de aguas en los estados que conforman la ZMVM.
Después de analizar las alternativas de financiamiento para esta infraestructura seguiríamos con transporte, puertos, energía y otros sectores que ya mencionamos.
IC: Desde el punto de vista financiero, ¿hay algún papel que considere deberían desempeñar tanto el sector de investigación como el académico para construir mejores obras?
REGC: Sí. Hoy por hoy, el Comité de Financiamiento del colegio tiene un enfoque transversal, y en ello surgen las opiniones de los sectores de investigación y académicos de nuestro gremio. Nosotros participamos en todos los comités; los análisis que se dan en el Comité Técnico de Financiamiento son muy buenos y están enfocados en ofrecer soluciones desde la perspectiva de los ingenieros civiles en materia de financiamiento. En otros tiempos esperábamos lo que decía la Secretaría de Hacienda en materia de asignaciones de presupuesto, para tal vez proponer ejercerlo de la mejor manera, y nos quedábamos tranquilos con que hubiera inversión en infraestructura y –por qué no decirlo– trabajo para los ingenieros
Ahora la visión de los ingenieros aporta desde el punto de vista la planeación y del financiamiento en todos los tipos de infraestructura.
IC: Respecto a la participación de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en la gestión de infraestructura, ¿en qué medida afecta a la participación del sector privado, tanto en la gerencia de proyectos como en la construcción y, obviamente, en el financiamiento?
REGC: Todo lo que se refiere a trabajos que ejecuta la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina está ligado a presupuestos públicos. En realidad ellos no manejan ningún esquema que involucre la participación privada en inversión y financiamiento. Subcontratan algunas obras, algunos trabajos de supervisión, de gerencia de proyecto, pero todo es un modelo de obra pública.
IC: ¿Cómo juzga el impacto de las exigencias que en materia socioambiental plantean muchos agentes financieros en la concesión de créditos?
REGC: Eso ya es una realidad, no es una moda ni mucho menos. Las empresas, los fondos de inversión que vienen a participar y las empresas nacionales están cada vez más obligados por sus propias políticas empresariales, y desde algunas reglamentaciones en sus países de origen, a participar en estos esquemas de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. En esos tres elementos se basan ya todas sus inversiones, todas sus políticas. Hay algunos países en los que ya es obligatorio. Por ejemplo, en la Unión Europea en 2018 se inició la aplicación de MiFID II, que es la regulación del continente que obliga a las entidades que ofrecen asesoramiento sobre instrumentos financieros a preguntar a sus clientes si desean dar a sus carteras un enfoque sostenible. Al paso de seis años esto se ha traducido en un direccionamiento muy claro del interés de los inversionistas hacia empresas y proyectos que tienen ese enfoque.
En lo relativo a financiamiento, esto ya se está presentando; son más atractivos proyectos y empresas que aplican criterios ESG y ofrecen mejores tasas de rentabilidad por la viabilidad y estabilidad de flujos, dada la previa mitigación de riesgos.
IC: En ese orden de ideas, ¿qué opina de la alineación potencial de proyectos de infraestructura de la plataforma Proyectos México de Banobras con los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre la Taxonomía Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
REGC: Con respecto a Proyectos México, entiendo que su orientación es igual. Ahí reportan todos los proyectos en los que se participa bajo este esquema de asociación entre lo público y lo privado, y la participación del Fondo Nacional de Infraestructura y la banca de desarrollo. Sin embargo, su orientación es cada vez más hacia los proyectos que cumplen estos criterios y lo hacen público. En plataformas similares, uno de los elementos tiene que ver con si cumple o no estos criterios.
La publicación de la Taxonomía Sostenible de México, elaborada por la SHCP en 2023, constituye una herramienta para orientar igualmente el desarrollo de las actividades económicas hacia la sostenibilidad. Sería un paso más –muy plausible y alineado con las políticas que ha definido la recientemente iniciada administración federal 2024-2030– establecer una normativa similar a la MiFID II para el mercado de valores, ya que su efecto se vería en una mayor atracción a esas grandes empresas y fondos de inversión que buscamos captar en el escenario del nearshoring, ya que el ecosistema de negocios sería más cercano al de sus países de origen.
IC: Según datos del Fondo Monetario Internacional, en la medición de la deuda externa como porcentaje del PIB Japón tiene un 255%, EUA 121% y Canadá 107%. En el otro extremo se encuentran Chile, con 38%, y Rusia con 19%; México tiene un 54%. ¿Es alto y preocupante el caso de México para financiar infraestructura?
REGC: No cuento con los elementos suficientes para afirmar o pronunciarme al respecto. Sin embargo, creo que las autoridades hacendarias tendrán estudiados los márgenes y hasta dónde los niveles de deuda pueden mantenerse dadas las perspectivas económicas.
Desde la parte presupuestal, altos niveles de deuda generan presión de gasto para servir a esta, por lo que, al agregar los costos para el cumplimiento de compromisos de los programas sociales, el presupuesto para financiar infraestructura se entendería más limitado.
Creo que desde la perspectiva de los inversionistas habrá cautela al respecto, ya que las inversiones en infraestructura no solo dependen de ese factor –que sin duda incide en la calificación y niveles de riesgo–. Aparte de los niveles de deuda –interna y externa–, el marco jurídico, la fortaleza institucional, las políticas gubernamentales son la base para capturar el interés de los inversionistas en general.
IC: ¿Qué ánimo percibe en el comité acerca de los programas y proyectos de infraestructura que se han dado a conocer para los próximos años?
REGC: En general, siento que el ánimo de los integrantes del comité es propositivo, siempre con un análisis ingenieril de los temas, a veces crítico pero las más de las veces haciendo énfasis en la relevancia que tiene contar con procesos de planeación muy robustos, procesos de construcción, operación y mantenimiento igualmente relevantes y con el fin último de incentivar la mayor inversión en infraestructura con las mejores prácticas.
Mis compañeros comparten sus conocimientos y experiencias, que derivan en las recomendaciones apropiadas para el desarrollo de la infraestructura de los diferentes tipos. Algunos de ellos son coordinadores de otros comités técnicos de infraestructura del CICM y, como ya mencioné, el Comité de Financiamiento funciona transversalmente.
Todo ello me ha motivado a participar con mucho gusto coordinando este comité: se aprende y aporta en el contexto de una agrupación profesional y de amigos
Entrevista de Daniel N. Moser.
