Felipe Ochoa Rosso Presidente honorario y fundador de la firma de consultoría FOA, SC. Consultores.
Al comienzo de este diálogo, nuestro entrevistado nos muestra el documento final con los 1,600 proyectos, aunque no nos quedamos con un ejemplar porque no tiene autorización para divulgarlo.
Le preguntamos: ¿cómo nació en esta ocasión la iniciativa?
En abril se iniciaron conversaciones entre Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. En abril nuestra firma comenzó a trabajar en la propuesta y el 31 de julio quedó terminada.
El presidente se planteó un crecimiento promedio para el sexenio de 4%. En 2019 se estima 0%.
¿Con base en qué expectativa se elaboró la propuesta que los ingenieros civiles, por medio del CCE, le plantearon al gobierno federal?
Ese crecimiento es el que él quiere. Lo que el Banco de México estima es que será del 2%. Nosotros planteamos los dos escenarios, aunque los 1,600 proyectos están hechos para el escenario que planteó el presidente. Prácticamente todos los involucrados me plantearon que el crecimiento del 4% no habrá de suceder; les respondí que si vas a entregar este documento al presidente y él lo primero que lee es que el escenario no es el que él pretende, ni le prestará atención, entonces pongamos el que él pretende y que es el que el país requiere.
¿Cuál el monto de inversión estimada?
Cuatrocientos veinticuatro mil millones de dólares, en seis años.
¿Cómo se determina que van a ser tantas y tales obras de los sectores agua, energía, carreteras…?
Contamos con la pericia de haber realizado el ejercicio para tres sexenios, que son 18 años de experiencia. Sabemos cuántos proyectos se concretaron en los seis años, cuántos por sector de energía, transporte, agua, etc.; qué porcentaje le tocó a cada sector, qué resultados se obtuvieron y cómo estaban ligados con el Plan Nacional de Desarrollo, que por obligación de la Ley de Planeación tiene que hacerse cada sexenio.
Para este nuevo sexenio, tomamos el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente, que plantea cuatro proyectos estratégicos: Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y el Corredor Transístmico, destacando que su propósito es darle prioridad al sureste del país.
Asimismo, se incorporan propuestas como las del Congreso Nacional de Gobernadores, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación Nacional de Ingenieros Químicos y la aportada por una importante empresa productora de cemento y materiales para la construcción. Con base en eso, se estima el PIB anual y se propone un porcentaje para invertir en infraestructura.
Se parte de una decisión de política pública.
Claro. Nosotros conocemos la historia de los tres sexenios inmediatos anteriores, en el sentido de que la inversión en infraestructura nunca pasó de 4.6% del PIB, y en los últimos años, después de la caída del precio del petróleo, estuvo en 2.5%. Con este antecedente, ¿qué es lo que se le plantea al actual presidente?: una inversión en infraestructura equivalente al 5% del PIB anual durante el sexenio.
En el ámbito mundial, los países que crecen al 4% invierten aproximadamente 5% en infraestructura; con base en esa información, la propuesta fue invertir para los próximos seis años el 5% del PIB, asociada al crecimiento del 4% en promedio en la economía.
Pero ya no son seis sino cinco años.
Sí, pero le relato lo que hicimos a principios de 2019. Siendo ahora sólo cinco años, como acaba de decir el ingeniero Carlos Slim, lo que debe hacerse es acelerar el proceso de inversión para intentar alcanzar la meta.
Ha hablado poco el presidente del tema hídrico, del sector agua; sin embargo, es un tema crítico, que en 2017 sufrió una reducción impresionante del 70%. ¿Esto ustedes lo consideraron como un factor determinante, o sólo se guiaron por lo que dijo el presidente?
Nos guiamos por el estado que guarda la infraestructura de cada sector en el momento en que se hace el plan.
En función del estado que guarda la infraestructura en el sector hídrico, por ejemplo, el campo se lleva el 76% del recurso agua, cuando consumiría muchísimo menos si estuviera tecnificado. ¿Eso se consideró en el plan?
Por supuesto. La pregunta es si tendrían que usarse fondos fiscales o recursos privados para ello.
En el tema específico del agua, ¿qué se planteó para este primer año 2020?
Hay un problema muy serio con la calidad del agua, no tanto con el suministro. También con la sobreexplotación de los acuíferos. Uno de los proyectos que debe identificarse es cómo hacer para sustituir el agua de pozo para la agricultura por agua tratada.
Se trata de un asunto no sólo ni predominantemente de aspectos técnicos, sino sociales, políticos, culturales.
Nosotros estamos considerando todos los factores. Uno de los proyectos que se plantean en el Valle de México es modificar la fuente de los 20 metros cúbicos por segundo de agua de pozo que se está destinando en el Valle de México al riego, buscando que para ese fin se utilice en parte el agua tratada de la planta de tratamiento de Atotonilco, que procesa 50 metros cúbicos por segundo.
La prioridad del sector público es atender las necesidades de la sociedad, mientras que el sector empresarial, legítimamente, tiene la prioridad del rédito económico.
Se trata de intereses que no necesariamente coinciden; ¿cómo fue la negociación entre el gobierno y el sector empresarial? ¿Se puede considerar que el sector privado le impuso condiciones al gobierno para esta primera etapa del plan?
Dudo que se le puedan imponer condiciones al actual presidente. A mí los empresarios me plantearon que con base en mi experiencia y el interés del presidente hiciéramos la propuesta. Así llegamos a considerar 1,600 proyectos entre todos los sectores de actividad económica y estamos proponiendo el doble de la inversión en los sectores del bienestar social.
¿El doble comparado con qué?
El doble comparado con la tendencia de sexenios anteriores.
Le pregunté sobre obras concretas de la primera etapa y cité el caso del ferrocarril México-Toluca. Para esta primera etapa se plantearon, con base en los 1,600 proyectos, aquellos que podrían iniciarse de inmediato a partir de analizar si ya tienen proyecto ejecutivo, si cuentan con permisos y financiamiento, si hay alguien que ya esté interesado. Se revisaron criterios básicos de cumplimiento de requisitos elementales para determinar cuáles eran factibles de comenzarse en el corto y mediano plazo.
¿Esa fue una condición del gobierno?
No condición. El gobierno propuso que se consideraran esos factores para comenzar de inmediato y dejó en manos del sector empresarial la decisión de proponer cuáles. El equipo del CCE y la Oficina de la Presidencia dijeron: de estos 1,600, éstos son los 146 que se proponen para iniciar.
Esto es lo que dice el sector privado; ahora lo que pretendemos es que el gabinete indique cuáles de éstos son los proyectos que sí se pueden empezar en 2020.
La dependencia que más participó fue Comunicaciones y Obras Públicas, que rápidamente envió la lista de inversiones privadas que podría iniciar. La Secretaría de Energía presentará su propuesta más adelante.
¿Hay obras detonadoras de desarrollo que pueda identificar en la zona norte, centro, sur, sureste y litorales?
Sí. En el informe oficial se aprecia la distribución regional y la prioridad que por parte del gobierno recibe el Sur-Sureste.
Por sectores, el hídrico aparece poco considerado.
De hecho se identificaron 12 proyectos para iniciarlos, y de ellos cuatro para 2020. Por ejemplo, la desalinizadora de Rosarito y otros como el Programa de Disminución de la Sobreexplotación del Acuífero del Valle de México.
¿Todos los proyectos son de ejecución inmediata?
Hay 15 que se podrían haber iniciado el día de la presentación del programa, porque tienen todo lo que se necesita. Hay otros que pueden empezarse en un mes, otros en tres meses, seis meses, otros en el segundo semestre de 2020. Todos son con inversión privada: ni APP ni públicos.
Contamos con la pericia de haber realizado el ejercicio para tres sexenios, que son 18 años de experiencia. Sabemos cuántos proyectos se concretaron en los seis años, cuántos por sector de energía, transporte, agua, etc.; qué porcentaje le tocó a cada sector, qué resultados se obtuvieron y cómo estaban ligados con el Plan Nacional de Desarrollo, que por obligación de la Ley de Planeación tiene que hacerse cada sexenio.
¿Qué relación existe entre la propuesta empresarial, la que presentó finalmente el gobierno, la Ley de Obra Pública y el Plan Nacional de Desarrollo?
Hay una vinculación total, porque obviamente lo que nosotros hicimos está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo.
¿Cuál es el plan o el programa de evaluación y control tanto de cumplimiento de tiempos como de calidad?
Lo que nosotros propusimos cuando se firmó el acuerdo inicial de inversión en abril, que luego se ratificó públicamente, se llama Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Se acordó que contenga cuatro componentes, y están en el documento oficial, en la primera página, donde dice: hay un compromiso del sector privado para hacer las inversiones que aquí están; hay un compromiso del sector público de primero preparar todos los proyectos correspondientes en infraestructura; hay un compromiso de darle seguimiento, y el presidente participará periódicamente en ver que esto se esté dando.
Es lo que dice el acuerdo.
En su presentación durante el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que organiza el CICM, Carlos Slim dedicó un tiempo importante a mencionar, como ejemplo positivo, la experiencia china. Recuerdo que usted me obsequió un libro que elaboró sobre la experiencia de China, con muchos datos duros. ¿El caso del capitalismo de Estado que practica ese país influyó en la elaboración de la propuesta que culminó en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado?
Al ingeniero Slim le obsequié el mismo libro, y sé que lo tiene siempre a mano como una referencia. Sin duda la experiencia china de impulsar el desarrollo con la infraestructura influyó, y yo procuro actualizar dicha información permanentemente.
¿Qué opinión tiene sobre el manejo del Presupuesto de Egresos de la actual administración y la situación actual del sector construcción, cuya actividad ha caído dramáticamente en los últimos meses?
La situación del sector es grave porque no ha habido suficiente inversión durante 2019 en infraestructura; por eso resulta muy importante la propuesta del sector privado de invertir en ella.
¿Cuánto tiempo estima que se llevará recuperar el nivel previo a la caída?
La tendencia cambiará en muy corto plazo, se revertirá, pero la recuperación a los niveles de antes de la caída dependerá del volumen y el tiempo que demore la inversión. Estimo que un año.
Sobre el ferrocarril México-Toluca: todas las personas conocedoras y vinculadas al proyecto con las que hablé dicen que no es un negocio, que no hay manera de que eso dé rédito económico, pero el empresariado lo ha considerado en esta primera etapa del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. ¿Por qué?
Por ser un proyecto de infraestructura que fue justificado socioeconómicamente y el cual lleva una inversión sustancial ya realizada que incluye todo el material rodante. La inversión para concluirla permitiría adicionalmente una solución eficiente de movilidad al aeropuerto de Toluca dentro del sistema aeroportuario metropolitano. El costo de oportunidad, de no concluirlo, sería muy significativo para el país.
Por su grado de avance, se ha considerado parte del programa anunciado de inversión privada, puesto que el gobierno desea concluirlo con este tipo de inversión y está explorando las formas para lograr la recuperación financiera en el tiempo de la inversión faltante para proceder a su instrumentación.
Nosotros no lo incluimos en los proyectos por iniciar en 2020 puesto que existen problemas sociales en la zona de La Marquesa y en el tramo Observatorio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisa para darle solución en el curso de las negociaciones y para retomar así el proceso de construcción del proyecto hasta su conclusión.
Conocemos la historia de los tres sexenios inmediatos anteriores, en el sentido de que la inversión en infraestructura nunca pasó de 4.6% del PIB, y en los últimos años, después de la caída del precio del petróleo, estuvo en 2.5%. Con este antecedente, ¿qué es lo que se le plantea al actual presidente?: una inversión en infraestructura equivalente al 5% del PIB anual durante el sexenio.
Con base en la experiencia que tiene respecto a las iniciativas presentadas en 2000, 2006 y 2012, ¿cómo califica cualitativa y cuantitativamente los resultados de esos tres sexenios y cuáles son sus expectativas respecto al cumplimiento de las metas planteadas en esta propuesta de 2018?
Nuestra experiencia en la elaboración de propuestas a través del Colegio de Ingenieros Civiles de México en el pasado nos permite decir que se contribuye en efecto para apoyar a los gobiernos y que éstos en general han utilizado las propuestas, siendo más las coincidencias que las discrepancias en los programas oficiales. Éstos se han instrumentado en forma sustancial, según las circunstancias.
En el caso de la propuesta del CCE y el CMN, para el Programa 2019-2024 existe una importante innovación suscrita con la Oficina de la Presidencia, mediante la cual se dará seguimiento al proceso de instrumentación del inicio de los proyectos del programa oficial por medio de un grupo que incluye al presidente de la República
Entrevista de Daniel N. Moser
