21 mayo, 2024 1:12 am

La sobreexplotación de acuíferos en México y sus consecuencias

Raúl Morales Escalante Ingeniero geólogo con diplomado en Hidrogeología y maestría en Recursos Hidráulicos. Actual presidente del Consejo Directivo de la Asociación Geohidrológica Mexicana.

Rubén Chávez Guillén Ingeniero civil y maestro en Hidráulica. Desempeñó cargos públicos relacionados con la gestión de las aguas subterráneas. Impartió cursos sobre hidrogeología y disciplinas afines en la UNAM y otras universidades. Es consultor independiente.


La Comisión Nacional del Agua publicó en 2018 que 105 de los acuíferos de México se encuentran en estado de sobreexplotación. Pero ¿qué significa este término y cuáles son las razones por las que el agua subterránea almacenada en el subsuelo está en tales condiciones?

La sobreexplotación es un régimen de explotación de un acuífero que provoca efectos indeseables; el término, aunque subjetivo, en el caso de un acuífero representa la extracción de un volumen tal que puede afectar al ambiente, las obras de captación de agua subterránea someras y la propia calidad del agua.

Las razones por las que se ha explotado en exceso a los acuíferos están relacionadas en parte con procesos naturales, por ejemplo la ubicación del país en una franja del planeta en la que se encuentran los grandes desiertos, como el Sahara y el Arábigo, entre otros (véase figura 1).

En consecuencia, prácticamente una tercera parte del territorio nacional localizada en la porción centro-norte y norte de México tiene una precipitación pluvial baja, que ronda los 400 mm anuales o menos. Existen regiones en Sonora y Baja California, entre otros estados (véase figura 2), donde llueve menos de 50 mm al año. En todas estas áreas el agua subterránea es prácticamente el único recurso hídrico disponible, por lo que desde el decenio de 1960 se ha extraído del subsuelo un volumen de agua que excede al que de forma natural ingresa en los acuíferos.

Cabe mencionar que las razones por las que el agua subterránea es la fuente más importante de abastecimiento en las zonas sur y oriente del país no están relacionadas únicamente con la baja precipitación pluvial. Otras razones por la cuales se han extraído grandes volúmenes de agua del subsuelo que exceden la recarga están vinculadas con la explosión demográfica, la concentración de la población y la actividad agrícola, todas éstas relacionadas con actividades humanas (véanse figuras 3 y 4).

En la actualidad, aproximadamente el 75% de la población vive concentrada en algunas ciudades principales de México, y más del 70% del agua subterránea se usa con fines agrícolas.

Las consecuencias de estos fenómenos naturales y hechos inducidos por el ser humano han sido muchas, entre ellas el abatimiento de los niveles en los pozos, y en consecuencia el “minado” de la reserva de agua subterránea almacenada; la reducción del caudal y rendimiento de los pozos, con el consiguiente incremento en los costos de extracción del agua; el deterioro de la calidad del agua subterránea por la extracción de agua más profunda de mala calidad, efectos relacionados con intrusión de agua marina o la conexión con acuíferos con agua contaminada o de mala calidad natural; desecación de humedales, lagos y manantiales; pérdida de vegetación nativa y eliminación de vegetación ribereña; asentamiento diferencial y agrietamiento del terreno con grave impacto sobre la infraestructura; reducción o eliminación del caudal base, y con esto de la disponibilidad de agua superficial.

Esta situación se fue presentando en escala nacional de la siguiente forma:

• De 1950 a 1980, con la creación de los distritos y unidades de riego, se extrajo el agua con la necesidad de impulsar la agricultura para alcanzar la seguridad alimentaria.

• De 1960 a 1980 se tenía un incipiente conocimiento de los acuíferos; su estudio institucional se inició a mediados de los sesenta, con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

• De 1960 a 2019 se dio la explosión demográfica y hubo un crecimiento acelerado de la demanda de agua para uso público urbano. Hasta antes del año 2000, en escala mundial hubo una escasa o nula atención a la preservación del medio ambiente; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se creó en el año 2000.

• Es importante considerar que la Constitución política del país establece lo siguiente: “Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.”

Por otra parte, en 2018 la Comisión Nacional del Agua reportó 105 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen en el país. Esta situación de sobreexplotación podría agravarse cuando se concluya la regularización de los usuarios del agua en las zonas de suspensión del libre alumbramiento, debido a que si se realiza la legalización de extracciones, sin revisiones en campo, podría resultar que muchos de los volúmenes de agua que supuestamente se están extrayendo sean inventados, es decir, que no existan en realidad los pozos y al legalizarse estas extracciones los supuestos usuarios tendrían la autorización de perforar los pozos o se facilitaría el mercado negro de derechos de agua subterránea; lo anterior puede generar nuevos casos de sobreexplotación en los acuíferos que ya estén cercanos a esta condición.

Tal inadecuada regularización de usuarios quedaría avalada por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en cuyo artículo 3, capítulo XXIV, se establece que la disponibilidad media anual de aguas del subsuelo en una unidad hidrogeológica (acuífero) es el volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído de esa unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Como puede verse, al legalizar estos volúmenes se estaría autorizando la extracción de agua de pozos que no existen, es decir, se estaría dando una concesión y con ello favoreciendo la sobreexplotación.

Por lo antes expuesto, es necesario plantear estrategias técnicas y legales que den solución de forma urgente a este asunto; algunas de estas estrategias son las siguientes:

• Manejo de la demanda a través de la reducción de fugas en las redes de distribución de agua potable; evitar desperdicios; uso eficiente del recurso hídrico y reúso del agua residual tratada. Recarga artificial de agua de lluvia y de agua residual tratada considerando dar estímulos a quien realice la aplicación de esta tecnología.

• Llevar a cabo un adecuado ordenamiento territorial para efectuar cambios en el uso del suelo que protejan legalmente las zonas de recarga de los acuíferos.

• Uso conjunto y planificado del agua superficial, subterránea, residual tratada, meteórica y marina.

• Participación activa de todos los sectores.

• Desalación de agua marina y salobre.

Es importante considerar que cada acuífero o grupo de acuíferos requiere estrategias de solución a la medida de sus condiciones geológicas, geográficas, climáticas, de desarrollo humano, etc., y que son necesarios planes de manejo por acuífero y vigilancia para su cumplimiento.

Adicionalmente, para dar solución a la sobreexplotación es preciso que las estrategias sean planteadas de la siguiente manera:

• Con la participación de los organismos públicos y de la sociedad a través de grupos de usuarios, como comités de cuenca, comités técnicos de aguas subterráneas (Cotas), asociaciones, universidades, etcétera.

• Integración de grupos de trabajo multidisciplinarios de abogados, economistas, sociólogos, biólogos y profesionales técnicos como ingenieros con diferentes formaciones académicas, entre otros.

• Capacitación de los diferentes grupos de trabajo para que conozcan lo que se ha realizado y se establezcan acciones de forma integral y multidisciplinaria.

• Hacer efectiva la gobernanza del agua (véase figura 5).

La gobernanza del agua debe ser interinstitucional e intersectorial a partir de los elementos siguientes:

• Marco legal adecuado y actualizado, estructurado con conocimiento fundamentado de la hidrogeología del país; sin demagogia ni manipulación de la sociedad.

• Amplio conocimiento geológico e hidrogeológico de los acuíferos; es importante que los acuíferos dejen de verse como una caja negra. Difundir este conocimiento y la problemática de una forma clara para crear conciencia y responsabilidad social.

• Marco institucional con liderazgo, que organice, coordine e interactúe con los usuarios del recurso.

• Políticas hídricas consistentes, incentivos y planes con acciones realizables a corto, mediano y largo plazo.

• Vigilancia eficaz y continua del cumplimiento de los ordenamientos legales, no sólo por parte de la autoridad, sino de los múltiples actores, como consejos de cuenca, organismos operadores, Cotas, comisiones estatales del agua, etcétera.

 Conclusiones

La sobreexplotación de los acuíferos es una condición no sustentable, frena el progreso y compromete el desarrollo; afecta a todos los sectores, pero más al medio ambiente y a los usuarios de menor nivel económico.

La reserva de agua almacenada en el subsuelo es finita; con el régimen de explotación actual no podrá sostenerse por mucho tiempo. En muchas regiones del país nos estamos acercando al día cero del agua; en consecuencia, la naturaleza irá imponiendo límites no favorables para el ser humano. Por esta razón es imperativo implementar planes de manejo para corregir la sobreexplotación y prevenir que se generen nuevos casos; los planes de manejo deben incluir acciones realizables y medibles, y ha de vigilarse su cumplimiento.

El manejo sustentable del agua subterránea requiere recursos económicos y humanos mucho mayores, compatibles con su vital importancia, para actualizar su estudio, control y monitoreo en cantidad y calidad. Por este motivo los usuarios mayores de este recurso deben colaborar con la autoridad en dichas tareas, pues serán los beneficiados o afectados; las soluciones requieren voluntad política y social.

Finalmente, es relevante considerar que la sobreexplotación de los acuíferos no justifica el desarrollo, ni tiene una real ventaja económica.

 

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