19 junio, 2024 5:36 pm

Visión integral y multisectorial

El agua no es un tema que deba abordarse solo por ingenieros especialistas en hidráulica. Una de las motivaciones principales para crear la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua (Aminca) es que intervengan diferentes sectores de la sociedad, de las ciencias duras y sociales, de la ingeniería y la tecnología. Se buscan soluciones involucrando a todos los actores que se necesitan para atender los grandes retos que tiene nuestro país. De ello nos habla su presidente, Guillermo Leal Báez.

Entrevista a Guillermo Leal Báez, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua.

En el sector tenemos asociaciones y sociedades técnicas muy específicas, por ejemplo la de Geotecnia, la de Túneles, la de Estructuras y la de Ingeniería Sísmica, entre otras. El enfoque de la Aminca es que el agua no sea un tema que deba abordarse solo por ingenieros especialistas en hidráulica. Entonces, una de las motivaciones principales para crear la Aminca es que intervengan diferentes sectores de la sociedad, de las ciencias duras y sociales, de la ingeniería y la tecnología, para obtener un auténtico resultado positivo de los proyectos o de las obras; es decir, queremos hacer intervenir, de manera integral, a todos los actores que se necesitan para atender los grandes retos que tiene nuestro país.

Muchas de las obras que están pendientes de ejecutarse en México han tenido problemas sociales ocasionados por no informar a la población involucrada en los proyectos y no atender oportuna y eficazmente sus cuestionamientos y propuestas. Un ejemplo es el desabasto de agua potable en Monterrey, que en gran medida tiene que ver con la aún postergada obra del acueducto Monterrey VI, el cual estaba planteado desde hace muchos años para llevar agua a esta ciudad desde el río Pánuco, y que se vio afectado por cuestiones sociales y disputas político-partidistas.

Cuando habla de los diversos actores, entiendo que se suman los sectores que son consumidores principales de agua: el habitacional, el industrial, el agrícola y el energético.

Efectivamente, además de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general. Es un hecho que, en México, el sector que utiliza la mayor cantidad de agua potable es el agrícola, que emplea aproximadamente el 70%; sin embargo, un aspecto que hoy está en debate es el derecho humano al agua, específicamente por la forma en que lo definió la ONU en 2002, por medio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que emitió la Observación General número 15 sobre el derecho humano al agua, que no es otra cosa que el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”. En nuestro país, este derecho y el derecho al saneamiento fueron reconocidos a través de la adición del sexto párrafo del artículo 4º constitucional, por lo que es urgente la elaboración de la Ley General de Aguas que regulará el derecho humano al agua y, por lo tanto, su uso personal y doméstico.

Más allá de los aspectos legales y administrativos, parece necesario hacer también hincapié en ofrecer información oportuna a la sociedad, para hacerla participar proactivamente en las políticas referidas al agua. Muchas personas consideran que el servicio del recurso hídrico debe ser gratuito, arguyendo que el agua está en la naturaleza. Pero la infraestructura para que esa agua esté disponible para todos los usos de la sociedad requiere fuertes inversiones. El agua puede ser gratis; la infraestructura para llevarla en cantidad y calidad necesarias a donde se requiere sin duda tiene un costo.

Así es. La construcción, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura cuestan. Entonces, se tienen que echar a andar programas que informen primero, y luego que concienticen a la población sobre el imprescindible buen uso del agua y sobre el costo del servicio, que implica una inversión importante de recursos económicos para contar con la infraestructura necesaria y así proporcionar un buen servicio.

El asunto radica en que las tarifas que se cobran por entrega de agua potable, en México, frecuentemente están subsidiadas; el problema del subsidio es que nunca se recupera el costo de llevar el agua hasta los hogares. A ello se suma el hecho de que gran parte de la población no paga el agua debido a tres principales razones: la primera es por un mal servicio; la segunda, porque no existe un sistema eficiente de cobro del servicio, y la tercera, por la creencia de que el agua debe ser gratis, como bien lo menciona.

Todo lo anterior deriva en una falta de recursos económicos para mejorar el servicio y se crea un círculo vicioso entre el servicio deficiente y la falta de pago por parte de la población.

Sin duda existen sectores empobrecidos, marginados, a los que sería necesario no cobrarles el servicio, o hacerlo con un precio subsidiado.

Sí. En algunos países, los gobiernos ofrecen de manera gratuita una cantidad de agua mínima, que puede variar entre los 50 y los 100 litros diarios por persona; a partir del litro 51 o 101 de consumo, se empieza a cobrar al precio que corresponde. Si bien este esquema no existe en México, como ya lo comentamos, sí existe un subsidio a gran parte de los usuarios.

Pongamos un ejemplo: si el costo real del servicio por determinado volumen de agua es uno, y se está cobrando la tercera parte, resulta casi imposible que una población no concientizada acepte que a partir de mañana deberá pagar el precio real; sin embargo, ¿no sería apropiado ir incrementando paulatinamente el precio a lo largo de un plazo razonable, a la par de generar conciencia sobre el valor y precio del servicio?

Esa podría ser una manera de abordar el problema. En la Ciudad de México sí existen tarifas diferenciadas, pero de todas formas tienen un subsidio que debería irse eliminando poco a poco. Los subsidios son estrategias de los gobiernos que no deben ser permanentes ni generalizadas, salvo en poblaciones con muy escasos recursos económicos.

Son muchos y muy relevantes los desafíos en el sector agua. ¿Cuáles son a su juicio las prioridades a atender?

De acuerdo con el censo realizado por el Inegi en 2020, la cobertura de infraestructura para proporcionar el servicio de agua potable era entonces del 96.3%; sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, efectuada también por el Inegi en ese año, arroja un dato alarmante: solo el 59% de la población contaba con agua todos los días, así como con conexión a red de drenaje o fosa séptica. Por lo tanto, es prioritario garantizar que a ninguna persona le falte agua potable en sus hogares, en cantidad y calidad suficientes, así como garantizar un adecuado servicio de alcantarillado.

Después, se debe atender el problema del tratamiento de las aguas residuales para preservar el medio ambiente y los acuíferos. Además, las aguas tratadas deben reutilizarse para riego y se debe tecnificar el campo para disminuir ese 70% de agua potable que actualmente se destina a la producción de alimentos.

Por otra parte, un gran reto es ampliar, mantener y conservar la infraestructura hidráulica, lo que requiere la asignación de un mayor presupuesto al sector y el fortalecimiento de las instituciones.

¿No debería legislarse respecto a qué tipo de uso se le puede dar al agua según la región del país? Por ejemplo, las industrias que más agua consumen podrían instalarse en el sur-sureste, donde abunda el recurso, y no en regiones donde escasea y se pone en grave riesgo el suministro para consumo humano.

En efecto. Incluso la Conagua ha dividido el país en dos grandes regiones: la centro-norte es una región árida y con poca precipitación, en la que se concentra el 77% de la población del país y se produce el 83% del PIB, a pesar de que solo cuenta con el 33% del agua renovable; por el contrario, en la región sureste solo vive el 23% de la población y se produce el 17% del PIB, aunque cuenta con el 67% del agua renovable.

De acuerdo con esto, la lógica indica que actividades como la agrícola y la industrial deberían extenderse hacia el sureste; sin embargo, recordemos que el mayor importador de productos mexicanos ha sido Estados Unidos. Su cercanía al norte de nuestro país, en conjunto con otros factores, ha propiciado el desarrollo económico de esta región.

Como menciona, el Estado tendría que propiciar una mejor distribución de los sectores de acuerdo con su requerimiento de agua y la disponibilidad de ésta. Para ello, los planes y programas de desarrollo tendrían que elaborarse de manera integral, considerando no solo el crecimiento de la población sino también las características y limitaciones ambientales, como la disponibilidad de agua; asimismo, tendrían que contemplarse planes de escalas regional y nacional que no solo se enfocaran puntualmente en las ciudades principales, sino que promovieran simultáneamente el desarrollo urbano, rural, agrícola, industrial, energético, etc., pero siempre dando prioridad a la conservación y preservación del medio ambiente para evitar convertir una solución actual en un problema de mayor gravedad en el futuro. En suma, debería formularse un plan de desarrollo urbano de acuerdo con la disponibilidad de agua.

Considerando el perfil interdisciplinario de la Aminca, ¿debería plantear una propuesta de ley al respecto para evitar problemas a mediano y largo plazo?

Sí, desde luego; la Aminca puede ser la vía para abordar estos temas. Al respecto, se ha platicado de manera informal con colegas y legisladores.

Los ingenieros estamos conscientes de que para plantear soluciones jurídicamente correctas es necesario apoyarnos en especialistas del derecho y administración del agua. Además, sabemos que hace falta una visión integral y de largo plazo sobre la problemática del agua, sus usos y servicios relacionados. Por ello, la Aminca reúne a profesionistas multidisciplinarios que, en conjunto, pueden participar en la elaboración de este tipo de propuestas.

¿Qué opina de la propuesta de dar estatus de secretaría de Estado al organismo que atiende los asuntos del sector hídrico (hoy la Conagua)?

Cuando existía la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) se hacía muchísima infraestructura de gran envergadura; esto era, precisamente, porque poseía las atribuciones y facultades de una secretaría de Estado; por ello, contaba con mayores recursos para atender las necesidades del sector hídrico nacional.

En la SRH todo llegaba de primera mano a su titular; todos los requerimientos que se tenían en el país se atendían de manera inmediata. No quiero decir que no se atiendan ahora, pero al no tener ese estatus, desde que se convirtió en comisión se le fue disminuyendo el presupuesto, lo que derivó en un alcance menor para resolver los problemas del país. Considero que haberle quitado al sector el rango de secretaría de Estado fue una mala decisión que puede subsanarse devolviéndole ese estatus.

Un debate que parece no tener fin es el de la participación empresarial en el sector hídrico. La discusión, a mi juicio, está viciada por prejuicios al confundir participación privada (sin que el Estado pierda el control) y privatización (cuando el Estado entrega a empresas el control del recurso y los servicios). ¿Cuál es su opinión al respecto?

El agua, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, es propiedad de la nación. Como tal, el líquido no tiene costo; lo que tiene costo es el servicio de captación, conducción y distribución del agua para llevarla hasta los usuarios. Si las autoridades correspondientes no cuentan con los recursos para dar el servicio, los esquemas de concesiones representan una solución a corto y mediano plazo que contribuyen al beneficio de la población. Las concesiones no significan la privatización del agua, sino que la empresa privada construye, opera, mantiene y conserva la infraestructura a cambio del cobro del servicio durante un cierto tiempo; cuando este termina, la infraestructura pertenece al Estado y este decide si renueva o no el contrato de concesión. Debe quedar claro que las concesiones se otorgan sobre el pago del servicio, no sobre el agua. Por lo tanto, en mi opinión, la participación privada es un mecanismo útil cuando el Estado no tiene los recursos suficientes para proporcionar el servicio.

La Semarnat anunció la incorporación de atribuciones y personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a la Conagua, al tiempo que prometió “respetar los derechos laborales de los trabajadores, las oficinas, laboratorios y demás instalaciones de estos organismos, que no tendrán cambio alguno”.

¿Qué puede comentar al respecto?

Desde mi punto de vista, incorporar el IMTA a la Conagua no es adecuado, puesto que el IMTA es una institución técnica en la que se concentran distintos especialistas que se han dedicado a la investigación y docencia, quienes, a lo largo del tiempo, han resuelto distintos problemas del país, y no solo los que competen a la Conagua. Es decir, es un instituto que puede ser contratado por otras dependencias, organismos operadores o incluso particulares que necesiten resolver un problema de alto nivel para el cual no tengan capacidad técnica. Al incorporarse a la Conagua, el instituto podría verse limitado a resolver únicamente los problemas propios de esa comisión, y se eliminaría la posibilidad de ser un apoyo para el resto de la sociedad mexicana. Lo anterior es solo un ejemplo de las posibles consecuencias negativas que esto implica.

Ha habido todo tipo de críticas al proyecto de Ley General de Aguas en debate. Una de ellas es que se hizo una mezcolanza entre ley y reglamento, lo cual la hace muy confusa.

Efectivamente, existe una confusión. La Ley General de Aguas solo debe enfocarse en regular el sexto párrafo del artículo 4º constitucional, es decir, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Aun cuando el mismo párrafo menciona la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de la ciudadanía, esto no significa que la Ley General de Aguas deba regular otros usos como el agrícola, el industrial, el de servicios, etc., dado que estos usos están incluidos en la Ley de Aguas Nacionales que regula el artículo 27 constitucional. La diferencia entre ley y reglamento radica en que la primera contiene disposiciones generales, que posteriormente se definen de manera concreta en un reglamento; en este caso, se requiere elaborar la Ley General de Aguas y posteriormente se deberá crear su reglamento.

¿Qué debería hacerse para terminar de definir esto?

En primer lugar, comprender cabalmente el alcance de la Ley General de Aguas; como ya mencioné, esta ley únicamente debe regular el sexto párrafo del artículo 4º constitucional. Debe quedar claro que la emisión de esta ley no debe implicar la modificación de otros artículos constitucionales, como el 27 y el 115.

Si bien es cierto que existen varias iniciativas, también lo es que todas consideran la regulación de usos distintos al personal y doméstico. Por ello, de las iniciativas presentadas solo deben estudiarse aquellos preceptos que están dedicados a dicho uso y con ellos conformar la ley correspondiente; de lo contrario, aunque el Congreso apruebe una ley, esta podría ser impugnada por cualquier persona y, como resultado, la Suprema Corte de Justicia podría declarar inconstitucional dicha ley.

¿Algo que agregar?

Mucho se habla del agua potable, sus fuentes y sus sistemas de conducción, regulación, potabilización y distribución, pero poco se habla de los sistemas de drenaje, que constituyen elementos fundamentales en el funcionamiento de cualquier ciudad; tan es así que en el mismo párrafo sexto del artículo 4º constitucional se incluye el saneamiento con la misma importancia que el derecho humano al agua. Entendamos que el saneamiento, básicamente, tiene dos etapas: la primera es la recolección, conducción y desalojo de las aguas residuales y pluviales, mientras que la segunda es el tratamiento de las aguas residuales y, en su caso, su reúso.

Idealmente, los dos tipos de drenaje, residual y pluvial, deberían diseñarse y construirse de manera separada; sin embargo, en México y otros países se manejan de forma combinada. Dentro de estos dos tipos de drenaje, el pluvial es el más complicado de manejar, puesto que los volúmenes de agua que escurren por su sistema siempre son mucho mayores que los volúmenes de aguas residuales. Además, este debe considerar que los gastos que escurren por él son producto de las lluvias, que pueden ser desde ordinarias hasta precipitaciones de gran magnitud ocasionadas por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como ciclones tropicales.

En razón de lo anterior, los sistemas de drenaje de las grandes ciudades implican obras de gran envergadura y complejidad. Así, el sistema de drenaje de la Ciudad de México cuenta con 52 km de ríos entubados, 99 plantas de bombeo, 17 presas (en funcionamiento, aunque originalmente eran 29), 11 lagunas de regulación y 168 km de drenaje profundo, constituido por túneles de hasta 7 m de diámetro y con profundidades de 15 a 220 m, entre otras muchas obras. A pesar de ello, la ciudad aún sufre de encharcamientos, desbordamientos de ríos, inundaciones y diversos problemas derivados de subestimar la trascendencia del sistema de drenaje.

Las obras de drenaje son indispensables para la protección de la infraestructura, la población y sus bienes, por lo que es perentorio que consideremos una prioridad resolver no solo la problemática en torno al agua potable, sino también la relacionada con el drenaje, a través del fortalecimiento de las instituciones, la creación de políticas públicas, la planeación, la asignación de presupuestos adecuados y, por supuesto, el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno, las instituciones públicas, la iniciativa privada, los ingenieros, los científicos y la sociedad

Entrevista de Daniel N. Moser

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