Emilio Mayoral Grajeda y Cecilia Cuevas Colunga
Una legislación en seguridad vial clara e integral, con sanciones apropiadas y campañas de sensibilización a la población, es un factor importante para minimizar las lesiones y las muertes ocasionadas por un siniestro vial. Pero una legislación puede no ser suficiente si no es integral ni se hace cumplir, o si no cuenta con los mecanismos institucionales y los recursos para la aplicación coordinada de acciones.
Recientemente el Instituto Mexicano del Transporte divulgó en su sitio web una publicación técnica que da a conocer información estadística sobre la participación del usuario vulnerable (peatón, ciclista y motociclista) en la siniestralidad de las carreteras mexicanas (IMT, 2015). Este documento, generado a partir de información proporcionada por la Policía Federal (PF) de 2010 a 2013, resume la magnitud del problema de la siniestralidad del usuario vulnerable en carreteras (UV): a) el UV está involucrado en 7.8% de los siniestros, 14.2% de la mortandad y 7.4% de las lesiones; b) en 95.5% de las colisiones contra un UV se registraron víctimas (muertos o lesionados) y resultó evidente la gravedad de las colisiones con participación del UV.
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