Jorge Alejandro Silva Rodríguez de San Miguel. Jefe del Departamento de Territorio y Ambiente del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, IPN.
La Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo y una de las más complejas debido a su ubicación geográfica, a las dificultades que entraña su gobierno por las formas que impone el sistema federal y a los problemas para aplicar recursos financieros al abasto de agua potable a la gran urbe.
El objetivo de este trabajo es presentar tres retos principales que ocasionan problemas en el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México: geográficos, estructurales y demográficos.
Los resultados muestran que, a pesar de que se han hecho esfuerzos para mejorar dicha tarea, esto sólo se ha conseguido parcialmente porque existe una distribución inequitativa del recurso en una ciudad asentada en un islote abastecido mayormente por fuentes externas, además de que se tiene una red compleja de toma de decisiones en la que intervienen dependencias federales, gobiernos estatales y autoridades locales. Asimismo, las condiciones ofrecen un panorama futuro poco alentador si no se toman medidas inmediatas para contrarrestar los problemas existentes.
Introducción
La Ciudad de México es sede de los poderes de la unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se divide en 16 delegaciones, siendo los jefes delegacionales la máxima autoridad dentro de estos órganos (Estatuto de Gobierno del DF, 2014). Además, es la entidad financiera, política, económica y cultural del país (ProMéxico, 2015), la segunda entidad con mayor densidad demográfica de México, con casi 9 millones de habitantes y más de 2 millones de población flotante, y uno de los asentamientos más poblados en escala mundial (Hernández, 2017; Inegi, 2015; WPR, 2017).
Es importante destacar que la mayor parte de los servicios gubernamentales y el desarrollo industrial se han concentrado en esta ciudad, a pesar de que México es un Estado federal que delega funciones a las 32 entidades del país que cuentan con diversos órganos desconcentrados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La superficie de la ciudad pasó de abarcar 80 km2 en el decenio de 1940 a 7,954 km2 sesenta años después. Esta expansión ha consumido, casi en su totalidad, los lagos originales y los acuíferos. Asimismo, la ciudad yace sobre una mezcla de suelo volcánico y lechos de barro de los lagos que se hunde de forma irregular y ocasiona fisuras peligrosas y daño a la infraestructura hidráulica.
En la ciudad existe un órgano desconcentrado de la administración pública, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, que se encarga de gestionar el agua, desde la operación de la infraestructura hidráulica hasta la prestación del servicio público. Se trata del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) (Ley de Aguas del DF, 2011). No obstante, este organismo tiene que coordinarse con dependencias federales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) principalmente, así como con gobiernos estatales colindantes y locales, como las delegaciones. Este proceso de gestión del recurso hídrico se torna muy complejo y agrava la dificultad para la prestación del servicio de agua potable a la ciudad.
En nuestro país, el derecho al agua está establecido en el artículo 4° constitucional (CPEUM, 2017); sin embargo, no es posible cumplir a cabalidad este precepto en la ciudad, debido a diversos retos de los que se realizará un análisis en seguida agrupándolos en geográficos, estructurales y económicos.
Retos geográficos
La Ciudad de México se encuentra asentada en un islote, en un sitio que fue denominado Tenochtitlan en la época de los aztecas. Además, se localiza en una cuenca natural cerrada, por lo que se vuelve vulnerable a las inundaciones. Después de la Conquista, y debido al desconocimiento de los españoles sobre el asentamiento de la ciudad, se reemplazaron presas y canales por calles (Kimmelman, 2017; Rodríguez, 2008). Esto ocasionó un crecimiento no planeado que se extendió con rapidez.
La superficie de la ciudad pasó de abarcar 80 km2 en el decenio de 1940 a 7,954 km2 sesenta años después. Esta expansión ha consumido, casi en su totalidad, los lagos originales y los acuíferos. Asimismo, la ciudad yace sobre una mezcla de suelo volcánico y lechos de barro de los lagos que se hunde de forma irregular y ocasiona fisuras peligrosas y daño a la infraestructura hidráulica (Kimmelman, 2017).
Con tales antecedentes, se vuelve un gran reto suministrar un caudal promedio de 32 m3/s de agua a la Ciudad de México, 67% del cual proviene de fuentes subterráneas (55% del acuífero del Valle de México y 12% del valle del Lerma, en el Estado de México, a 70 km de la ciudad). El resto se obtiene de fuentes superficiales: 3% de manantiales situados en la zona suroeste de la ciudad y 30% del sistema Cutzamala, ubicado en el Estado de México y Michoacán, a una distancia de 124 km de la ciudad (Transparencia DF, 2008).
No obstante, alrededor de 2% de los residentes de la Ciudad de México no disponen de agua en los grifos de sus hogares: se tiene una cobertura de 98% (Conagua, 2016). Hay quienes tienen que pagar el suministro a través de camiones cisterna o “pipas”, debido a que la red de agua presenta fallas en ciertas zonas, principalmente en la delegación Iztapalapa, la demarcación más marginada de la urbe y la que enfrenta mayores problemas en cuanto a abastecimiento del recurso. A diferencia de algunas zonas del poniente de la ciudad con mayor valor adquisitivo, que reciben más de 350 litros por persona, los habitantes de Iztapalapa reciben 200 litros por persona al día (GOCM, 2016; Kimmelman, 2017).
Retos estructurales
Por razones históricas y políticas, México es un país centralizado. A causa de esto, los servicios gubernamentales y el desarrollo industrial se han concentrado en la capital (Estatuto de Gobierno del DF, 2014; ProMéxico, 2015).
La centralización impera en todos los niveles de gobierno de la Ciudad de México, por lo que su gestión se ve limitada en asuntos trascendentes como el agua en escala local, pues para la distribución de ésta se debe coordinar con un gran número de dependencias de los tres órdenes de gobierno y con las entidades del Valle de México que desde su circunscripción territorial envían parte del recurso a la ciudad.
En la reforma del artículo 115 constitucional, instaurada en 1997, se otorgó mayor autonomía a los municipios y se ampliaron sus funciones para poder brindar los servicios públicos de agua y alcantarillado. En la Ley de Aguas Nacionales, publicada en 2004, se establecieron nuevas reglas para interrelacionar de manera eficiente el uso del agua en México. Sin embargo, todavía se presentan dificultades en la gestión del recurso (Rodríguez, 2008).
La centralización impera en todos los niveles de gobierno de la Ciudad de México, por lo que su gestión se ve limitada en asuntos trascendentes como el agua en escala local (Cooper, 2012), pues para la distribución de ésta se debe coordinar con un gran número de dependencias de los tres órdenes de gobierno (CPEUM, 2017) y con las entidades del Valle de México que desde su circunscripción territorial envían parte del recurso a la ciudad.
Para un jefe delegacional resulta más sencillo buscar la instancia de decisión final, el titular de la Conagua, que someterse a una entidad desconcentrada de una descentralizada, donde únicamente se puede emitir una opinión, quizás sugerir e incluso discutir, pero no decidir (Rodríguez, 2008). Todo esto ocasiona que la toma de decisiones por parte de autoridades locales sea más lenta y no se logre tener un sistema de información eficiente.
Retos financieros
Actualmente el modelo del sistema de gestión del agua en la Ciudad de México se basa hasta cierto punto en la oferta, ya que se pronostica el crecimiento de la población y la evolución del desarrollo económico para estimar las demandas futuras de agua potable. No se considera el precio porque se supone que no afecta la demanda de agua. De esta forma, la demanda nunca se iguala a la oferta, puesto que los aumentos en la primera se cubren con la oferta de nuevos recursos disponibles. Por tal razón, no se fomenta el ahorro y se favorece el despilfarro del recurso (GDF et al., 2007), además de que las fugas en la red de agua potable representan 35% de pérdidas netas, de las cuales 5.5 m3/s encuentran su camino de regreso al acuífero y el resto se dirige al drenaje (Monroy, 2013).
Existe también otro tipo de problemas; uno evidente se encuentra en el cobro de tarifas que no cubren los costos de los procesos para el abastecimiento (GDF et al., 2007). Asimismo, el otorgamiento de subsidios a la población de menores ingresos a través del no cobro o cobro mínimo por parte de los organismos operadores de agua potable y saneamiento –auspiciado por los gobernantes– se ha convertido en una perversión que influye contundentemente en las finanzas de éstos (Rodríguez, 2008).
Hoy en día, la forma de fijar las tarifas por los derechos de suministro de agua en la ciudad está establecida en el artículo 172 del Código Fiscal del DF (2015). No obstante, los diferentes organismos de agua de las delegaciones de la ciudad no se encargan de cobrar los derechos por el suministro de agua potable de forma directa, sino que utilizan concesionarias (Sacmex, 2014).
Un problema evidente se encuentra en el cobro de tarifas que no cubren los costos de los procesos para el abastecimiento. Asimismo, el otorgamiento de subsidios a la población de menores ingresos a través del no cobro o cobro mínimo por parte de los organismos operadores de agua potable y saneamiento –auspiciado por los gobernantes– se ha convertido en una perversión que influye contundentemente en las finanzas de éstos.
Además, el Sacmex carece de capacidad de gestión y autonomía presupuestaria: es un órgano desconcentrado de la Ciudad de México, cuenta con autonomía administrativa, pero no posee personalidad jurídica ni patrimonio propios. Por otro lado, cuenta con el servicio de cuatro concesionarias que coadyuvan en la gestión comercial y en la instalación de infraestructura para ello, lo cual da pie a intereses económicos diferentes bajo una gestión mixta, al encarecimiento del precio en el servicio de abastecimiento del agua y a la falta de coordinación entre organismos públicos y privados (Campero, 2011).
Conclusiones
A pesar de que México es un Estado federal, gran parte de su economía y de las dependencias gubernamentales se concentran en la Ciudad de México. Aunado a ello, el incremento poblacional no está regulado y no se ha conseguido crear conciencia entre la población para el uso razonable del agua potable. Esto puede causar que en el futuro se incremente aun más la población y se ejerza una mayor presión sobre el sistema hídrico, no sólo de la ciudad sino del Valle de México en general.
Los tres retos presentados en este trabajo no son los únicos que existen, pero sí algunos de los más problemáticos para lograr el abastecimiento de agua potable en la ciudad.
Si desea obtener las referencias bibliográficas de este artículo, solicítelas a h2o@heliosmx.org
