José Antonio Hernández Balbuena. Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Construcción, CMIC.
El proceso de presentación y aprobación del PEF siempre ha sido un acontecimiento relevante para los constructores de la CMIC, porque representa una oportunidad de participar en diversos proyectos de obra pública, especialmente para las mipyme, grandes generadoras de empleo. Para la industria de la construcción, las reformas estructurales deberán impulsar el crecimiento de México con fundamentos sólidos que flexibilicen y den certeza jurídica a los agentes económicos que participan en el proceso productivo nacional.
El día 8 de septiembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2017 que incluye los criterios generales de política económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2017. De acuerdo con la SHCP, en la elaboración del paquete económico 2017 se consideraron los siguientes factores:
- Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto.
- Condiciones menos favorables en los mercados financieros internacionales.
- Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la plataforma de producción de petróleo.
Como consecuencia de las presiones externas que enfrenta la economía mexicana, la SHCP estima el panorama para las finanzas públicas de 2016 y 2017 que se muestra en la tabla 1.
En ese sentido, de conformidad con el escenario planteado por esa secretaría, el PPEF 2017 contempla las líneas de acción que se enlistan en seguida:
- Contención de los recursos destinados a servicios personales. Para lograrlo, se implementó una metodología de unificación de áreas con funciones comunes y se homologaron las estructuras de mando y enlace.
- Reducción en los gastos de operación, continuando con el proceso de austeridad en esta materia iniciado en 2016.
- Privilegio a programas que contribuyen a reducir la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así como a incrementar el acceso efectivo a los derechos sociales.
- Priorización de la inversión productiva sobre la administrativa. Como parte de esta estrategia, se propone facilitar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura a partir de nuevos instrumentos de inversión.
Se retomaron los criterios adoptados en el PPEF 2016 y se utilizó la misma metodología de priorización de programas y proyectos de inversión (PPI) identificando las principales necesidades de inversión, con énfasis en lograr la conclusión de proyectos en ejecución y mantener en óptimas condiciones la infraestructura existente. Así, el PPEF contempla un monto de inversión física presupuestaria de 539,737 millones de pesos para 2017, 27.2% inferior en términos reales al aprobado para 2016 (véase gráfica 1).
En el caso del PPEF 2017, se comenzó una clasificación de los PPI en: plurianuales, compromisos de gasto, en ejecución, trabajos de mantenimiento y adquisiciones necesarias para su operación, PPI nuevos, mantenimientos y adquisiciones administrativas. Posteriormente, cada PPI fue valorado de acuerdo con la información que se muestra en la tabla 2.
Propuestas por sector
Con base en lo anterior, el gobierno de la República propone en el PPEF 2017 seis proyectos con el esquema de APP: dos del área de salud y cuatro de comunicaciones y transportes. Para ello, el sector privado ejercerá una inversión en infraestructura estimada en 11.9 mil millones de pesos (mmdp).
También se propone la asignación de recursos para la realización de los primeros proyectos en el marco de la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, promulgada en junio del presente año, la cual tiene como objetivo revertir los rezagos sociales a través del establecimiento de condiciones estructurales que permitan generar oportunidades para el desarrollo regional. Dicha asignación consiste en 2 mmdp para proyectos de infraestructura económica, entre los cuales destacan 1.2 mmdp para el mantenimiento del ferrocarril Chiapas-Mayab.
Como resultado de una política cada vez más restrictiva de gasto en infraestructura, existe pérdida de oportunidades de trabajo y participación en diversos proyectos de obra pública, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son grandes generadoras de empleo. Es necesario abandonar el modelo de impulso a la construcción de infraestructura basado en inversión pública y adoptar un nuevo modelo económico de desarrollo impulsado por la inversión privada.
Por otro lado, se requiere aprovechar los cambios en las reformas estructurales, las cuales crean la posibilidad de que los fondos de pensiones regulados por el gobierno (las Afore) desempeñen un papel más protagónico en el financiamiento de proyectos y empresas y permiten su participación en el impulso de sectores que anteriormente se encontraban reservados al Estado (energía, telecomunicaciones e infraestructura en general). En este sentido, a partir de 2016 se amplió la gama de instrumentos para el fondeo de proyectos de infraestructura al crearse el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E), los Certificados para el Impulso de la Infraestructura (Cerpi) y los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), los cuales constituyen áreas de oportunidad.
Reflexiones finales
El escenario de crecimiento de la industria de la construcción para el próximo año luce complicado, sobre todo en lo referente a las obras de ingeniería civil, por lo que las empresas constructoras deben voltear hacia los instrumentos financieros que se están instaurando en el mercado de capitales para fondear grandes proyectos de infraestructura, como es el caso del Fibra E, que ha captado el interés de varios fondos en participar y brindar financiamiento a empresas que deseen utilizar esta herramienta. Hay varias compañías nacionales interesadas en ello.