Román Meyer Falcón Arquitecto con maestría en Gestión creativa y transformación de la ciudad. Se ha especializado en desarrollo económico sustentable y urbanismo con un enfoque social, de salud pública y prevención del delito. Titular de la Sedatu.
Prácticamente toda la gente de confianza y de direcciones generales se retiró. El primer filtro que pusimos es el tipo de personal que se invitó a colaborar en la secretaría; conformamos equipos con un perfil técnico. Antes la Sedatu no podía hacer obra pública, por lo cual no tenía departamento de proyectos, no tenía un área de supervisión, de costos, y las áreas de licitación eran muy reducidas. Los cambios fueron radicales.
IC: ¿Qué se está haciendo como política pública para mejorar el ordenamiento territorial, en particular en el Valle de México que para muchos desde hace décadas es caótico?
Román Meyer Falcón (RMF): Puedo referirme al caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Específicamente en lo que corresponde a asentamientos humanos, desde hace ya más de un año realizamos un primer convenio de colaboración con los ocho municipios aledaños al aeropuerto, por indicaciones del presidente de la República además de por la propia atribución y obligación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Estos ocho municipios, siete del Estado de México y uno del estado de Hidalgo, como muchos otros en el país presentan un rezago histórico importante en materia de desarrollo urbano. Uno de los puntos fundamentales que hemos encontrado es que gran parte de estos municipios no tienen actualizados sus instrumentos de planeación, que son documentos con base en los cuales deben manejar los usos de suelo para llevar a cabo un desarrollo armónico en su territorio. Los programas de desarrollo urbano municipales no están actualizados y las autoridades municipales aledañas no se comunican entre sí, lo que resulta un factor negativo en materia de ordenamiento territorial.
Este problema lo presentaban los ocho municipios involucrados con el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Sabiendo que este proyecto va a ser un detonador para el desarrollo de la zona en un proceso que llevará décadas, en la Sedatu nos planteamos un escenario a 10, 20 y 30 años. Así, realizamos un programa territorial operativo de desarrollo regional, programa que ya es público en nuestra página web. Se generaron un conjunto de lineamientos y estrategias en materia de movilidad, resiliencia, medio ambiente, previendo qué tipo de suelo y cuánto se va a requerir a futuro, en las siguientes décadas, en materia de vivienda, transporte público, equipamiento, infraestructura, etcétera.
Es un tema muy importante; se llegó a un acuerdo político por el cual los municipios firmaron un convenio comprometiéndose a no modificar los usos de suelo hasta tener –que ya se tuvo– este programa de forma conjunta. Entonces, en materia de ordenamiento en el Valle de México, se trabajó en dos líneas de acción: contar con el instrumento legal y arribar al acuerdo político, porque los instrumentos –si no existe un acuerdo político– son letra muerta.
Considero que ha sido un ejercicio exitoso, y prevemos que al término del año los municipios podrán actualizar sus programas de desarrollo urbano; la Sedatu los va a apoyar con el programa que tiene para este tema en particular, para actualizar los instrumentos de planeación. Luego de 44 reuniones, se llegó a la solución acordada con los ocho municipios involucrados.
IC: ¿Hay interés, posibilidad y condiciones para que la Sedatu aplique o recomiende uniformar los instrumentos de planeación municipal, considerando las particularidades de cada zona o región, para que no existan diversos planes en una misma zona que puedan llevar incluso a conflicto?
RMF: Sí hay interés, pero se trata de un tema complejo. El municipio tiene las facultades constitucionales para poder ordenar su propio territorio. Ahora la Sedatu está conformando un conjunto de lineamientos –que estamos por publicar en los próximos meses– de simplificación de los programas de desarrollo urbano; estamos evaluando también si existe la posibilidad de poder formular una norma mexicana de los lineamientos, es decir, unificar la base informativa que deben contener estos programas de desarrollo urbano municipales. Asimismo, en el mediano y largo plazo, lo que queremos es conformar un sistema al que los municipios puedan acceder para obtener el conjunto de información básica, a partir del cual puedan empezar a conformar o actualizar sus programas de desarrollo urbano.
Entonces, son tres temas: el sistema, los lineamientos de simplificación y la norma que reforzaría estos lineamientos. En términos generales es a lo que apuntamos: queremos simplificar tomando como base que la administración de los municipios tiene un periodo de vigencia de tres años, que la planeación en ocasiones termina siendo un tema muy técnico y que no todos los municipios tienen la misma capacidad técnica. Es muy diferente la capacidad técnica de Zapopan o de un instituto de planeación municipal y la de alguno de los municipios del estado de Oaxaca; hay un universo muy grande de municipios, y sus capacidades técnicas son también un universo muy grande. Así pues, lo que queremos es poner el piso parejo, establecer el criterio mínimo de información que se debe tomar como base para crear tales instrumentos.
IC: Lo que comenta me recuerda el caso de la mayoría de los servicios básicos, como el de agua y saneamiento; a menudo se topan con el tema de la autonomía municipal, no tanto por un enfoque exclusivamente político sino por limitaciones en la capacidad técnica para abordar los temas, y no hablemos del periodo de gobierno de tres años, por el cual, apenas acaba el funcionario de aprender, ya se está yendo. ¿No habría que reconsiderar los alcances de la autonomía municipal?
RMF: Pregunta muy candente. No me considero en condiciones de entrar en ese debate ahora. Opino que debemos apoyar a los municipios que presentan una mayor tasa de crecimiento y que a su vez tienen una población carente de servicios básicos, si bien no hay una respuesta efectiva para poner ya en práctica, porque el tema que plantea lleva décadas dando vueltas en el país: cómo reforzamos las capacidades municipales para actualizar sus registros, sus catastros, sus bases de cobro de predial y que el municipio tenga mayor capacidad de cobro de impuestos; cómo el municipio puede tener mayor capacidad de recolección de recursos tomando el ejemplo de otros países en América Latina que tienen un mejor mecanismo de recaudación fiscal de escala municipal.
IC: Otro tema es el de la profesionalización. No faltan casos en que al frente de un organismo de servicios básicos como agua o energía se coloca a un “cuate” cuya profesión nada tiene que ver con la función, si es que es profesional en algo.
RMF: Sí. Un interesante ejercicio se hace con la Secretaría de Gobernación para actualizar y conformar los cuerpos técnicos. Como Estado mexicano tenemos un gran déficit en la capacidad técnica de la administración pública; así como hoy en día nos enfrentamos a una carencia de médicos durante la pandemia, también faltan especialistas en la administración pública, incluso en materia de ordenamiento territorial. El tema comienza en las universidades; la formación de estos técnicos no tiene el nivel adecuado, no hay carreras técnicas en administración pública que cubran todas las áreas necesarias, como en los asuntos de planeación territorial.
IC: ¿Cómo están otorgando o van a otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios ante el avance de la mancha urbana?
RMF: La mayor parte del crecimiento urbano en el ámbito nacional se ha hecho sobre ejidos y comunidades. En mi opinión, existen dos visiones distintas para abordar el tema. El mundo agrario es muy diferente del urbano, pero este último se ha creado sobre la estructura agraria, y en esa falta de entendimiento mutuo no se armoniza el marco jurídico de ambos espacios. La regularización de los asentamientos humanos sobre ejidos y comunidades termina siendo un proceso muy complejo, muy largo, porque entra en la lógica de la ley agraria, y el proceso y los tiempos en ese ámbito son de décadas, cuando el proceso urbano es muy rápido. Y no es lo único el tema legal; está lo administrativo, el marco normativo… debemos resolver cómo regularizar de forma masiva ejidos y comunidades donde la mancha urbana ya se extendió.
IC: ¿Están trabajando en esto ahora, o es un tema en estudio?
RMF: Hemos hecho ya muchas reuniones entre agraristas, con gente que se dedica a la política de suelo en el ámbito nacional, y tenemos una idea clara de cómo hacerlo. Los municipios en muchas ocasiones no ofrecen servicios urbanos en ejidos y comunidades, aunque son una extensión de la mancha urbana por el carácter legal de ese suelo.
IC: ¿Hay algún compromiso de fecha en la cual tener alguna propuesta concreta?
RMF: No tenemos una fecha estipulada, es uno de los muchos pendientes que arrastramos del pasado en esta secretaría y que estamos abordando a la mayor velocidad que las condiciones nos lo permiten.
IC: ¿Qué está haciendo el nuevo régimen para corregir los asentamientos en zonas de riesgo y prevenir que no ocurran nuevos?
RMF: Regresamos al mismo punto: ¿cómo fortalecemos a los municipios? Prevemos que a principios del año 2021 pueda tenerse el conjunto de lineamientos en materia de desarrollo de los programas de desarrollo urbano, sosteniendo que al mismo tiempo son un mecanismo de detonación económica al igual que en otros países, como China.
Cuando les preguntamos a los habitantes de una alcaldía o municipio si han leído el programa de desarrollo urbano, un 2%, máximo un 5% de la población, afirma haberlo hecho. Hay un desconocimiento y falta de interés enorme sobre cómo están conformados los programas de desarrollo municipal donde se vive; debemos avanzar hacia la simplificación y democratización de estos instrumentos. Lo comento porque está muy ligado al tema de los asentamientos humanos en zonas de riesgo; la gente no se asienta en zonas de riesgo por gusto, sino por necesidad. Un porcentaje muy importante de mexicanos se asienta en zonas de riesgo porque no tienen otra opción, porque el Estado mexicano, entendiéndolo como el conjunto de instituciones de gobierno, no ha ofertado oportunidades a esta población.
Falta una política de uso de suelo en el ámbito nacional que entienda los grandes desbalances en materia de regularización, de plusvalía, de ordenamiento territorial. Un Estado fuerte entiende que el suelo también es un mecanismo de democratización, es un mecanismo de incentivo, de desarrollo, para lograr disminuir las grandes inequidades que existen en la sociedad; España es un ejemplo. Considero que hay una gran oportunidad en materia de suelo, para proveer suelo apto para urbanización. La cifra que tenemos es que cada año se suman 90 mil familias en el ambiente irregular, y muchas de éstas terminan asentándose en zonas de riesgo. Aspiro a que como Estado podamos proveer suelo adecuado para estas familias.
IC: En el marco de la autoconstrucción, ¿qué medidas están tomando en torno a la garantía de seguridad estructural de las viviendas?
RMF: En materia de seguridad, en los programas que estamos impulsando –sobre todo en la parte en que colabora con nosotros la Comisión Nacional de Vivienda–, todo asistente técnico que haya trabajado con nosotros tiene que poseer las características mínimas de conocimiento; es personal calificado con título universitario que sustenta poseer el conocimiento.
Como Estado necesitamos reconocer que la realidad de la vivienda en México es que la mayoría de las familias construye sus propias viviendas; para mejorarlas necesitamos crear las herramientas que acompañen su proceso de construcción de acuerdo con lo que necesiten hacer a su casa. En el caso de la estrategia de autoconstrucción, se están creando guías y plataformas para hacerlo.
En 2020 ya se les ofrece a las familias la posibilidad de mejorar o ampliar su vivienda, y se les provee asesoría técnica.
IC: ¿Cómo evitar la invasión de terrenos habitacionales y edificios?
RMF: Es una pregunta de respuesta compleja y que no solamente corresponde al gobierno local, estatal o federal, sino a las propias dinámicas de las ciudades. Zonas urbanas se pueden vaciar por motivos económicos, de seguridad pública, de poca o nula eficiencia de servicios básicos, de transporte… ¿qué se puede hacer?, yo pienso que ubicar la vivienda en mejores lugares. Podemos decir que la ubicación es un factor que puede determinar la permanencia y la vida cotidiana en una zona que esté bien conectada.
IC: ¿Cuáles son los criterios para priorizar en qué zonas invierte el programa de mejoramiento urbano?
RMF: Altos índices de hacinamiento en materia de vivienda, falta de servicios básicos y de equipamiento e índices de inseguridad. Son estos cuatro criterios que consideramos para poder determinar qué colonias son las más susceptibles a recibir este apoyo.
IC: La Sedatu ahora licita directamente. ¿Se conformó un equipo nuevo, o se fortalece en los distintos temas a través de departamentos de proyectos, costos, contratos, jurídico? ¿Cómo se ha dado la adaptación al interior de la Sedatu para cumplir con esta nueva forma de operar?
RMF: La reestructura de la secretaría fue amplia, casi completa; no se quedó ni una sola estructura que antes hubiera operado. Prácticamente toda la gente de confianza y de direcciones generales se retiró, todo el personal es nuevo en esta administración y se reestructuró gran parte de las direcciones generales, porque antes la Sedatu no podía hacer obra pública y por ello no tenía departamento de proyectos, un área de supervisión o de costos, y las áreas de licitación eran muy reducidas, por lo cual en un 70% se reestructuró la parte operativa.
IC: En la nueva estrategia de créditos directos a beneficiarios, principalmente en el rubro de la vivienda, ¿se tomaron en cuenta experiencias anteriores de otras administraciones?, porque algunas lo intentaron y no funcionó.
RMF: Sí tomamos como base ciertos programas que analizamos, no solamente de administraciones anteriores sino desde la conformación de instituciones como Infonavit, Fovissste, Fonapo, la Comisión Nacional de Vivienda, que es más nueva, y lo que hemos visto es que gran parte de la política nacional de vivienda se enfocaba en la adquisición de vivienda nueva, y muchas de las responsabilidades de la buena ubicación, la dotación de servicios, se atribuía casi de forma directa al municipio, y éste no tenía la capacidad de asumir la responsabilidad que conlleva otorgar estos permisos de construcción. Con base en la información que tenemos del Plan Nacional de Vivienda, donde se documenta que la mayor parte del déficit en viviendas se puede enfrentar con la oportunidad de mejoramientos o ampliaciones, creemos firmemente que nuestra política es la correcta.
IC: ¿Qué medidas han puesto en acción para mitigar o eliminar la corrupción y la impunidad?
RMF: El primer filtro que pusimos es el tipo de personal que se invitó a colaborar en la secretaría; conformamos equipos con un perfil técnico, y la gran mayoría del personal que laboraba aquí no tenía ese perfil.
Por otro lado, ahora que tenemos la facultad de controlar los procesos de punta a punta, desde el diseño hasta la entrega y posterior seguimiento a los municipios en el adecuado uso de estos equipamientos y espacios, mucha información está disponible en la web. En la propia página de la secretaría subimos toda la información sobre los procesos de licitación, las convocatorias, los montos de adjudicaciones y fallos, los proyectos; posteriormente, conforme los espacios públicos y equipamientos empiecen a tener mayor uso, también informaremos a la ciudadanía de cómo se están utilizando los equipamientos que entregamos.
IC: ¿Cómo se coordina la Sedatu con los estados y municipios en temas de ordenamiento territorial?
RMF: En materia de ordenamiento territorial tenemos ventanilla abierta y comunicación constante con todos los órdenes de gobierno, estatales y municipales, si es que requieren o tienen dudas respecto al mejoramiento en sus cuerpos técnicos, nuevo uso de plataformas, actualización de sus programas de desarrollo urbano municipales. La interacción es amplia en todos los aspectos, desde la política de vivienda pasando por la política metropolitana, hasta el desarrollo territorial.
Por otro lado, tenemos el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), que apoya a los municipios para que puedan actualizar sus programas de desarrollo urbano y que va muy de la mano con el programa de mejoramiento urbano, donde también nos estamos asegurando de que estos órdenes de gobierno tengan actualizados sus instrumentos de planeación. De la misma manera, tenemos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación, que mantiene un estrecho vínculo con los gobiernos municipales, con la finalidad de que podamos –vía la plataforma y cursos de capacitación– sensibilizar y volver a revisar los lineamientos y la forma de seguimiento que el municipio tiene que llevar a cabo en lo que corresponde a ordenamiento territorial.
IC: ¿Cómo cambiaron las estrategias o se ajustaron al periodo de la pandemia, y cómo afectan a los programas que ya existen en la secretaría?
RMF: La pandemia no ha afectado ninguno de los programas prioritarios; nosotros seguimos operando con la misma lógica con la que veníamos operando desde antes. Simplemente, los equipos técnicos que nos apoyan en campo cumplen con protocolos de salud mucho más estrictos.
