19 junio, 2024 6:15 pm

Invertir para mejorar el manejo del agua

Entrevista a Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.


En el grupo de abogados y técnicos que trabajan en el proyecto de Ley de Aguas Nacionales hay coincidencia en que deben determinarse mecanismos para que el presupuesto se incremente. Tal vez no establecer montos, y sí ciertos indicadores a partir de lo que señalan los organismos internacionales, o al menos disponiendo que el presupuesto cada año debe ser mayor al anterior, o que debe incrementarse con base en la demanda.

El tema de la Ley de Aguas Nacionales lleva años, y los actores que intervienen en el debate que genera son muchos, tanto del sector social como del gubernamental, el académico, el empresarial y los organismos responsables de la gestión del recurso, entre otros. Le preguntamos al diputado Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, su opinión sobre el papel que están desempeñando.

Resulta prácticamente imposible determinar la magnitud de cada actor. Todos son importantes y están contribuyendo a este trabajo en los foros y en las reuniones del grupo de abogados, juristas y técnicos para la construcción de la iniciativa, cada quien planteando desde su vocación lo que considera adecuado.

¿Cuáles son los principales puntos de divergencia y cuáles los de convergencia, resultado del proceso de debate, especialmente en el marco de los foros regionales que el Poder Legislativo organizó a lo largo y ancho del país?

La mayoría coincide en que debe haber mayor presupuesto para la Conagua, que debemos racionalizar el uso del agua, que deben utilizarse las tecnologías de vanguardia, tratar el agua para reusarla y aplicar todos los instrumentos efectivos según las zonas, como la captación de agua de lluvia.

Hay divergencias respecto a la conveniencia de darles autoridad y autonomía a los pueblos originarios. En la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento coincidimos en que se les debe tomar en cuenta, y debe valorarse qué tipo de autoridad y responsabilidad podría planteárseles. Otro tema polémico es el fracking. También la discusión se da en torno al uso industrial del agua, particularmente cuando se trata de grandes volúmenes como el que requieren los sectores cervecero y refresquero. En estos casos, obviamente no se puede dejar de utilizar, aunque estamos trabajando sobre la reglamentación adecuada para dicho uso; lo mismo sucede con respecto a otros usos industriales que implican la disposición del agua, con la calidad necesaria, una vez utilizada.

¿La privatización es tema de divergencia o convergencia?

Hay coincidencia en que el recurso y los servicios que implica no deben ser privatizados. Nadie impulsa esta opción.

¿Qué se entiende por privatización cuando se plantea el tema en un debate?, porque una cosa es entregar el recurso o sus servicios a un particular para que actúe con independencia y autoridad frente a la población sin la participación del Estado, como si el recurso y el producto fuesen propiedad privada, pero otra muy distinta es que el Estado, manteniendo la rectoría del recurso y los servicios que implica, contrate a empresas privadas para que ejecuten una obra o servicio reportando a la autoridad.

Sin duda hay poca claridad al respecto. En la comisión legislativa que presido consideramos que puede participar la iniciativa privada invirtiendo en obra pública y servicios. En nuestra opinión, debe quedar claro que el recurso agua y los servicios relacionados con ella no deben privatizarse, pero que cada autoridad estatal y municipal tendrá la autoridad y responsabilidad de contratar a la iniciativa privada para ejecutar obras o servicios, sin que el Estado pierda la potestad sobre el sector.

El concepto de derecho humano al agua parece incuestionable; sin embargo, también es motivo de amplio debate su definición. Hay quienes sostienen, en un extremo, que el acceso al agua es un derecho humano para todos los habitantes y que, como está en la naturaleza, no debería tener un costo para el ciudadano. En el otro extremo se hallan quienes tienen una visión mercantilista y consideran que no debe ser gratuita. ¿No es necesario distinguir entre el derecho humano al acceso al agua y el hecho de que ese acceso tenga un costo –según los casos– cuando requiere infraestructura muy costosa para hacerla llegar al usuario? Por otro lado, ¿no resulta indispensable distinguir entre el acceso al agua como derecho humano para el aseo personal, para lavar alimentos, y el uso mercantil cuando se requiere para llenar una alberca, o el uso comercial en restaurantes, industrias…?

En la comisión legislativa que presido consideramos que puede participar la iniciativa privada invirtiendo en obra pública y servicios. En nuestra opinión, debe quedar claro que el recurso agua y los servicios relacionados con ella no deben privatizarse, pero que cada autoridad estatal y municipal tendrá la autoridad y responsabilidad de contratar a la iniciativa privada para ejecutar obras o servicios, sin que el Estado pierda la potestad sobre el sector.

El artículo 4° constitucional dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” Se entiende que el agua no se cobra ni se cobrará en cualquier proyecto actual o futuro, y que el pago es por el servicio que brinda el municipio al llevarla hasta cada casa habitación.

¿Se planteó en algún momento reglamentar el artículo 115 constitucional respecto a qué toma de decisiones en cuáles niveles de gobierno?

Sí lo ha considerado el grupo de abogados y técnicos que trabajan en lo que involucra a los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución. No en la modificación de los artículos; en el proyecto de ley se va a integrar lo que se establece en cada uno de ellos.

Según datos oficiales, el sector energético –excluyendo las presas– ocupa el 4% del recurso hídrico; la industria autoabastecida de agua el 5%; el abastecimiento público o consumo humano de los habitantes consume un 15%, y la agricultura utiliza el 76%. ¿Está contemplado en la ley modificar esta relación, particularmente en el caso de la agricultura, que es donde se denuncia un uso absolutamente ineficiente?

En todos los usos del agua una prioridad es cuidarla y racionalizarla. En el caso exclusivo del agua para la agricultura, se plantea la necesidad de invertir para mejorar tecnologías que permitan racionalizar su consumo.

Hablando de inversión, organismos internacionales recomiendan que se invierta en agua el 0.3% del PIB, que en el caso de México equivale a unos 85 mil millones de pesos anuales para la Comisión Nacional del Agua. No obstante, al día de hoy cuenta con 23 mil millones de pesos, una cantidad bastante menor a la necesaria según tal estándar. Sumado a ello, en 2017 hubo una reducción al sector agua cercana al 70%, y eso se ha mantenido, incluso se ha reducido en alguna medida con el gobierno actual. ¿Se contempla en el proyecto de ley establecer condiciones de montos presupuestales?

En el grupo de abogados y técnicos que trabajan en el proyecto de ley hay coincidencia en que deben determinarse mecanismos para que el presupuesto se incremente. Tal vez no establecer montos, y sí ciertos indicadores a partir de lo que señalan los organismos internacionales, o al menos disponiendo que el presupuesto cada año debe ser mayor al anterior, o que debe incrementarse con base en la demanda. Considero que es un buen referente el indicador de los organismos internacionales. Desde la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento hemos hecho gestiones para que cada año aumente el presupuesto.

En 2018 recibimos la propuesta del gobierno federal para la Conagua por 19,227 millones de pesos. Nuestra propuesta era que al menos llegara a 52 mil millones, el mismo monto que en 2014. Al final quedó en 23,727 millones. La propuesta para 2020 fue de aproximadamente 22,750 millones; apenas se logró un aumento de 200 millones respecto a la propuesta del gobierno federal.

Nosotros planteamos el criterio de los organismos internacionales, y además, con base en los intercambios que tuvimos con los responsables de la gestión del recurso durante el recorrido que hicimos por todo el país, planteamos que la Conagua debería contar en 2020 con un presupuesto de 90 mil millones de pesos.

La diferencia entre lo que ustedes plantean, 90 mil millones de pesos, y los 23 mil millones de pesos que se terminaron aprobando es mayúscula. La pregunta obligada es: ¿cuáles han sido los argumentos del Poder Ejecutivo?

La respuesta por oficio del Ejecutivo federal cuando hicimos llegar el planteamiento de los 90 mil millones de pesos fue que la Conagua establecía el monto en la iniciativa: los 22,750 mil millones de pesos.

¿Cuál es su evaluación de los foros?

Muy buena. Llevamos a cabo al menos un foro en la mayoría de los estados, y en tres o cuatro hicimos dos.

La convocatoria fue amplia y abierta; se recogieron todos los planteamientos y se procesaron; con base en ellos, el equipo de abogados y técnicos está trabajando el documento de la propuesta. Hubo foros con más de mil asistentes, los hubo en universidades, en plazas públicas…

Se han dado casos en que organismos de gestión del agua están dirigidos por personas ajenas al sector. Ocurre que cuando alguien asume la gestión no termina de adquirir conocimientos y experiencia cuando ya lo están reemplazando por alguien que ni idea tiene del tema. ¿Se abordó en los foros y se planteará en el proyecto de ley el asunto de la profesionalización y de los plazos de permanencia para que dependa de la capacidad demostrada?

Sí. También la ciudadanización. Consideramos que la nueva ley debe contemplar que los organismos sean colegiados y que los integrantes deben permanecer en sus puestos mientras den un buen servicio, mientras den resultados, los años que sean necesarios.

Tres temas finales. Uno: ¿cuál es la estructura base del proyecto, los capítulos?

Además del título primero, que establece los principios y disposiciones generales, contiene nueve títulos más y dos transitorios que se refieren a los lineamientos constitucionales –esencialmente los derechos a una vida digna, alimentación, salud, etc.– y al contexto nacional: desigualdades de género y económicas, corrupción, inseguridad, degradación de los ecosistemas, entre varios otros.

Los títulos son: Jurisdicción y regulación de las aguas del territorio nacional; Derecho humano al agua y al saneamiento; Gobernanza democrática del agua; Política, planeación y programación hídrica; Administración y usos de las aguas; Prestación de servicios públicos de agua y saneamiento; Sostenibilidad hídrica; Inspección, vigilancia, medidas de seguridad, infracciones y sanciones, y Acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y procuración de la justicia.

¿En cuál etapa del proceso de elaboración del borrador final de la propuesta de ley están ahora?

Ya casi concluimos la serie de foros. Vamos a realizar uno que ha quedado pendiente, en Sinaloa. El foro nacional para exponer las conclusiones se concretó el 26 de febrero en la Ciudad de México. El trabajo de la iniciativa con todas estas conclusiones ya está en proceso, con más de 50 técnicos y juristas, integrantes de todas las organizaciones de la sociedad civil que están participando en la elaboración de la iniciativa.

Consideramos que vamos a tener lista la iniciativa para presentarla ante el pleno, después de dictaminarla en la comisión, en el mes de septiembre, al comenzar el siguiente periodo legislativo.

Llevamos a cabo al menos un foro en la mayoría de los estados, y en tres o cuatro hicimos dos foros. La convocatoria fue amplia y abierta; se recogieron todos los planteamientos y se procesaron; con base en ellos, el equipo de abogados y técnicos está trabajando el documento de la propuesta. Hubo foros con más de mil asistentes, los hubo en universidades, en plazas públicas…

Seguramente se nos presentarán otras iniciativas, como la que llegó hace unos días a la Cámara de Diputados procedente de la organización ciudadana Agua para Todos. Todas las vamos a revisar, para integrar una sola que sea dictaminada.

¿Ustedes pueden considerar todas las que lleguen, pero es una la que se va a presentar?

Sí. Sólo podemos presentar una, que puede ser resultado de considerar varias.

¿Qué opinión tiene sobre la difusión de las ideas básicas que ofrece el gobierno de este proyecto de ley? ¿Se ha difundido en la sociedad con claridad qué es lo que pretende el gobierno con esta iniciativa?

Considero que el Ejecutivo federal no ha hecho una difusión porque está en manos del Legislativo. La comisión es la que debe construir esa Ley General de Aguas. Está obligada; así lo establece el artículo 4º constitucional para garantizar que se establezca el derecho humano. Los integrantes de esta comisión somos los que hemos hecho el trabajo, quienes la hemos difundido. Ya está trabajando el equipo de abogados y técnicos, personal jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; ya se integró también personal de la Conagua, en todo el proceso nos acompañó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)…

¿También participan organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH)?

Sí. La AMH, ANEAS y otras organizaciones de diferentes extractos sociales como el académico, representado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el IMTA, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Universidad de Guadalajara, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM o la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. También pueden mencionarse otras organizaciones sociales como Cántaro Azul, Agua para Todos, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros; de igual manera, el sector empresarial se encuentra participando por medio de diversos actores como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, entre otros varios actores que nos han acompañado y siguen aportando para la construcción de esta iniciativa.

Concluyo señalando que hoy tenemos en las manos una oportunidad de construir este instrumento legislativo y jurídico que verá por las necesidades de la población en la realidad actual, y que esta es la iniciativa más consensada, incluyente, participativa, difundida y metodológica en su carácter de parlamento abierto. Por lo tanto, considero que no tendrá mayor problema para su construcción, dictaminación y aprobación en la Cámara de Diputados.

Entrevista de Daniel N. Moser

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