César Octavio Ramos Valdés Ingeniero civil con especialidad en Ingeniería Hidráulica. Con amplia trayectoria en el servicio público, fue subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola en la SARH; en la Conagua fue también director de proyecto de la presa Huites, entre otros. Miembro emérito del CICM.
El agua debe concebirse como un bien social, económico y ambiental, un recurso vital para el desarrollo; ocupa un lugar cada vez más prominente en las agendas mundial y nacional. La preservación y el uso sustentable de este bien común se considera un objetivo inaplazable para lograr la equidad en su distribución a los distintos grupos de usuarios, en particular a los más vulnerables, en las áreas rurales, zonas indígenas y regiones más afectadas por adversidades climáticas.
Para lograr atender los diferentes usos del agua, primordialmente el público urbano, sin afectar otros como la producción de los alimentos para satisfacer a la población presente y futura, o las industrias agropecuaria y manufacturera, que generan los empleos necesarios para el desarrollo del país, es necesario usarla en forma eficiente.
Como es por todos sabido, México es vulnerable a la sequía por su ubicación geográfica. Un 66% del territorio es desértico o semidesértico, ya que se encuentra ubicado en la franja cuya latitud corresponde a los grandes desiertos del mundo (véase figura 1).
Dos terceras partes del territorio mexicano se ubican en zonas en las que, como consecuencia de la circulación natural de las masas atmosféricas y oceánicas, se ha presentado históricamente una escasa precipitación y altas temperaturas, que definen a su clima como árido o semiárido.
Disponibilidad nacional de agua
En México, según la Semarnat (2017), el volumen de agua per cápita ha disminuido a medida que se incrementa la población; en 67 años (1950-2017) se redujo en alrededor de 79%, al pasar de 17,742 a 3,656 m3/hab, y seguirá reduciéndose. Para el año 2030 podría ser 10.1% menor respecto a 2017, pasando a 3,285 m3/hab, no solo por el crecimiento poblacional, sino también por el importante desperdicio, entre otros factores.
Para corregir esta situación se requiere una planeación eficaz, diseñar políticas y estrategias públicas, proyectar infraestructura, dar prioridad al sector agua en el gasto público y ofrecer soluciones a la sociedad para que, además de resolverse los problemas, se atienda la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Requerimos una planeación participativa, aterrizada en el plano territorial –que en el caso del agua deben ser las cuencas hidrológicas– y diferenciada de acuerdo con las condiciones agroclimatológicas de cada región y microrregión del país.
La disponibilidad nacional de agua es suficiente para sostener una producción agrícola que conduzca a la seguridad alimentaria; sin embargo, el agua no siempre está en el lugar donde se necesita, con la distribución temporal para satisfacer las etapas fenológicas de los cultivos ni con la calidad requerida (véase figura 2). Una realidad es que en buena parte del territorio nacional existe una mayor demanda de agua por el crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático, que repercuten en la cantidad, la estacionalidad y la calidad del agua; en este contexto, reviste una enorme importancia aumentar la eficiencia en el uso agrícola. A pesar de ello, en esas regiones se lleva a cabo la mayor parte de la labor industrial, comercial y de servicios, e incluso la actividad agropecuaria, que es la que utiliza aproximadamente el 76% del agua superficial y subterránea disponible.
La superficie física bajo riego es de 7.33 millones de hectáreas, de las cuales, 3.3 millones de hectáreas corresponden a distritos de riego; 4.03 millones de hectáreas a unidades de riego, y 2.83 a distritos de temporal tecnificado. La superficie sembrada bajo riego en el año agrícola pasado fue de 6.4 millones de hectáreas, de las cuales 2.9 corresponden a distritos de riego y 3.5 a unidades de riego, además de 1.8 a temporal tecnificado (véase figura 3). En esta superficie se produce aproximadamente el 70% de los alimentos que la población consume. Se han dejado de sembrar aproximadamente 2 millones de hectáreas por diferentes causas, como son: salinidad, superficie ociosa, baja rentabilidad, inseguridad en el campo, etcétera.
En los últimos años las sequías se presentan con mayor frecuencia y duración, por lo que se hace necesario implementar estrategias preventivas ante una baja disponibilidad hídrica.
En el periodo 1992-2007 se presentó en la parte mexicana de la cuenca del río Bravo una sequía que originó el incumplimiento de la entrega de agua de nuestro país a Estados Unidos en los ciclos 25, 26 y 27 de la contabilidad establecida en el Tratado de 1944, además de que al Distrito de Riego 025, Bajo Río Bravo, Tamaulipas, no se le autorizó agua en los periodos 2000-2001 y 2001-2002. En 2009 ocurrió la peor sequía en 60 años y 2010 fue el año más lluvioso del que se tenga registro; en 2011 hubo intensas y atípicas heladas, así como menor precipitación pluvial.
Las sequías se seguirán presentando en las cuencas, por lo que será necesario tomar las medidas preventivas para su atención.
Problemática Entre los principales problemas que afronta el sector hídrico se pueden citar los siguientes:
- La variable disponibilidad de agua en el territorio nacional.
- La dinámica poblacional de los últimos años.
- El desarrollo de las actividades económicas.
- Poca planeación de los asentamientos urbanos.
- Degradación de las cuencas por la contaminación de los cuerpos de agua.
- Sobreexplotación de los ríos, lagos y acuíferos.
- Ausencia de una política pública que garantice la seguridad alimentaria (García y Collado, 2015).
- Deforestación de las partes altas de las cuencas, los humedales y las lagunas costeras.
- Falta de consensos para adecuar el marco jurídico de la administración y la prestación de los servicios de agua a las nuevas circunstancias y demandas.
- Efectos del cambio climático, que se reflejan en sequías e inundaciones con mayor intensidad, frecuencia o duración en ciertas regiones del país.
Esta problemática hace evidente la necesidad de un manejo del agua que garantice su sostenibilidad y la soberanía alimentaria en el corto, mediano y largo plazos, a fin de satisfacer las demandas de agua y alimentos de la población actual sin comprometer a las futuras, así como para el suministro agropecuario e industrial.
Objetivos
Ante un escenario de baja disponibilidad hídrica en los distritos y unidades de riego del país, se hace necesario diseñar estrategias e implementar acciones que permitan reducir el impacto social y económico, así como las consecuencias en la producción alimentaria, y reducir la posibilidad de conflictos por el déficit de agua.
El sector agropecuario, como se ha mencionado, es el que más la usa y la consume. Pero incluso en las áreas con recursos hídricos limitados o erráticos, la optimización de su uso puede hacer que la productividad y la producción agropecuaria se incrementen de manera notable.
Estrategias y acciones a implementar
De lo hasta aquí planteado se desprende la importancia de fomentar e incrementar la tecnificación de las superficies que actualmente se encuentran bajo riego; esto y la implementación de cultivos resistentes a la sequía y que consuman menos agua permitirá disminuir el consumo del líquido en estas áreas. La rotación de cultivos también contribuirá a incrementar la productividad.
Las siguientes son algunas propuestas para hacer más eficiente el uso del agua con fines agrícolas, y podrán enriquecerse con otras.
Elaborar un proceso de planeación hídrica. Es necesario que nuestro país cuente con planes de ordenamiento territorial que consideren a la disponibilidad de agua como un elemento clave en su desarrollo; esto contribuirá a preservar las fuentes de abastecimiento de agua actualmente disponibles, entre otros beneficios. Para hacer un manejo sustentable del agua en las cuencas compartidas, se requiere:
- Mayor intercambio de información para tener un conocimiento más preciso de la situación física actual de las cuencas; es necesario actualizar los coeficientes de escurrimiento ante su degradación por las actividades humanas.
- Atención a los problemas de calidad de agua y el medio ambiente.
- Aplicación de estrategias y acciones para el control de avenidas y azolves, así como la conservación de cauces.
Para atender el crecimiento de la demanda de alimentos, México debe avanzar en dos campos: a) aumentar la productividad por unidad de tierra y b) aumentar la superficie cultivada, con una relación promedio de 70/30 entre estos dos caminos, es decir, el 70% por aumento de productividad y el 30% través del aumento de la tierra cultivable.
Es de destacarse que el planteamiento no es deforestar territorio. Se considera una ampliación de la superficie cultivada de un millón de hectáreas en cinco sexenios: 200,000 por sexenio, gran parte de lo cual se puede lograr transformando tierras de temporal tecnificado en tierras de riego, mientras otra parte sería de temporal: es el caso de Campeche, Tabasco y Chiapas, entre otros estados.
A mediano plazo, el país requerirá el aprovechamiento racional del agua disponible para riego. Se considera que existen condiciones para expandir la superficie bajo riego en alrededor de 8.3 millones de hectáreas, fundamentalmente en el sur-sureste, así como en otros estados del país con abundancia de agua, y las tierras de temporal tecnificado en otro medio millón (parte de esta última superficie pasaría a formar parte de la meta de riego).
Para llevar a cabo una eficiente planeación de estas obras de infraestructura se propone un enfoque de cuencas y subcuencas hidrológicas, ya que será la disponibilidad de los recursos agua y suelo el criterio fundamental en la determinación de la prioridad y viabilidad del desarrollo de los proyectos.
Adicionalmente, se deberá contar con una cartera amplia de nuevos proyectos, para lo cual se propone:
- Priorizar la realización de estudios que definan la factibilidad de los proyectos e identifique las inversiones necesarias y la elaboración de proyectos ejecutivos.
- Dar prioridad a proyectos ubicados en regiones con adecuada disponibilidad de agua y con menor desarrollo relativo, como es el caso del sur-sureste.
La población mexicana crecerá del orden del 22% hacia el año 2050, y para satisfacer la demanda alimentaria será necesario maximizar las proporciones entre superficie sembrada y cultivable, y entre superficie cosechada y sembrada. Se sugiere desarrollarlos en un horizonte de 30 años, para lo cual será necesario incorporar al riego unas 200 mil hectáreas por sexenio, lo que implica, en promedio, asignaciones presupuestales anuales del orden de los 12.6 mil millones de pesos.
Deberán integrarse en la planeación otras obras complementarias de infraestructura, como almacenamiento de las cosechas (bodegas, silos, almacenes de granos, etc.) y de transporte, como son los caminos, puentes y otras estructuras menores, así como incentivar el establecimiento de agroindustria y empresas comercializadoras que apoyen un desarrollo sustentable. Deberán incluirse otras acciones e infraestructuras para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en materia de educación, salud y bienestar en general.
Definir la política óptima de operación de las presas y de otras fuentes de abastecimiento en los distritos y unidades de riego y de temporal tecnificado considerando el agua tanto para la agricultura como para los demás usos.
Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología, así como la capacitación técnica y administrativa y el acompañamiento empresarial. Esta investigación deberá encaminarse hacia la producción de semillas que requieran menos consumo de agua y sean más resistentes a los cambios climáticos.
Una vez analizados y aprobados por las autoridades en los comités hidráulicos de cada distrito de riego los planes de riego correspondientes, dar seguimiento a las extracciones de las presas y otras fuentes de abastecimiento de acuerdo con los volúmenes concesionados.
Fomentar e implementar el uso de aguas residuales tratadas a través del intercambio de aguas blancas por aguas tratadas que puedan utilizarse, de acuerdo con la NOM mexicana, para la agricultura de riego en cultivos resistentes a estas.
Deberá implementarse una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno y los usuarios de los distritos y unidades de riego para establecer las estrategias que más convengan en los aspectos técnicos, sociales y económicos.
Un aspecto muy importante es la seguridad física en el campo, para que los productores desarrollen sus labores con mayor eficiencia.
En cada región, entidad federativa y distritos y unidades de riego deberá definirse qué tipo de acciones se pueden implementar en función de la disponibilidad de agua, de sus fuentes de abastecimiento, el estado físico de la infraestructura hidroagrícola, el nivel tecnológico y organización de los usuarios, la disponibilidad presupuestal y las experiencias que se hayan generado localmente en otros periodos de baja disponibilidad de agua.
Para realizar lo anterior se requiere una gran inversión, lo cual representa un enorme reto. Por ello será necesario aplicar esquemas de financiamiento adecuados que incluyan mezcla de recursos fiscales, estatales, municipales y de los productores; probablemente habrá que recurrir a financiamientos internos y externos para cubrir la totalidad de las necesidades de recursos.
Por lo anterior, será indispensable una coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales y las organizaciones de usuarios para desarrollar modelos de producción que aseguren una mayor competitividad en el contexto nacional e internacional, y aprovechar la posición estratégica del país frente al mercado global.
Finalmente, se visualiza un campo en cuyas cuencas hidrológicas se actúe íntegramente: desde las partes altas, con programas de reforestación exitosos, con actividades agropecuarias y tecnologías amigables con la naturaleza, evitando la sobreexplotación de nuestros acuíferos y el desperdicio del agua.
Conclusión
El agua es un derecho humano, y no un bien económico. Por lo tanto, es materia del Estado, lo que implica necesariamente la participación de las autoridades federales, estatales y municipales, de la sociedad en su conjunto y de los profesionales ligados al sector agropecuario. Es una gran oportunidad para que el Colegio de Ingenieros Civiles de México participe de manera importante en todo el proceso de planeación y elaboración de proyectos hidroagrícolas. Solo con la suma de esfuerzos, talentos, voluntades y recursos podrá garantizarse el abastecimiento de agua para las generaciones actuales y futuras, así como el desarrollo sustentable del país.
