Miguel Ricaño Escobar. Director de Fortalecimiento Institucional, Sacmex.
Después de las reformas al artículo 115 constitucional en 1983, los servicios de agua y drenaje pasaron a formar parte de las obligaciones municipales, con toda la complejidad técnica y los altos retos económicos que esto entraña. En esa oportunidad, las legislaturas locales emitieron disposiciones para crear los organismos públicos descentralizados, una de cuyas virtudes es que no están sujetos a los vaivenes de la política.
La mayoría de los organismos operadores de los servicios de agua y drenaje del país nacieron sin un patrón o modelo administrativo a seguir.
El abastecimiento de agua, la red de drenaje y el manejo de las aguas residuales generadas en las poblaciones que constituyen el territorio nacional son servicios fundamentales que el Estado mexicano tiene la obligación de otorgar, y sin embargo, los esquemas administrativos para su operación han obedecido a factores muy disímbolos.
En cierta etapa del desarrollo de la administración pública era la Secretaría de Salubridad y Asistencia la encargada de construir los sistemas hidráulicos. Posteriormente, la Secretaría de Recursos Hidráulicos construyó y operó sistemas para dotar agua potable a las poblaciones y las juntas federales de mejoras materiales fueron los organismos encargados de operar los servicios de agua y drenaje.
Pero ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, mucho menos los gobiernos municipales, contaban con una visión de largo plazo que proyectara a los organismos operadores del país en el espacio y en el tiempo. Desde luego que hay antecedentes de personajes que hicieron posible contar en su demarcación con un organismo operador eficiente que brindara servicio de buen nivel, pero estos eran casos de excepción y no el común denominador en el país.
Los organismos públicos descentralizados
¿Es la figura de organismo público descentralizado la más eficiente? Nadie puede asegurarlo; sin embargo, es el esquema que mejor ha funcionado para brindar el servicio de agua potable y drenaje, para alcanzar eficiencias y sostenerlas a pesar de los cambios cíclicos de los gobiernos estatales y municipales. No es que un organismo público descentralizado (OPD) cuente por sí con elementos y recursos para garantizar la prestación del servicio, pero una de las premisas para la eficiencia de un organismo operador es que sea ajeno a los compromisos políticos.
Los cambios legislativos y el caso de Veracruz
Después de las reformas al artículo 115 constitucional en 1983, cuyo objetivo fue el fortalecimiento del municipio, los servicios de agua y drenaje pasaron a formar parte de las obligaciones municipales; sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos no estaba en condiciones de hacer frente a esta responsabilidad, debido a la complejidad técnica y a los altos retos económicos que entrañaba; las legislaturas locales emitieron disposiciones para conformar los OPD, que en el caso de Veracruz se denominaron comisiones municipales de agua y saneamiento.
Entre finales del decenio de 1980 y principios de los noventa se hicieron varios intentos para instaurar estos organismos en los principales municipios, tales como Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Jalapa y Córdoba; para la conurbación de Veracruz se constituyó un ente público con características regionales que atendía los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín, Jamapa y Manlio Fabio Altamirano. No obstante estar previstas en la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Veracruz, ninguna comisión funcionaba y operaba de acuerdo con lo establecido, y la ausencia de fortalecimiento institucional era el aspecto que más perjudicaba su funcionamiento. A esta tarea se dedicó la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).
El objetivo de la Ley de Agua y Saneamiento era contar con un cuerpo colegiado en cuya representatividad estuviera garantizada la calidad, no la cantidad. La primera medida fue la creación formal de los órganos de gobierno del CEAS; sus consejos de administración, encargados de tomar las decisiones, se constituyeron de la siguiente manera: un representante del gobernador del estado, el presidente municipal, un representante de la CEAS, dos representantes de los usuarios, dos representantes de los sectores económicos más importantes en el municipio (petrolero, agrícola, ganadero, industrial, comercial, etc.) y un representante del sector salud. El portavoz de la CEAS tenía la misión de facilitar el debate y evitar que algún representante con fuerza social polarizara las sesiones.
Así pues, se constituyeron 34 consejos en los municipios más importantes de Veracruz. Entre las tareas fundamentales que se acometieron como producto de las primeras decisiones de estos órganos colegiados estuvieron el diagnóstico de servicio, la determinación de tarifas y las inversiones.
Un aspecto fundamental por vigilar era la situación financiera de los OPD, ya que en el diagnóstico se concluía que operaban con un fuerte déficit, que no tenían recursos para cubrir sus compromisos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que su contabilidad se llevaba de manera precaria.
Un aspecto fundamental por vigilar era la situación financiera de los organismos públicos descentralizados, ya que en el diagnóstico se concluía que operaban con un fuerte déficit, que no tenían recursos para cubrir sus compromisos con la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que su contabilidad se llevaba de manera precaria.
Luego de cuatro años de trabajo, el balance resultó altamente positivo; los principales sistemas de agua de Veracruz sanearon su situación financiera y alcanzaron eficiencias físicas y comerciales. La medida más trascendente fue el pago que el gobierno del estado realizó a Banobras de los fuertes créditos contratados.
A manera de reconocimiento, además, el gobierno del estado absorbió la deuda pública que los organismos tenían ante la SHCP y la CFE. Al llegar el cambio de administración, los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado presentaban avances significativos, trabajaban con números negros y se mantenía bajo control el aspecto social mediante la garantía de un buen servicio.
