En el sector agua debemos crear el sistema nacional tarifario para no tener organismos operadores que no logran tarifas siquiera para cubrir lo que les cuesta extraer el agua. Tenemos que crear un sistema de micromedición con un sistema tarifario que tenga un componente regional, porque no cuesta lo mismo sacar el agua en Tabasco que en Monterrey.
Rubén Gregorio Muñoz Álvarez Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Cámara de Diputados.
IC: ¿Cuál es la situación del sector agua en México hoy?
Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (RGMA): Con base en el diagnóstico que trabajamos en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, tenemos en el país un problema multifactorial del recurso. Primero, en el indicador de cobertura tenemos un extraordinario desafío, porque hay 21 millones de mexicanos que no cuentan con una red pública de agua potable, y 28.9 millones que no cuentan con una red de drenaje público.
IC: ¿Cuál es la dotación de agua establecida internacionalmente para cumplir con el derecho humano al agua, y cuál es la situación en México?
RGMA: No está definida de forma internacional, ni por la ONU, la cantidad de agua mínima necesaria, pero va de 50 a 100 litros por habitante al día. Independientemente de la cantidad, para garantizar el derecho humano al agua tenemos que resolver el importante desafío de la cobertura integral para dar agua suficiente, con calidad y con la frecuencia necesaria.
En el segundo indicador, que es el de la calidad de agua, tenemos un problema de gestión que hemos de resolver: de las 3,960 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en México (véase figura 1), hoy tenemos 1,330 plantas que están fuera de operación y 1,250 que no están tratando las aguas residuales con la norma elemental.
En cuanto a calidad de agua, hoy hemos llegado a que el 73% de los cuerpos de agua del país –me refiero a las aguas superficiales de ríos, lagunas y lagos– tiene un grave problema de contaminación que ya no puede seguir siendo tolerado. Ha llegado el momento de tomar medidas para que quien contamine el agua la descontamine y pague por esa descontaminación.
IC: Los organismos operadores se encuentran en una situación muy compleja, salvo algunas pocas excepciones. ¿Cómo atender esta situación?
RGMA: Es un tercer problema, el que tiene que ver con los organismos operadores de agua. En los 2,471 municipios del país hay poco más de 2 mil organismos operadores; de estos, hoy tenemos solamente 20 que funcionan con números negros, es decir, el 99% de los organismos operadores del país tiene problemas financieros, adeudos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, sin contar pasivos laborales, y no tienen los recursos necesarios para operar. ¿Qué necesitamos hacer?: fiscalizar el agua que no se cobra, tanto la potable que no se paga como las aguas residuales que no son fiscalizadas.
Un cuarto problema lo tenemos en la ausencia de presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica nacional. Del total de presas que tiene México, por ejemplo, 210 requieren mantenimiento preventivo urgente, tanto trabajos de desazolve como incremento de las cortinas y los aforos (véase figura 2); pero no hemos destinado los 4,500 millones de pesos que debemos destinar anualmente durante los próximos cinco años para poder cuidar la infraestructura existente y garantizar que tengamos agua suficiente para la producción de alimentos y para la población.
Finalmente, a los problemas que estamos presentando se suma un gran reto en cuanto al agua de uso agrícola en México, que consume el 76% del recurso en el país: necesitamos tecnificar el campo mexicano, entubar los grandes canales de agua que tienen problemas de evaporación, porque no es posible que sigamos perdiendo más del 65% del agua que se destina a la agricultura por malas prácticas. Seguimos sembrando a riego rodado porque no hemos realizado la inversión para que el agua llegue a los campos agrícolas a través de acueductos y para tecnificar con sistemas de riego a prorrateo, con sistemas hidropónicos y con agricultura de alta tecnificación.
IC: Quisiera retomar dos de los primeros puntos que mencionó. Uno es la problemática de las plantas de tratamiento, que no es una situación nueva, tiene historia ¿A qué se atribuye?
RGMA: A tres problemas, principalmente. El primero es la carencia de recursos en los organismos operadores de agua, que, al no cobrar y al no fiscalizar el agua que deberían cobrar, al no tener sistemas de micromedición para la industria, el comercio, los servicios, tienen una eficiencia comercial que no llega ni siquiera al 40%. El segundo problema es que no hemos creado la obligatoriedad legal para que las aguas residuales bien tratadas puedan ser de uso obligatorio para el sector de la construcción y la minería. Lo tercero: necesitamos producir alimentos con aguas bien tratadas.
IC: Existen las plantas de tratamiento del agua, y da la impresión de que se podría avanzar con eso, pero entiendo que también es un problema la falta de capacidad técnica profesional para manejarlas, ¿es correcto?
RGMA: Tenemos dos problemas: una infraestructura que le costó al país más de 500 mil millones de pesos –estas plantas de tratamiento que hoy están fuera de operación–. El otro tiene que ver con que ha llegado el momento de tener en los organismos operadores personal altamente calificado, de pensar en una suerte de servicio civil de carrera técnico, como ocurre en otras industrias.
IC: Entonces no es una cuestión sólo de recursos, sino también administrativa, de políticas de gestión con respecto a las plantas y en general al sistema.
RGMA: Por supuesto. El problema del agua es técnico, es de gobernanza, es de gestión del agua y también es financiero. Debemos crear el sistema nacional tarifario para no tener organismos operadores que no logran tarifas siquiera para cubrir lo que les cuesta extraer el agua, como ocurre ahora; tenemos que crear un sistema de micromedición con un modelo tarifario que tenga un componente regional, porque no cuesta lo mismo sacar el agua en Tabasco –donde el agua está en pozos de menos de 20 metros– que extraerla en Monterrey o en La Laguna –donde hay que perforar hasta 400 metros para poder tener agua potable–. Esto nos obliga a establecer el tema de las tarifas como mandato de ley en el ámbito federal, y no dejarlo –como ocurre hoy– al libre albedrío de la autoridad local.
IC: Parece haber una paradoja, en el sentido de que esos 20 organismos operadores que funcionan con números negros están en zonas donde la sequía predomina. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre esos 20 que funcionan con números negros y el resto que lo hace con números rojos?
RGMA: En primer lugar, los primeros tienen personal técnico calificado con una larga estancia en los organismos; la experiencia de capacitar, formar y mantener al personal en su responsabilidad es un factor que sí contribuye a la solución del problema.
Lo segundo es que son organismos que sí cobran el agua, porque sus parámetros de micromedición superan el 70%, es decir, se cobra el agua a los grandes usuarios que están asentados en las ciudades, que son los sectores industrial, comercial y de servicios. Son sistemas que además tienen distintos esquemas para la detección de fugas de agua potable, para determinar sistemas de estabilización de presión del agua urbana, y brindan servicios con un nivel óptimo de calidad al ciudadano.
Todos estos atributos son parte de las historias de éxito que queremos que se materialicen en el país, porque hay que recordar que solamente el 15% del agua-país es la que se destina al uso público urbano; en los 2,471 municipios que tiene México, el 75% del agua va para el sector hidroagrícola, el 10% va para la industria, el 5% a la cogeneración de energía hidroeléctrica y el 5% para la producción del sector industrial. Por lo tanto, eficientar los organismos operadores de agua nos resolvería la matriz más importante para garantizar el derecho humano al agua.
IC: Hay un tema que tiene que ver con esto: el cultural, en cuanto a la conciencia del valor que tienen los servicios de agua y el precio que deben tener, porque se da por hecho que el agua es gratis, pero el servicio de entregarla donde se debe tiene un costo, puesto que participa mucha infraestructura. ¿Qué se debe hacer para que eso funcione realmente?
RGMA: Tenemos que empezar a hablar hoy de una nueva cultura hidrosustentable en relación con el agua; debemos hablar de reeducar a los ciudadanos, para que sepan desde lo básico, que por cada minuto que se deja abierta la regadera se gastan 25 litros de agua. Es algo muy importante porque tiene que ver justamente con el derecho humano al agua, y cuando se habla de este derecho hay que determinar qué cantidad es la que vamos a establecer en la ley para la población; hay conjuntos urbanos, como la Ciudad de México, donde el consumo per cápita ronda los 350 litros de agua al día, y hay comunidades en el norte de México donde no llega a los 100 litros de agua al día, o 21 millones de mexicanos que no cuentan con una red de agua potable. Esas son las extraordinarias disparidades que hay en un país cuya carta magna registra el acceso al agua como un derecho de todos los mexicanos.
Por otro lado, hay una paradoja hídrica en México: mientras en el norte del país, donde se encuentra gran parte de la industria y hay mayor densidad poblacional el abasto de agua apenas llega al 33%, en el sur hay mayor cantidad de agua-país, menos población y se genera la menor proporción del PIB.
IC: ¿De qué manera preparar al sector agua potable ante la sequía?
RGMA: Uno de los grandes problemas que enfrentan los organismos operadores fuera de sus eficiencias administrativas y comerciales son sus pérdidas físicas, las cuales exacerban el problema de la sequía. Hemos detectado que, en promedio, más del 47% del agua que ingresa en las tuberías se pierde precisamente por este factor, a través de fugas y tuberías obsoletas (véase figura 3). Un factor adicional que ayudaría a tener un mejor servicio en las ciudades es la sectorización y la planeación estratégica de la distribución del agua, así como ecualizar la presión del agua en las tuberías, ya que en la mayoría de los casos esta distribución se hace al tanteo.
IC: Está también el asunto de los recursos económicos y el manejo financiero.
RGMA: Sin duda. Tenemos que plantear el tema de la inversión. Un dato comparativo: en 1989, cuando se creó la Conagua, México era un país de 80 millones de habitantes, y destinábamos 50 mil millones de pesos del presupuesto público a la realización de infraestructura que tenía que ver con el servicio tanto para el sector hidroagrícola como para el público urbano. En 2021, con 126 millones de mexicanos, el presupuesto de la Conagua apenas era de 23 mil millones de pesos.
IC: Esto me lleva a un debate relacionado con la participación empresarial en el sector hídrico. La discusión, a mi juicio, está viciada por prejuicios y por una confusión entre dos posturas: la participación privada sin que el Estado pierda el control del servicio y del recurso, y la privatización, que es cuando el Estado entrega a empresas el control del recurso y de los servicios. ¿Cuál es su opinión al respecto?
RGMA: El agua no puede ni debe privatizarse, pero los servicios del agua necesitan la participación del sector privado –manteniendo el Estado mexicano la rectoría del recurso–, porque no va a haber recursos suficientes del presupuesto público para resolver el problema.
Hoy tenemos que buscar soluciones dinámicas, donde participe el sector privado mediante los meca-nismos de asociaciones público-privadas para, por ejemplo, iniciar la reconversión de las plantas de tratamiento y que al agua se le pueda dar un segundo uso en el sector industrial y agropecuario, desde luego manteniendo el Estado mexicano la rectoría en el manejo de las concesiones de este tipo de agua.
Debemos explorar modelos de financiamiento internacionales, porque el tema del agua está ligado al de la seguridad alimentaria. Hoy tenemos que hablar de un nuevo concepto de seguridad hídrica y alimentaria, y para ello necesitamos recursos procedentes de fuentes diversas.
IC: Mencionaba hace un momento el proyecto de un acueducto que lleve agua del sur-sureste al norte del país. ¿En su lugar, o paralelamente, no habría que considerar que las industrias con uso intensivo de agua se ubiquen en las zonas donde abunda el agua?
RGMA: Francia es un buen ejemplo de ello. Todas las industrias que hacen uso y usufructo del agua en grandes cantidades están en los afluentes donde hay más cantidad de agua. En México esto significaría realizar una relocalización de muchas industrias, sobre todo refresqueras, cerveceras, embotelladoras de agua, donde tenemos agua en demasía, como es el sureste mexicano.
IC: Recientemente se anunció la incorporación de atribuciones y personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la Conagua, y se prometió que “se respetarán los derechos laborales de los trabajadores y las oficinas, laboratorios y demás instalaciones de estos organismos, que no tendrán cambio alguno”. ¿Qué impacto considera que tendrá este ajuste administrativo en la labor de ambos organismos?
RGMA: Estoy convencido de que en el IMTA, con sus más de 202 investigadores, existe una conciencia crítica y científica para aportar soluciones al problema del agua. En el fondo, me parece, lo que hay es una discusión sobre la manera en que se puede aprovechar este recurso técnico-científico. A mi entender, escudados en temas de protección sindical, se dejó de hacer mucha investigación y extensionismo, que era parte de la labor del IMTA; entiendo que la motivación que tiene la secretaría es aprovechar de mejor manera a los trabajadores del instituto para que, a partir de una nueva relación de trabajo, sigan siendo este gran acervo para beneficio de México.
IC: ¿Por qué una Ley General de Aguas y cuándo debe publicarse?
RGMA: El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia el 25 de enero de 2022 en la controversia constitucional número 56/2020 promovida por el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2022. En dicha resolución, se ordena al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones, en los términos que ahí mismo se establecen. Por ello, el Constituyente está obligado a emitir dicha ley en el presente periodo, que abarca del 1º de septiembre al 15 de diciembre; de lo contrario, estaría cayendo en una grave falta.
IC: ¿Qué hacer con la actual Ley de Aguas Nacionales?
RGMA: La actual Ley de Aguas Nacionales, como cualquier otro instrumento jurídico, es perfectible, y sin duda hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, la premura legislativa se centra en una ley que reglamente el artículo 4º constitucional.
IC: ¿Por qué reglamentaria solo del artículo 4º y no del 27?
RGMA: La sentencia de la corte es muy clara: lo que se requiere es reglamentar qué, cómo y quiénes serán los responsables de garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua, que es el tema central del artículo 4º en su párrafo sexto, mientras que el artículo 27 constitucional se centra en la rectoría de los bienes del Estado (en este caso el agua), lo cual no está en duda y no está contemplado en la sentencia de la corte.
